Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 109/2019
15 de junio de 2019
Todas las autoridades involucradas en el acceso a la justicia están obligadas a trabajar bajo el paradigma de la perspectiva de género, y en el caso de las judiciales, recae la obligación de juzgar sin discriminación, subrayó la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández.
Durante la proyección del documental Defensa ¿Legítima? –realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)-, explicó que la violencia estructural contra las mujeres es una forma de discriminación, producida y reproducida en todas las esferas sociales, políticas, económicas e institucionales; por ello hay que reconocer que existe un punto de partida diferenciado en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ponderó que Juezas, Jueces, Ministerios Públicos, abogadas y abogados deben eliminar del quehacer institucional prejuicios y lógicas de desigualdad que afecta el acceso a la justicia.
Nashieli Ramírez Hernández indicó que el 80% de las personas que en este país enfrentan la justicia lo hacen a través de defensores públicos, por lo que hay la necesidad de dignificar su labor.
“Necesitamos fortalecer el sistema, necesitamos reconocer lo que falta; pero igualmente reconocer que los pilares de esto es la Defensoría Pública”, sentenció.
En tanto, el Director General del Programa Promoviendo la Justicia de USAID, Alejandro Ponce de León, indicó que a nivel mundial, en el caso de mujeres víctimas de homicidio, más del 90% fallecieron en su hogar a manos de su pareja o de una persona conocida, de acuerdo con el estudio Cómo reducir los homicidios en un 50% en los próximos 30 años, elaborado por el Centro de Investigación de la Violencia del Instituto de Criminología Universidad de Cambridge.
Por este motivo, dijo, los Ministerios Públicos, peritos en criminalística y policías de investigación lo primero que deberían de indagar es la violencia y el contexto que hay detrás, cuando una mujer es imputada por homicidio, porque –subrayo- lo más probable es que hizo algo para defenderse.
La Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), María Elena Lugo del Castillo, reconoció la labor ejemplar del Poder Judicial de Coahuila en el documental, ya que invita a reflexionar sobre la aplicación de la perspectiva de género.
Señaló que no puede tener una visión aislada de los sucesos, se requiere mostrar el contexto y la concatenación de hechos, que decanta en la legítima defensa de las mujeres. La perspectiva de género debe aplicarse por parte de las y los impartidores de justicia de manera cotidiana.
La Directora General de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR), Silvia Marcela Arriaga Calderón, consideró muy completo el documental y reconoció la labor de las y los defensores públicos. Indicó que en muchas ocasiones no hay oportunidad de recabar todas las pruebas como fue en este caso.
El Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), Carlos Fraustro Martínez, destacó la importancia de la capacitación permanente en las instituciones en materia de perspectiva de género.
