Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 79/2019
7 de mayo de 2019
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, reconoció que existe una deuda social con las y los Defensores Públicos que desempeñan su labor pese a condiciones técnicas y materiales precarias y con sobre cargas de trabajo.
Durante su participación en el Foro “La Defensoría Pública en la Ciudad de México, un nuevo modelo de acceso a la justicia”, aseveró que si bien, la garantía de una defensa adecuada para la mayor parte de la población en México depende del actuar de las y los Defensores Públicos, esta es inadecuada e ineficaz por la sobrecarga y las condiciones técnicas y materiales precarias.
Subrayó que la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México representa la oportunidad para una profunda transformación de la Defensoría Pública que responda a las necesidades de defensa de las personas de la capital del país, para promover sociedades más igualitarias y garantizar su derecho de acceso a la justicia.
En el Foro realizado en el Ex Templo de Corpus Christi, a convocatoria del Congreso de la Ciudad de México, indicó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 80% de los juicios penales federales que se celebran en el país son asistidos por la Defensoría Pública.
En el caso de la Ciudad de México, apuntó, el porcentaje es de poco más del 70% de las personas privadas de libertad a las que les fue designado un Defensor de Público o de Oficio, por lo que urgió a reflexionar sobre la Defensoría Pública y la respectiva Ley que dará vida al Instituto encargado de conducirla y garantizarla, y que tendrá que estar lista en diciembre de este año.
Subrayó que la CDHDF emitió la Recomendación 16/2018, por la Violación al derecho a una defensa adecuada, dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como institución responsable de la Defensoría Pública en la Ciudad de México.
“En esta Recomendación convergen diferentes aristas de la problemática general de las Defensorías Públicas: la imposibilidad de solventar el gasto de su propia defensa; la omisión por parte del Estado de proporcionar una defensa adecuada (técnica y efectiva) y la incapacidad de impulsar la igualdad procesal para los acusados”, detalló.
Todo lo anterior, insistió, sumado a los casos de las Recomendaciones 04/2000, 12/2011, 10/2014 y 01/2016 y del Informe Especial sobre la Defensoría de Oficio del Distrito Federal (2006), que dan cuenta que, además de las cargas de trabajo, persiste la permanente y grave escasez de recursos materiales y de personal, deficientes condiciones laborales, falta de autonomía e independencia con respecto al Poder Ejecutivo y falta de capacitación del personal.
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