Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 95/2019
31 de mayo de 2019
La identidad ‘chilanga’ de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México está cultural e históricamente construida desde el trabajo en el espacio público, de quienes representan casi la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) en la capital, aseveró la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.
En el segundo día de trabajos del Foro: Los Derechos Humanos de las Personas Trabajadoras en el Espacio Público, apuntó que para esta Defensoría la construcción y resignificación del Espacio Público, como factor de gobernanza, pasa necesariamente por el ejercicio de derechos, como el Derecho a la Ciudad, el Derecho al Trabajo y el Derecho a la Cultura, entre otros.
Recordó que, en 2016, la CDHDF publicó el Informe Especial: El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos.
Ese documento, explicó, considera fundamental que se reconozcan y garanticen los derechos de las personas dedicadas al comercio informal en el espacio público, a través de políticas públicas basadas en el trabajo digno y que brinden Seguridad Social: “Esas políticas públicas no pueden ser ajenas a la participación de las y los trabajadores mal llamados informales”.
Insistió en la importancia de esta agenda en el quehacer de la CDHDF y explicó que, aunque la materia laboral es federal, la regulación de las condiciones sobre el trabajo en espacios públicos concierne mayoritariamente a las autoridades locales, como las Alcaldías y la Secretaría de Seguridad Ciudadana: “Además, el Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone garantías precisas para la protección y garantía del Derecho al Trabajo”.
Esta Comisión, agregó, con instituciones públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) nacionales e internacionales, la academia y de los colectivos de usuarios de espacios públicos, buscará avanzar en los pendientes registrados a través de las cinco Recomendaciones emitidas desde 2006, relacionadas con la violación a diversos derechos de las personas que trabajan en el empleo informal en el espacio público.
Señaló que, de enero de 2013 a abril de 2019, la CDHDF ha registrado 283 quejas por 498 menciones a derechos violados, en el marco de acciones para la reubicación o retiro de comerciantes, de las cuales 46% corresponden al Derecho a la Seguridad Jurídica; 14% al Derecho a la Integridad Personal (uso desproporcionado o indebido de la fuerza, agresiones simples), 10% al Derecho a la Libertad y Seguridad Personales (detenciones arbitrarias) y 8% a la violación al Derecho al Trabajo; 22% menciona otros derechos.
Por su parte, la Legisladora por el Partido Encuentro Social (PES) y Secretaria de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, María Rosete Sánchez, se refirió a la urgencia de dignificar el trabajo de más de 30 millones de personas que aportan 24% del Producto Interno Bruto (PIB) al país.
“Estas cifras no pueden seguir siendo ignoradas y desaprovechadas. México no está en condiciones de rechazar cualquier escenario que le traiga beneficios y que ayude a destensar las relaciones sociales que estamos viviendo por diversos factores económicos y políticos. Qué mejor para iniciar el camino hacia la transición, que la inclusión laboral de los trabajadores en el espacio público, y reconocer que esta actividad es un empleo lícito”, insistió.
Adelantó que el resultado de las reuniones con especialistas, funcionarios, académicos y líderes comerciantes se incluirán en una Iniciativa de Ley que dé certeza jurídica a este sector, así como a la exposición de motivos para una propuesta de Reforma al Artículo 5 Constitucional, para incluir la figura de “Trabajador en el Espacio Público”; y del Artículo 123, para que se incluya un Apartado C.
En tanto, la Consejera de la CDHDF, Tania Espinosa Sánchez, señaló que mundialmente hay una tendencia a considerar el espacio público como un bien productivo y multifuncional, pues se ocupa, entre otras cosas, para trabajar, por lo que la coexistencia de actores precisa de un acceso regulado para su uso incluyente.
La también Directora en México de la organización de la sociedad civil Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), ofreció una caja de herramientas basadas en el Objetivo 11 de las Metas para el Desarrollo Sustentable, en la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, para anteponer la inclusión a la estigmatización, criminalización, persecución y expulsión de los trabajadores del comercio informal.
El Consejero de la CDHDF, José Alfonso Bouzas Ortiz, cuestionó que la mayor parte de la PEA se encuentre en la informalidad: “El peso cuantitativo es lo informal. Algo está fallando en los conceptos; hablamos de empleo, pero la ocupación es informal”.
El también Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exhortó a revisar el tema de la formalidad y la informalidad en el trabajo, de manera que las personas sean realmente reconocidas por la riqueza que producen y no sólo por el yugo que padecen a manos del aparato corporativo que las copta y regentea.
En el Panel 1 “Legislación laboral en México y la Constitución Política de la Ciudad de México: espacio público como derecho y sistema de protección de los derechos humanos laborales”, participaron el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Rodrigo Meneses Reyes; la investigadora de El Colegio de México (COLMEX), Verónica Crossa Niell; y la Quinta Visitadora de la CDHDF, Montserrat Rizo.
En el panel 2 “Problemáticas y vulnerabilidad de las personas trabajadoras en el espacio público. Casos y experiencias de la Ciudad de México en perspectiva comparada”, participaron los investigadores del COLMEX, Rosario Aparicio López y Erick Serna Luna; así como Gustavo Lins Ribeiro, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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