Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 61/2019
18 de abril de 2019
Las instituciones de procuración y administración de justicia están lejos de representar una opción para la denuncia, y esa realidad compromete y cuestiona su funcionamiento en conjunto, afirmó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.
Al comentar el libro “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos”, editado por la CDHDF y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), aseguró que existe la urgencia por incorporar la perspectiva de género para legitimar la actuación de las instituciones de administración y procuración de justicia.
En el Aula Centenario del IIJ-UNAM, la Ombudsperson capitalina señaló que “el reclamo de justicia no es menor, el reclamo de la falla estructural del sistema para denunciar y judicializar los casos, tampoco”.
Detalló que el movimiento #MeToo es un ejemplo del profundo cuestionamiento sobre lo que se tiene todavía que avanzar en la perspectiva de juzgar con enfoque de género y derechos humanos.
Nashieli Ramírez Hernández abundó que otro ejemplo es la Recomendación 01/2019 que la CDHDF emitió recientemente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), por discriminar por razón de orientación sexual en la procuración de justicia a Óscar Ramírez Siordia y sus familiares.
Apuntó que en la Ciudad de México la discriminación por motivos de orientación sexual ocupa el segundo lugar en la percepción de las causas más comunes de discriminación y los hombres de la diversidad sexual representan el segundo grupo más discriminado.
“Tres de cada cuatro personas con orientación sexual diferente a la heterosexual evita tener muestras de afecto con su pareja por temor a ser discriminados”, subrayó.
Actualmente, señaló, en la CDHDF se encuentran en trámite 73 quejas relacionadas con esta población, que evidencian el contexto de violencia institucional y discriminación estructural en contra de personas de la población LGBTTTIQA+ por motivo de su identidad de género, orientación sexual y expresión de género.
Explicó que los principales derechos presuntamente vulnerados son: igualdad y a la no discriminación; derechos de las personas privadas de su libertad; derecho a la salud; seguridad jurídica; integridad personal y libertad y seguridad personales.
“En nuestro país, a pesar de reconocer normativamente la discriminación y de prevenirla por medio de protocolos de actuación, no se ha logrado que la actuación de las autoridades se adecue a los debates sociales vigentes”, finalizó.
En su oportunidad al comentar también el libro “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los derechos humanos”, la catedrática de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, Ana María Martínez de la Escalera, manifestó que el género es hoy un requisito indispensable para el derecho.
En la presentación del libro participaron también sus coordinadoras, la investigadora del IIJ-UNAM, Lucía Raphael de la Madrid, y su homóloga del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, Lucía Núñez Rebolledo.
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