Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 156/2018
11 de octubre de 2018
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 16/2018 a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, por violaciones al Derecho a la defensa adecuada por parte de un Defensor de Oficio.
Se investigaron 5 casos denunciados ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo entre 2014 y 2018, y en los cuales se determinaron 13 víctimas directas de dicho servidor público.
La Comisión constató violaciones al Derecho al acceso a la justicia por omisión de garantizar una defensa adecuada, omisión de proporcionar información necesaria para brindar una defensa efectiva a las personas imputadas y familiares, omisión en el deber de desarrollar controles sobre la labor de defensores públicos y al Derecho a la integridad personal en la Ciudad de México.
Cabe destacar que se solicitó información a la actual Defensoría Pública de la Ciudad de México, se acudió al Juzgado Trigésimo Tercero Penal y a las oficinas de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para analizar las causas penales vinculadas a cinco víctimas y las actuaciones realizadas.
De igual forma se entrevistó a las víctimas, algunas de ellas en el interior de centros de reclusión; además, se dio acompañamiento a algunas de ellas y, en un caso, se brindó apoyo psicosocial. En su conjunto, se llevaron a cabo más de 80 diligencias.
Para la CDHDF, las Defensorías Públicas tienen como fin garantizar la igualdad procesal y los principios de contradicción e igualdad en el proceso penal y en la ejecución de la pena. Esta garantía adquiere particular relevancia para la población con menores ingresos, que en general no puede pagar un abogado particular; por lo tanto, corre el riesgo de que su derecho de acceso a la justicia quede vulnerado.
En México, cerca de las dos terceras partes de las personas que enfrentan un proceso penal harán uso de los servicios que ofrecen las defensorías públicas. Esto dimensiona la importancia de estas instituciones en el contexto nacional.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cerca del 80% de todos los juicios penales federales que se realizan en el país son asistidos por la Defensoría Pública. En la Ciudad de México, poco más del 70% de las personas privadas de libertad les fue designado un Defensor de Oficio o Defensor Público.
Por lo anterior, la CDHDF recomendó entre otros aspectos: indemnizar por daño material e inmaterial a las víctimas; otorgar atención psicológica; garantizar por escrito la cubertura de los gastos de los traslados derivados del mismo; ofrecer orientación y representación jurídica para continuar con los procesos penales y legales a que haya lugar en sus respectivos casos.
De igual forma, llevar a cabo una valoración técnico-jurídica de la defensa brindada en los casos de la presente Recomendación, así como de sus actuaciones y las diligencias practicadas; dar vista a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y del Órgano de Control, para que lleve a cabo una investigación por el actuar del defensor de oficio.
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