Boletín 132/2018
5 de septiembre de 2018
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para definir violaciones graves a derechos humanos y para determinar el cumplimiento de sus propias Recomendaciones, con lo que se fortalece la autonomía de este Organismo.
El 4 de septiembre de 2018, la SCJN continuó con el estudio de las Acciones de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, interpuestas contra la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM).
En dicha sesión, el Pleno de la Suprema Corte validó la atribución de la CDHDF para definir los supuestos en los que las violaciones a los derechos humanos se considerarán graves, y determinó que tal atribución no invade la esfera competencial de la Federación.
Este dictamen consolida el entendimiento integral y progresista que el constituyente capitalino ha tenido de los derechos humanos y fortalece las actuaciones de la CDHDF, dado que al reconocer explícitamente este aspecto de su competencia, robustece la protección para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos que comparecen ante esta Comisión.
En tanto, al analizar la validez constitucional de los juicios de restitución obligatoria de derechos humanos, la SCJN determinó que tal medio de control constitucional local es contrario al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos establecido en la Constitución general de la República.
Si bien esta resolución implica que la Ciudad de México no contará con tal medio de protección judicial, que el Constituyente previó como garantía adicional para el efectivo cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CDHDF, en la práctica este organismo autónomo conserva intacta su competencia para determinar el cumplimiento de sus propias Recomendaciones, sin que éstas puedan ser sometidas a escrutinio judicial.
Las determinaciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte, vistas en conjunto, fortalecen la autonomía de la CDHDF y ponen énfasis en la autoridad política y moral que caracteriza su naturaleza y sus funciones de defensa y protección de los derechos humanos.
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