Boletín 121/2018
16 de agosto de 2018
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió las Recomendaciones 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018 y 09/2018, por diversos actos de tortura en agravio de 112 víctimas (74 directas y 38 indirectas).
Ante la presencia de víctimas, familiares y organizaciones civiles, la Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez Hernández, subrayó que dicha presentación pública tiene como propósito ser una forma de satisfacción inicial a la larga lucha de las víctimas por la justicia.
Explicó que la tortura se debe desentrañar para comprenderla y, por ende, encontrar las soluciones más eficaces para combatirla y erradicarla. Por este motivo, dijo, se construyeron cinco Recomendaciones que destacan, cada una, un patrón de las autoridades.
En la Recomendación 05/2018 se documentaron 20 casos en la que las denuncias realizadas por tortura fueron desestimadas, ya que se determinó el no ejercicio de la acción penal, la reserva de la investigación, aunado a que varias de estas investigaciones fueron iniciadas por el delito de abuso de autoridad y no por tortura, lo que refleja la impunidad con que actúan las autoridades, ya que no son castigadas por dicho delito.
Apuntó que el instrumento recomendatorio coordinado por la Cuarta Visitaduría General fue dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, a la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Salud, por violaciones a los derechos a la libertad, integridad, adecuada defensa, debido proceso y acceso a la justicia.
La Presidenta de la CDHDF señaló que la Primera Visitaduría General coordinó la Recomendación 06/2018, donde se identificó el patrón de uso de la tortura como método de investigación, ya sea para obtener información o declaración de autoinculpabilidad, hechos cometidos durante la detención y el traslado, así como en los centros de retención como son las agencias del Ministerio Público.
Fue dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia por vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, así como debido proceso y al acceso a la justicia.
La Recomendación 07/2018, dijo, fue dirigida al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno en calidad de autoridad responsable por la violación a los derechos a la integridad personal y debido proceso.
Expuso que fue investigada por la Segunda Visitaduría General y contiene siete casos de tortura cometidos en contra de personas privadas de libertad con la finalidad de castigarlas. En ella se destaca que personal de la Unidad de Reacción Inmediata ha sido señalado en diversos instrumentos recomendatorios como autora material de los actos de tortura en centros de reclusión.
La Recomendación 08/2018, también desarrollada por la Segunda Visitaduría General, fue emitida de igual forma al Subsistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, por violaciones al derecho a la integridad personal, es decir, tortura sexual cometida en contra de hombres en centros de reclusión.
La Presidenta de la CDHDF subrayó que en la investigación se mostró que la información de dicha vulneración es escasa, debido a diferentes factores como son: el machismo, los estereotipos y la discriminación. Apuntó que esta situación tiene consecuencias como el ocultamiento por parte de la víctima por temor a ser juzgado o rechazado por las personas a su alrededor, y el desprecio de las autoridades hacia las víctimas cuando denuncian.
Respecto a la Recomendación 09/2018 destacó el uso de violencia sexual como forma de tortura, por amenazas de violación en contra de mujeres. Se abordaron diferentes contextos derivados tanto del momento y lugar de los actos de tortura como de las autoridades que la ejecutaron.
El proyecto, indicó, fue realizado de manera coordinada por la Primera, Segunda y Cuarta Visitadurías, que de acuerdo con la materia que desarrollan investigaron los casos de las mujeres víctimas.
En la Recomendación fueron tres los casos documentados en los que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario violentaron los derechos a la libertad e integridad personal, así como al debido proceso.
Durante la presentación, Nashieli Ramírez Hernández señaló que de 1994 hasta el momento la CDHDF ha emitido más de 50 Recomendaciones por tortura, una Propuesta General y 6 Recomendaciones por tratos crueles, que representan a más de 280 víctimas.
Indicó que actualmente están en trámite 430 quejas relacionadas con la violación de la integridad personal, muchas de éstas por posibles actos de tortura.
De estas Recomendaciones, en el Programa de Lucha contra la Impunidad de la Comisión, se han incorporado 83 procedimientos penales por el delito de tortura y sólo 16 se han concluido.
La Presidenta de la CDHDF enfatizó que la frecuencia de comisión de dicho acto y la permisibilidad para cometerla, ponen en riesgo de ser víctimas de tortura a todas las personas en la Ciudad de México.
Para finalizar, explicó de forma general los puntos que contienen dichas Recomendaciones, entre los que destacan indemnizar por daño material, inmaterial o al proyecto de vida, así como brindar atención médica y psicológica para quienes lo requieran.
También sobresale dar vista a la Contraloría Interna o a la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos según corresponda. Del mismo modo integrar, determinar, o en su caso, reaperturar averiguaciones previas por el delito de tortura contra las autoridades responsables.
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