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Mensaje final de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez Hernández, ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Discurso 24/2018
3 de abril de 2018

Después de haber presentado ante ustedes un Informe que resume la gestión y las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2017, año en el que tuve el honor de ser elegida para encabezar la actual administración, me parece necesario recordar y destacar cuáles fueron los ejes centrales que me impulsaron a aceptar este gran reto, partiendo de la oportunidad y coyuntura que representa la Constitución Política de la Ciudad de México.

El primer eje fue el diálogo, especialmente con la sociedad civil, -de donde vengo y a donde regresaré-; especialistas y autoridades en temas clave. La segunda fue la promoción y defensa de los derechos humanos a través de estándares nacionales e internacionales; el tercero se concentró en la autonomía y en el desarrollo de un modelo de gestión, ejemplo para Organismos Autónomos centrándonos en consejos ciudadanos, la relación cercana con las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad; y finalmente, propusimos un modelo de atención, asesoramiento y acompañamiento integral a las víctimas, en donde éstas sean el centro.

Lo anterior desde el enfoque de atención a grupos prioritarios y desde el fortalecimiento intra e interinstitucional a través de la realización de investigaciones y diagnósticos como herramientas de apoyo.

Debo destacar que en los últimos cuatro años, la Comisión emitió 58 Recomendaciones, de las cuales 57 están en seguimiento, lo que significa que las autoridades responsables sólo han atendido el 1.7% del cumplimiento de las Recomendaciones en dicho periodo.

No basta que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México tengan la buena voluntad de aceptar las Recomendaciones, sino que es necesario que las mismas se cumplan con su responsabilidad de atenderlas en los términos y plazos señalados, pues ello posibilita resarcir integralmente a las víctimas y restituirles sus derechos y su dignidad como personas y con ello contribuir con la consolidación del Estado democrático de derechos.

A este Organismo protector de derechos humanos le preocupa que el avance del cumplimiento de las Recomendaciones no sea una prioridad de las autoridades señaladas como responsables, pues si bien en el año 2017 se realizaron 106 pagos a víctimas directas e indirectas por concepto de indemnización, —lo cual refleja un aumento del 58% con respecto al año anterior—, únicamente ésta Comisión aún sigue encontrando dificultades en el cumplimiento de las Recomendaciones, teniendo como consecuencia una victimización secundaria, pues dicha reparación hace alusión a víctimas de violaciones a derechos humanos de Recomendaciones que datan de hace más de una década, y cuyos proyectos de vida se vieron truncados debido a actos u omisiones de la autoridad. Mientras más tiempo pasa, más difícil es poder restituirles sus derechos y recompensar su vida como miembros activos de la sociedad.

En suma, la reparación integral (entendiendo por ello la indemnización por daño material, inmaterial, la rehabilitación, restitución, medidas de satisfacción y garantías de no repetición), así como su derecho a la verdad y justicia, medidas contempladas en el derecho internacional de los derechos humanos, aun presentan dificultades para su cumplimiento.

Para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas que habitan en la Ciudad de México, es indispensable que las autoridades de esta Ciudad trabajen coordinadamente con este Organismo para dar cumplimiento a las 136 Recomendaciones aún pendientes de cumplir, las cuales contemplan 1,031 puntos recomendatorios en trámite. Obedeciendo al criterio de progresividad de los derechos humanos, los vacíos legales o la falta de presupuesto o de coordinación, no pueden seguir siendo un pretexto para argumentar el incumplimiento, pues al haber aceptado la Recomendación asumieron una responsabilidad para su total eficacia.

El diálogo constante y el reconocimiento público que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aunado a un equipo de primera línea en materia de defensa de derechos humanos, nos ha permitido posicionarnos en temas federales que por su naturaleza nos competen. Ejemplo de ello es el involucramiento de la Comisión junto con la Secretaría del Trabajo local, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, así como la academia y organizaciones sindicales, en la agenda de la reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral, que está poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las personas trabajadoras.

Otro de los temas fundamentales que hemos atendido durante la presente administración es lo concerniente a la Controversia Constitucional y el Recurso de Reclamación contra la Ley de Seguridad Interior.

El 22 de enero de 2018, esta Comisión presentó la Controversia Constitucional contra esa Ley, dado que se identificó un conflicto competencial con otras autoridades por lo redactado en sus Artículos 31 y Tercero Transitorio. En el documento elaborado se expuso la legitimación para la interposición; sin embargo, el 29 de enero de 2018, la Comisión fue notificada del desechamiento de plano de la Controversia Constitucional por considerar el Ministro Instructor que el Artículo 105 Constitucional no le otorga la facultad para presentar ese medio de defensa, pero reconoció que es un Organismo Constitucional Autónomo.

El 7 de febrero en la Comisión presentamos un Recurso de Reclamación contra el desechamiento de la Controversia, el cual se encuentra en trámite y fue asignado para su resolución por la Ministra Margarita Luna Ramos. En esta presentación del Recurso se solicitó que el mismo sea conocido por el Pleno de la Suprema Corte porque los antecedentes en que se basa la Resolución no son aplicables a esta Comisión, y en su caso como en el de la CDHDF no ha habido discusión por ese pleno.

Asimismo, la Comisión presentará en próximas fechas dos Amicus Curiae para fortalecer los argumentos sostenidos en las Acciones de Inconstitucionalidad formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Senado de la República, así como en las Controversias Constitucionales interpuestas por Estados y Municipios contra la referida Ley.

Por otro lado, como ya se les planteó, estamos planteando que el Ejecutivo Federal vete las modificaciones a la Ley General de Salud.

De esta manera, la Comisión hace un llamado puntual a esta Asamblea para que, en el marco de la amplia legitimación que le confiere el Artículo 105 Constitucional, en el caso de ser aprobado por el Congreso de la República, puedan interponer Controversia Constitucional.

Finalmente, ante esta Tribuna, sin hacer menoscabo de otros temas que requieren de atención en la Ciudad, quiero hacer manifiesto el gran reto que tenemos en los próximos meses para avanzar en el tema de la Reconstrucción.

En días pasados celebramos nuestra primera Audiencia con personas damnificadas por el sismo de septiembre y, al margen de la labor de acompañamiento, seguimiento y atención integral a las víctimas desde nuestras áreas especiales y Visitadurías, planeamos elaborar un Informe Especial a partir de sus testimonios, lo cual permitirá ampliar el panorama que se tiene hasta el momento y emprender todas aquellas acciones y demandas necesarias para atender caso por caso. No olvidemos a las personas damnificadas hasta que el proceso de Reconstrucción de sus viviendas y de sus vidas, concluya en su totalidad.

La recuperación de la Ciudad es una oportunidad no sólo para reconstruirla en términos de infraestructura, sino en términos de consciencia. No hay que perder de vista que lo importante es reparar el tejido social y ver a las víctimas no como números sujetos de créditos, sino como personas sujetas de derechos humanos.

La actividad sísmica de nuestra Ciudad es un hecho conocido. Los riesgos que derivan de dicha constante natural generan una obligación inmediata para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de realizar los esfuerzos institucionales adecuados y efectivos para la prevención, atención y superación de los graves efectos que tienen los desastres naturales en los derechos humanos de las personas que viven o transitan en nuestra Ciudad.

Quisiera reiterar que a pesar de que parece que es poco tiempo el que le queda a la Legislatura, es mucho tiempo. Tenemos cosas, además de las ya mencionadas en esta comparecencia, que están ahí pendientes. Una de ellas es la Ley de Amnistía, que toca uno de los temas que estaba planteando la Diputada Alavez. Está en su cancha. Otra de ellas es la modificación a la Ley de Estadías que está en su cancha. Otra de ellas es el integrar la Comisión de Víctimas. La Ley ya está. Necesitamos la Comisión de Víctimas. Está en su cancha. Y en esa cancha la Comisión estará acompañándoles en la medida en que pueda, en la medida en que ustedes lo deseen.

Seguiremos trabajando para tener procesos siempre abiertos de diálogo con las autoridades de la Ciudad en un ambiente de profesionalismo y dentro del marco de la Ley, para que en el ámbito de nuestras competencias coadyuvemos constantemente  a construir y reformar el marco normativo local en materia de derechos humanos; del mismo modo, participaremos de la administración pública de la Ciudad para el diseño de políticas públicas que incidan en el cumplimiento de los derechos humanos de quienes conformamos parte de esta gran Ciudad.

Continuemos protegiendo, defendiendo, vigilando, promoviendo, estudiando, educando y difundiendo los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan aquí. Esto no puede realizarse sin tener una visión centrada en las víctimas, empoderándolas como titulares y agentes de sus propios derechos y en colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Diputadas y Diputados, es hora de que todas y todos rechacemos en nuestros respectivos territorios, ambientes y círculos sociales esa opinión muy difundida de que los derechos humanos sirven para proteger delincuentes. Y sobre todo es hora de demostrarlo. De demostrar que los derechos humanos se viven con servicios públicos de calidad, se viven con una policía honesta y eficaz, se viven en un desarrollo urbano sustentable y que permita una alta calidad de vida. Se viven con espacios públicos accesibles y para el disfrute común. Se viven en una atención digna a las personas que acuden a una oficina pública. Se viven con la convivencia sana y pacífica entre las personas y los grupos que avanzan en una diversidad de prioridades, ideas e intereses.

Se dice por ahí que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Yo estoy convencida de que todo lo humano es político y que una sociedad politizada es una sociedad más consciente, más exigente en sus derechos, como lo demostraron, por ejemplo, el 68’, el 85’, el 88’ y por supuesto el 19 de septiembre del 2017. Millones de habitantes de nuestra Ciudad que se han apropiado de sus derechos alzando la voz y demostrando un apoyo mutuo en los momentos críticos.

Hagamos juntos la política de los derechos humanos, la política no degradada. La política reivindica a sus protagonistas cuando se hace con un entendimiento profundo de nuestras obligaciones hacia la ley y un compromiso creativo hacia las demandas de las y los capitalinos.

Muchísimas gracias.