Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Pronunciamiento 9/2018
23 de abril de 2018
El 24 de abril se cumplen 11 años de uno de los mayores triunfos para los derechos de las mujeres en la Ciudad de México; en un proceso inédito, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal y la Ley de Salud local, que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las doce semanas de gestación.
El cambio normativo representa, sin duda, un triunfo en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de su derecho a una maternidad libre, informada y responsable.
No menos importante es que esta medida legislativa estuvo acompañada de la creación de una política pública mediante la cual se garantiza el derecho a decidir de las mujeres, lo anterior mediante la instauración del Programa de ILE a través del cual la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) provee los servicios de interrupción legal del embarazo en 13 unidades médicas entre las que se incluyen cuatro hospitales generales, cuatro hospitales maternos infantiles y cuatro centros de salud especializados en servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la SEDESA, de abril de 2007 al 1 de abril de 2018 se han realizado 194 mil 153 intervenciones en la materia, lo que en clave de derechos humanos y perspectiva de género, indica que ese número de mujeres tuvo las condiciones para el ejercicio de su autonomía y autodeterminación como sujetas de derechos.
Con casi una década de distancia, el proceso libertario, secular y democrático que permitió admitir la ILE como un derecho, hizo posible que en la Constitución Política de la Ciudad de México se reconozcan explícitamente los derechos a la autonomía y autodeterminación personal, así como los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas y todos, hecho que refuerza el derecho de las mujeres a decidir sobre todos los aspectos que atañen a su cuerpo y sexualidad.
A pesar de lo alcanzado, habiendo pasado más de diez años de la citada reforma y en un marco de progresividad de los derechos humanos, resulta indispensable no perder de vista los retos existentes entre los marcos legales y de política pública y la realidad que viven las mujeres de la Ciudad.
Por lo anterior, este Organismo Público Autónomo se pronuncia por revisar aquellos retos a fin de garantizar el acceso oportuno y universal a la ILE; particularmente analizar el plazo de las 12 semanas en que se permite el procedimiento, puesto que se ha evidenciado que las mujeres más pobres y menos educadas, las más jóvenes y las que residen fuera de la Ciudad de México tienen mayor riesgo de llegar tarde a los servicios y también de no recibirlos.
También conmina a que el diseño institucional del acceso a los servicios otorgue pleno reconocimiento de las adolescentes como sujetas de derechos, evitando que la ausencia de un representante legal o familiar las excluya de poder acceder al servicio.
Asimismo, la CDHDF considera necesario asegurar la aplicación de todas las causales legales vigentes para interrumpir un embarazo, esto es, asegurar el acceso a la ILE cuando el embarazo sea producto de una violación, cuando la salud de la mujer se encuentre en riesgo, en caso de alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, en caso de una inseminación artificial no consentida, o cuando sea resultado de una conducta culposa (no intencional) de la mujer embarazada.
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