Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 167/2017
16 de noviembre de 2017
En generación de marcos normativos y de políticas públicas en materia de reconocimiento a derechos y cultura de las poblaciones indígenas, se debe asegurar que las acciones se materialicen en el ejercicio pleno de sus derechos humanos en la Ciudad de México.
Así lo señaló la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández, al participar en la reunión que encabezó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en el marco de su visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre.
La Ombudsperson capitalina reconoció que si bien el Gobierno capitalino ha desarrollado diversas políticas públicas en materia cultural que han permitido el desarrollo y reconocimiento público de la presencia indígena en la capital, aún enfrenta el reto de asegurar los derechos de las personas pertenecientes a estos pueblos en ámbitos tan trascendentales como el de la vivienda, la consulta libre e informada y la justicia.
Nashieli Ramírez explicó que a diferencia de otras entidades federativas, la capital no cuenta con una legislación especializada o relativa a derechos y cultura de los pueblos indígenas, a pesar de tener una población considerable en términos de diversidad cultural, por lo que la nueva Constitución Política de la Ciudad de México -que reconoce a los pueblos originarios y comunidades indígenas, así como a las personas con identidad indígena como sujetas de derechos plenos-, nos dan una ruta para poder avanzar en este tema.
Indicó que la CDHDF ha registrado entre enero de 2013 y octubre de 2017 un total de 230 quejas por la presunta violación de diversos derechos; los más violentados son: el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, así como los relacionados con la seguridad jurídica y la privación de libertad.
En estas quejas se identificaron a 394 víctimas, de las cuales 120 son mujeres, 274 hombres y 45 son colectivos indígenas. Las principales autoridades señaladas en las quejas son la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Durante la reunión con la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro; la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez; la Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Jacqueline L’Hoist Tapia; el Oficial de Derechos Humanos de la Delegación de Proyectos Especiales, Arnaud Chaltin; la Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Rosario Ortíz Magallón; y la representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alondra Mendoza.
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