Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 153/2017
16 de octubre de 2017
- En México, 43.6% de la población es pobre, y en el caso de la Ciudad de México, 27.6% vive en esta condición
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado al Estado mexicano para reforzar las acciones que disminuyan la pobreza que persiste aún en nuestro país.
Esta conmemoración fue establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 47/196 de diciembre de 1992, con el propósito de sensibilizar sobre los problemas que encaran las personas que viven en esta situación, como una de las prioridades para el desarrollo.
A propósito, para este año se adoptó el tema “Responder al llamado 17 de octubre a poner fin a la pobreza: una vía hacia sociedades pacíficas e inclusivas”, para enfatizar en la importancia que tiene la solidaridad hacia las personas más desfavorecidas.
Desde el enfoque de los derechos humanos, se considera que la pobreza es una condición continua de privación de recursos, capacidades, oportunidades, seguridad y poder, que impide a las personas disfrutar, entre otros, del derecho a un nivel de vida adecuado.
En México, 43.6% de la población es pobre, y en el caso de la Ciudad de México, poco más de un cuarto de la población (27.6 %) vive en esta condición, así lo reveló la Medición de la Pobreza en México 2016, presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).[1]
Ante tales cifras, la pobreza se materializa en un serio problema multidimensional que obstaculiza el acceso a la justicia social, el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, debido a su interdependencia, ya que se afirma que la pobreza es, a la vez, causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos.
Debido a esto último, las personas pueden emplearse en condiciones peligrosas y/o mal remuneradas, sufrir hambre, no tener acceso a servicios de salud y a servicios públicos en general, tener dificultades para el acceso a la justicia, carecer de poder político, tener nula educación o, en su defecto, educación de mala calidad, sufrir discriminación, desigualdad y exclusión social. Estas carencias y situaciones se relacionan entre sí y se refuerzan entre ellas, vulnerando así, el presupuesto de vida digna de las personas.
Según se establece en los Principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, considerados la guía para diseñar y aplicar políticas para combatir la pobreza, éstas deben orientarse por los siguientes principios básicos: interdependencia de todos los derechos, igualdad en el disfrute de los derechos, derechos de la niñez, igualdad entre mujeres y hombres, capacidad de actuación y autonomía de quienes viven en pobreza, participación y empoderamiento, transparencia y acceso a la información, así como rendición de cuentas.[2]
Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene entre sus objetivos poner fin a la pobreza; consecuentemente, esta meta fue adoptada por el Estado mexicano. Además, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz, durante el Foro Internacional Crecimiento Urbano y Derechos Humanos, que tuvo lugar en las instalaciones de la CDHDF, resaltó la importancia de abordar los derechos humanos desde su interdependencia e indivisibilidad, e hizo énfasis en las dificultades que permea la pobreza para los derechos humanos.
En cuanto hace al trabajo de esta Comisión, se ha coadyuvado en diversas acciones relacionadas con esta situación, como lo es la observancia del Censo de Poblaciones Callejeras 2017, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SEDESO-CDMX).
Asimismo, ha elaborado diversos informes especiales que, entre otras temáticas, abordan temas de Trabajo Informal, Alimentación I y II, Poblaciones Callejeras y; publicaciones mensuales de la Revista Dfensor que plantean temas de migración, seguridad social, derechos humanos laborales, crecimiento urbano, entre otros.
En este contexto, la CDHDF hace un llamado para que el Estado refuerce las acciones pertinentes relacionadas con el cumplimiento de su obligación de adoptar estrategias para reducir la pobreza; e implementar políticas públicas que prioricen las necesidades de las personas que viven en esta situación.
De igual forma, garantizar servicios, instalaciones y bienes disponibles, accesibles, asequibles y de buena calidad; así como asegurar la coherencia entre las políticas tributarias, fiscales, monetarias, ambientales, de comercio internacional y de inversión.
Este Organismo conmina a la población en general a eliminar las prácticas culturales discriminatorias y de exclusión, para la eliminación de todos los tipos de pobreza, promoviendo a su vez la empatía y la solidaridad, tal y como se ha venido mostrando en días pasados y que nos hacen pensar que otra realidad es posible.
[1] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la Pobreza en México 2016, Porcentaje de la población en pobreza 2010–2016. [Disponible en línea] http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf
[2]Véase. Asamblea General de Naciones Unidas, Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Principios básicos, pág. 6. [Disponible en línea] http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A-HRC-21-39_sp.pdf
Versión PDF
