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CDHDF exige justicia por el asesinato del fotoperiodista Juan Carlos Hernández Ríos, en Yuriria, Guanajuato y el freno de estos ataques

Posicionamiento 51/2017
7 de septiembre de 2017

  • Es urgente y prioritario que cualquier forma de violencia contra quienes ejercen la libertad de expresión en México sea prevenida, atendida y sancionada. 
  • La impunidad debe ser erradicada con voluntad política, respeto al debido proceso y celeridad.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que preside la Doctora Perla Gómez Gallardo, condena enérgicamente el asesinato del colaborador del portal La Bandera Noticias, Juan Carlos Hernández Ríos, quien fue asesinado la noche del martes 5 de septiembre en Yuriria, Guanajuato, al salir de su casa.

Según información de periodistas y medios de comunicación locales, Juan Carlos fue atacado por dos hombres que le dispararon al salir de su domicilio, además de afirmar que el medio de comunicación para el que colaboraba recibió amenazas previas.

Juan Carlos Hernández Ríos era auxiliar y fotógrafo del medio de comunicación además de ser taxista, por lo que resulta necesario que las autoridades del estado tomen como línea principal de investigación la de su labor como colaborador periodístico, tomando en cuenta el contexto de violencia que hoy en día enfrentan quienes en México ejercen su derecho a la libertad de expresión, específicamente periodistas y personas colaboradoras periodísticas.

Prueba irrefutable de este contexto adverso, es el asesinato de Cecilio Pineda, el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo en Yanga, Veracruz; Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo en Chihuahua; Maximino Rodríguez Palacios, el 14 de abril en Baja California Sur; Juan José Roldán Ávila, el 16 de abril en Tlaxcala; Filiberto Álvarez Landeros el 29 de abril, en Tlaquitenango, Morelos; Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba, el 15 de mayo, en Autlán de Navarro, Jalisco; Jesús Javier Valdés, el 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa; Luciano Rivera, el 31 de julio en Rosarito, Baja California; Cándido Ríos Vázquez, el 22 de agosto en Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

A estos asesinatos, hoy se suma el de Juan Carlos Hernández, así como la pérdida que enfrentan las familias, el gremio periodístico y la sociedad, en la que se han disipado voces que resultan imprescindibles en el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos, donde la libertad de expresión fundamental.

Por lo anterior, aludimos a las responsabilidades que el Estado tiene en materia de procuración de justicia, tal como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] en relación a que se deben investigar, juzgar y sancionar a todas las personas autoras, partícipes, colaboradoras y encubridoras de los delitos contra personas comunicadoras.

Esta Comisión, a través de su Relatoría por el Derecho a la Libertad de Expresión, reitera su llamado a implementar con urgencia todas las acciones necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las y los profesionales de la información, personas colaboradoras periodísticas y quienes ejercen la libertad de expresión como un derecho humano que debe ser garantizado, para el cual resulta fundamental abatir la impunidad.


[1] OEA. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/pedagogicos/violencia-periodistas.asp

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