Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 136/2017
12 de septiembre de 2017
En junio pasado, se cumplieron nueve años de los lamentables hechos en la discoteca New’s Divine, cuando un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, ambas del entonces Distrito Federal, y la Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero, provocó que 12 personas –nueve de ellas jóvenes o adolescentes y tres más servidoras públicas– fallecieran y muchas otras fueran agredidas y detenidas de forma arbitraria, vulnerándose con ello, diversos derechos humanos.
Este Organismo realizó entonces una investigación que derivó en la emisión de la Recomendación 11/2008, en la que se dirigieron 34 puntos recomendatorios a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y seis más a la Jefatura Delegacional en Gustavo A. Madero, con diversas medidas de no repetición de hechos, investigaciones, así como, otras medidas de satisfacción y reparación a las víctimas y familiares.
Hace tres meses, en este mismo espacio, la CDHDF se pronunció sobre los avances que ha tenido el instrumento recomendatorio, así como, sus pendientes, especialmente por lo que hace a las tareas relacionadas con las investigaciones de los hechos y eventual sanción de las personas responsables, haciendo latente la preocupación de las familias de las víctimas de que, en este caso, se constituyan escenarios de impunidad, con la falta de sanción a las personas servidoras públicas responsables de los hechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de determinar la situación jurídica de cinco personas servidoras públicas que, al haber sido encontradas responsables por los hechos y, por ende, sentenciadas, interpusieron diversos juicios de amparo.
Desde el ámbito de competencia de este Organismo y con absoluto respeto al ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidiendo con ella en la defensa de los derechos humanos y el apego a la Ley, confiamos que las resoluciones que se emitan, garanticen el derecho a la verdad; a la justicia, que desde hace 9 años claman víctimas y familiares de éstas; a la no repetición; y a una reparación integral, que se han impulsado por esta Comisión, desde la emisión de la Recomendación 11/2008.
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