Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 21/2017
16 de agosto de 2017
Pregunta (P): Ayer vinieron los familiares del Delegado en Tláhuac y presentaron una carta. ¿Nos puede platicar qué es lo que le dijeron, se sentaron con usted y quién los recibió, en fin?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Fue desde el jueves. Sí, se hace como se da toda la atención a las personas en la Ciudad desde el área de Quejas, ahí presentaron su documento, fue desde el jueves pasado. Se enviaron las medidas para recabar la información y en su momento estaríamos valorando si lo que ellos detallan en este documento que nos presentan da o no para un pronunciamiento de la propia institución. En este momento estamos en el envío de medidas y en la espera de que nos envíe la información las propias autoridades.
P: ¿Cuál es la inconformidad, Doctora, que están pidiendo los familiares?
PGG: Bueno, principalmente consideran que están siendo criminalizados, que se les está dando un seguimiento, que se les está investigando. Entonces estamos primero nosotros, con el documento que ellos nos dan, recabando la información de las propias autoridades y en su momento podríamos estar haciendo alguna valoración.
P: ¿Y las medidas precautorias a qué autoridad las enviaron?
PGG: Principalmente a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad, principalmente PGJ y Secretaría de Seguridad de la Ciudad.
P: ¿Cuándo estarían ustedes dando un pronunciamiento y qué tipo de familiares, son en primera línea?
PGG: Ahí más bien nosotros nos resguardamos en parte por la confidencialidad hasta que ellos no nos autoricen en su momento dar los nombres completos. Sabemos que ellos mismos han estado haciendo una difusión, pero nosotros por los tema de la Ley de Transparencia y de Protección de Datos Personales no abrimos propiamente la investigación cuando está justo en ese tenor.
P: ¿Pero se filtró el documento en Twitter?
PGG: Ellos más bien lo difundieron. O sea, están en su derecho también ellos de hacer público lo que entregan a la institución, pero como institución nosotros resguardamos hasta que ellos no autoricen en su momento a que se difunda abiertamente qué personas y en qué características se están presentando a la Comisión. En este momento está recibido desde el jueves pasado, aunque se hizo público el día de ayer, se enviaron ya las medidas precautorias y estaríamos revisando en qué términos nos está contestando la propia autoridad para también darles la información a ellos y tener el seguimiento de su caso.
P: Hoy se reúne la Comisión Jurisdiccional en la Asamblea Legislativa, justamente para remover del cargo a Rigoberto Salgado. ¿Ustedes estarían acompañando este proceso?
PGG: Propiamente son aspectos que son procesos que en este caso tiene ya la propia ley en materia de posible destitución de la Asamblea. No tenemos propiamente una queja ni un requerimiento por parte de persona alguna, ni del propio Delegado, y pues simplemente se llevarán entonces los procedimientos que corresponden a ese ámbito legislativo. No traemos propiamente un acompañamiento en ese sentido.
P: ¿Cómo van las 11 solicitudes que presentaron los mototaxistas?
PGG: Ya tenemos el contacto con la propia Secretaría de Movilidad y las autoridades para efecto de ver las mesas también de trabajo con las personas que en su momento fueron afectadas. Que haya mucha información, eso es lo que hemos reiterado para saber en qué condiciones fueron los operativos, qué tipo de cuestiones pueden hacer ellos para recuperar en su momento los vehículos que se habían retirado y más bien ver otras medidas alternas que les favorezca para efectos de que haya posibilidad sin que se afecte lo que es su derecho al trabajo.
P: Doctora, ¿cuál sería el impacto que tendría en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la creación de una Fiscalía General de la República? ¿Ustedes qué posición tienen acerca de ello?
PGG: Ha habido una generación de aspectos tanto como de fiscales anticorrupción, de la propia Fiscal General que está pendiente también para su designación, o sea, estos procesos se están dando de manera temática. Todas las Comisiones de Derechos Humanos tenemos una autonomía de contrapeso. Somos entes de Estado. No formamos parte de los Poderes y podemos revisar cualquier afectación a cualquier otro Poder u otro organismo en la materia de derechos humanos. Propiamente no nos impacta, sino más bien son ya, si se dan cuenta, creaciones órganos cada vez más focalizados o temáticos para generar una profesionalización y un enfoque muy dirigido a temas que queremos erradicar en el país.
P: Doctora, en relación a esto con lo de los mototaxis, ¿estas reuniones no significan que van a regularizar este servicio?
PGG: Nosotros lo primero que tenemos que hacer con las personas es darles claridad de en qué condiciones se llevaron los operativos para saber qué procede, si es producto de una investigación, si es un tema porque no tenían los permisos. En segundo lugar, verificar qué autoridades, si es que las hubo, otorgaron permisos que no correspondían porque lo que estamos revisando, y también tenemos que informarle a las personas, es que pudiera haber casos donde alguien dice: “A mí dieron un permiso y yo pagué”, y resulta ser una autoridad que no tenía facultad para hacerlo. Ahí si podríamos nosotros verificar porque podría haber una violación a la seguridad jurídica de las personas, de haberles generado una expectativa que no correspondía por una autoridad que no tenía que emitir ningún tipo de disposición en esa materia. Y otra distinta es qué opciones podría estar dando el propio Gobierno de la Ciudad para que tengan otros mecanismos. Pero vigentes en esta ley que tenemos en la Ciudad, no aparece la figura del mototaxi. Entonces sí tendría que hacerse incluso una revisión integral de la propia Asamblea si quiere generar modalidades adicionales, de la propia Secretaría de Gobierno que podría acercarse con programas sociales para apoyar en lo que vean qué modalidades les van a dar; pero sí que haya mucha claridad de qué pasó y por qué tenían ellos, si es que nos lo presentan también, y qué tipo de autoridad pudiera haber dado un permiso que no tenía facultad para darse; y que no quede en medio que de buena fe consiguió su permiso y no tenga las condiciones ahora para laborar.
Sí tendrá que hacerse una revisión exhaustiva y en nuestro caso primero es que las personas sepan que no necesariamente porque tengan un documento emitido tiene una validez; que sepan también, y nosotros ahí identificar, qué autoridades y con qué fundamento estuvieron haciendo esto para en su momento también emitir una Recomendación y pedir se investigue y se deslinden responsabilidades si es que hubo un uso indebido de este tipo de autorizaciones.
P: ¿Se buscaría una sanción para estas autoridades?
PGG: Generalmente nosotros cuando emitimos una Recomendación o cuando vemos que hay algo que se debe investigar damos vista a las propias autoridades para que deslinden responsabilidades en cada una de las áreas que correspondan.
P: Se habla, por ejemplo, del caso Tláhuac se usaron mototaxispara repartir droga, para distribuir droga, podría estar vinculándose incluso a Ciudad Universitaria y a la distribución de narcóticos. ¿Cómo conciliar ahí el derecho de la autonomía de la Universidad, que es también un derecho humano, con la intervención de la autoridad?
PGG: Bueno, en este caso recuerden que la autonomía es para la libertad de cátedra y todos los temas que tienen que ver con la vida académica. Ya un tema de persecución de delito pues están las autoridades competentes para llevar a cabo sus funciones. Y en el caso de mototaxis, también decirlo, no generalizar, porque es algo que nos han pedido de manera muy sentida los que se han acercado que no se les criminalice. Si finalmente sí hubo quienes pudieron llevar ciertas acciones de esas características por supuesto que se investigue y se les sancione, incluso ya hay algunos detenidos. Pero no por ello, la cantidad de personas que se dedican a ese servicio en sí mismo se convierten en alguien que está queriéndolo utilizar para un hecho ilícito. Por eso es muy importante no criminalizar.
Sí aclarar y hacer una campaña muy específica de identificación de qué pasó y en su momento sí deslindar responsabilidades para efecto de por qué se toleró, o se permitió, o incluso se emitió un tipo de licencia o permiso que no está vigente en ninguna disposición en materia del servicio público de transporte actualmente en la Ciudad. Creo que por un lado no criminalizar. Sí nos lo han pedido y lo hacemos nosotros también este llamado de que se deslinde persona a personas, caso a caso, pero no se generalice que por el hecho de tener elmototaxiya era para un fin delictivo. Pero por otro lado es quién les dio esas licencias y les generó esas expectativas para que se investigue y se deslinde la responsabilidad y finalmente, qué opciones van a tener para que no les impacte en su labor cotidiana.
