Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 124/2017
21 de agosto de 2017
- Exige la reparación integral del daño a las y los familiares de las 72 personas migrantes asesinadas
- La CDHDF urge al Estado mexicano a asumir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos de las personas migrantes
A siete años del asesinato, ocurrido entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas, de 72 personas migrantes (14 mujeres y 58 hombres) provenientes de Centroamérica y Sudamérica, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su Relatoría por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional, insta a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
México es lugar de origen, tránsito (sobre todo de personas provenientes de distintos países de Centroamérica que pretenden llegar a Estados Unidos y que representan uno de los mayores flujos de migración a nivel internacional), destino y retorno de personas migrantes.
El caso de San Fernando fue un parteaguas en la historia de la migración en tránsito, ya que, da cuenta del contexto de violencia sistemática e impunidad a la que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, convirtiéndose en cifras y casos olvidados.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, instó al Estado mexicano a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan crímenes como éste, a determinar la identidad de las víctimas y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta, así como a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a las personas migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto de sus derechos humanos.
La CDHDF exige la reparación integral del daño de las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, a través del reconocimiento de las omisiones y faltas cometidas por el Estado mexicano durante la investigación y la repatriación de los cuerpos (entrega de cuerpos que no eran los de sus familiares; inconsistencia de los hechos en las versiones oficiales; vacíos judiciales; procedimientos forenses inadecuados), en correspondencia con los compromisos adquiridos mediante la firma y ratificación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, se solidariza con las familias de las 72 personas migrantes que siguen buscando justicia a siete años de su asesinato.
Este Organismo refrenda su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, sobre todo en el actual contexto de crisis de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica y hace un llamado a las autoridades competentes, a fin de garantizar el tránsito de migrantes por el país, libre de cualquier forma de violencia, así como a hacer frente a los desafíos relacionados con la impunidad y el aumento de la presencia del crimen organizado en la ruta migratoria para garantizar la no repetición de casos lamentables como el que hoy se conmemora.
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