Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Posicionamiento 41/2017
27 de junio de 2017
Salvador Adame Pardo fue desaparecido el pasado 18 de mayo y encontrado luego de 12 días en un tramo carretero de Nueva Italia, en Michoacán, según informó la Procuraduría General de Justicia del estado; quien también confirmó, mediante un análisis genético, que los restos encontrados en estado de calcinación pertenecen al periodista.
A 40 días de la desaparición del reportero y propietario de Canal 6 de Nueva Italia, en Michoacán, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exige a las autoridades competentes dar celeridad a la investigación en torno al asesinato del periodista, a proteger a su familia, a realizar una reparación adecuada. Asimismo, agotar como línea de investigación la vinculada con su ejercicio periodístico.
La desaparición y asesinato de Adame se enmarca en un contexto de violencia generalizada y sistemática contra quienes ejercen la libertad de expresión en México, el de Salvador Adame se suma a los asesinatos de ocho periodistas en lo que va de 2017 (Miroslava Breach Velducea, Ricardo Monlui Cabrera, Cecilio Pineda Brito, Maximino Rodríguez Palacios, Juan José Roldán Ávila, Jesús Javier Valdés Cárdenas, Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba y Filiberto Álvarez Landeros), así como a diversas agresiones entre las que destacan las acusaciones contra el Gobierno mexicano sobre espionaje.
Estos hechos afectan gravemente no sólo a Adame, a su familia y a sus compañeras y compañeros periodistas, sino a la sociedad completa quien en este contexto adverso ve vulnerado su derecho a la información, a saber la verdad, y también a la democracia que debe imperar en el país.
Igualmente, contraviene a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece que: “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Desde la CDHDF, a través de su Relatoría por el Derecho a la Libertad de Expresión, se continuará insistiendo en la urgencia de aplicar todas la medidas necesarias para frenar cualquier tipo de ataque que pretenda inhibir y/o silenciar a quienes en México deben tener garantizado, por todos los niveles de gobierno, el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el periodismo en nuestro país; por lo anterior, exigimos el pronto esclarecimiento del caso y hacer realidad el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal y la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), de emprender “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”.
