Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 14/2017
14 de junio de 2017
Pregunta (P): Doctora, respecto de esta Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina que las declaraciones de los servidores públicos van a ser abiertas, públicas; y por otro que sí el Comité de Participación Ciudadana va a poder decidir estos formatos. ¿Cómo ven en materia de ganancia de derechos de la ciudadanía desde la Comisión?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, estos son temas sobre todo de transparencia, de rendición de cuentas, y yo creo que el criterio que está fijando la Corte al momento de la revisión, que se puede hacer y que en su momento por ello fue impugnado, va a permitir tener claridad también a todas y a todos los servidores públicos de qué alcances va a tener, qué medidas de protección a ciertos datos personales, qué formatos y quiénes los tienen que elaborar, y que sea en un esquema efectivamente de esta nueva dinámica que se viene impulsando desde el año 2003 de la rendición de cuentas, de la transparencia, del acceso a la información, y de lo que nos toca como servidoras y servidores públicos en el ejercicio de recursos públicos.
Creo que va a ser un buen criterio en cuanto al precedente que va a dejar, la posibilidad justo de esta revisión que se hace de manera integral a la normatividad y que ahora nos dará claridad para poder implementarlo en donde nos competa a cada una de las autoridades en la Ciudad de México y en el país.
P: ¿Ganan los ciudadanos esta batalla?
PGG: Es importante porque finalmente lo que se están abriendo son escenarios nuevos de fiscalización, de apertura, de transparencia y la Corte está justo avalando estas nuevas disposiciones bajo criterios y estándares que se han ido posicionando históricamente en otros países y que ahora también están dándose en nuestro propio país.
P: ¿Hubiera sido un retroceso en materia de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción el no permitir que los formatos sean diseñados por este comité ciudadano?
PGG: Bueno, aquí lo importante es que en la revisión no hubiera ninguna situación que pudiera violar algún tipo de derecho o que pudiera ser incluso inconstitucional, que es lo que le toca revisar a la Corte. En este esquema que están diseñando donde hay una participación ciudadana y al mismo tiempo una fiscalización y un control que se tiene que dar, más en el Sistema Anticorrupción, creo que están generando ya un círculo que ayudará a que haya una mejor fiscalización, para que también de manera espontánea, como lo hacemos varios servidores públicos, haya una rendición de cuentas y una apertura a temas que sean de interés público también, reservando aspectos que no tengan que ver con la actividad pública que se tenga.
Pero creo que este criterio que acaba de fijar la Corte finalmente confirma que hay esta apertura, que hay esta posibilidad ahora de conquistas que se han estado dando en materia del derecho a la información en el sentido más amplio.
P: Doctora, en el caso de la mujer que se suicidó con sus hijos, ¿cuál es la posición de la Comisión?
PGG: Nosotros abrimos queja en su momento. Se verificó la actuación de la propia Procuraduría. En cada uno de los actos vimos que no había situaciones u omisiones que pudieran tener respecto a la verificación que hicieron y en su momento la no determinación de responsabilidad hacia el padre. En su momento acompañamos también hasta la diligencia donde se hizo el tema de la guarda y custodia. La persona siempre estuvo asesorada de diversos abogados; y le notificamos que en su momento nos quedamos justo hasta ese momento en el que simplemente estaban revisando quién iba a tener la parte de la guarda y custodia y el régimen de visitas. En ese momento a la señora se le notificó que no teníamos nosotros algo que aclarar respecto a lo que había hecho la Procuraduría. Nosotros -en materia de Tribunal- estamos limitados a cuestiones jurisdiccionales, simplemente revisamos que no hubiera una violación al debido proceso hasta esa etapa y finalmente se le notificó a la señora que cerrábamos la queja porque no teníamos elementos hasta ese momento.
Ya posteriormente, lo que se vino dando, ya no tuvimos nosotros ningún tipo de reporte por parte de la señora ni sus abogados. Sí verificamos que efectivamente era un tema de naturaleza familiar que estaba resolviendo el propio Tribunal; y más bien nos alerta en un gran tema que tenemos pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es las disposiciones en materia de alienación parental que están vigentes en la Ciudad de México. El tema de que se le pueda retirar la custodia a un padre o a una madre por la supuesta figura de la alienación, que no está reconocida en estándares internacionales, que no es un concepto reconocido en materia sicológica y que se estableció por una legislación que actualizó la normatividad en materia familiar, sí vemos con preocupación porque es algo que nosotros pedimos que revisara la Corte. Actualmente está por deliberarse, y este tipo de temas donde aunque un Juez lo quiera implementar tiene un fundamento legal que no está acorde a los derechos humanos.
Sí estamos nosotros, y lo estaremos visibilizando, el tema de qué implicaciones tiene esta figura de la alienación parental porque en materia de derecho familiar se está convirtiendo en una forma de poder tener a la mitad a los hijos, en un dilema entre padre y madre que no es bajo la visión del Interés Superior de la Niñez y que lamentablemente se puede utilizar legalmente y válidamente en instancias jurisdiccionales.
Este caso nos puede ayudar a visibilizar este pendiente en materia de la Suprema Corte, que sabemos que ya tiene para dictaminación, que en su momento la Ministra Olga Sánchez Cordero nos iba a dar la razón, terminó su gestión, se reestructuró para que se diera con la Ministra Piña. Estamos esperando también el tener en su momento el acercamiento para tener algún alegato hacia ella y confiamos en que más bien se respeten los estándares internacionales y no se deje un precedente que afecte ahora en temas de derecho familiar, donde no se está viendo el Interés Superior de la Niñez y donde pareciera que existen figuras que no están reconocidas ni siquiera en materia sicológica.
Creo que en esta parte es lo que sí nos ayuda este lamentable hecho que se presentó. Pero en cuanto a lo que le tocó hacer a la Comisión y la revisión de las primeras acciones que hizo la autoridad, como se le informó también a la señora y a su abogado -ella tuvo diversos abogados en diferentes momentos-, se le informó y también ella estuvo de acuerdo en que se cerrara la queja y ya no hubo ninguna otra intervención de nuestra parte porque ya quedaba en términos jurisdiccionales.
P: En este caso le responde al abogado, a su último abogado de la mujer, que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sí respondió en su momento como tenía que hacer como institución.
PGG: Efectivamente. Y más bien este caso lo importante es que nosotros no podemos sustituir lo que dejan de hacer las defensas o los abogados respecto a asuntos que tienen que ver con naturaleza jurisdiccional. A nosotros lo que nos compete es revisar la actuación de la autoridad si hubiera alguna omisión. En el caso de la Procuraduría, que abrió las investigaciones respecto al presunto abuso, nosotros revisamos todo el estándar, en su momento la actuación de la autoridad, y no tuvimos nada de qué pronunciarnos. E incluso si el abogado hubiera tenido alguna situación de alguna omisión por parte de la Comisión hubiera podido acudir a la Comisión Nacional a que revisara nuestro trabajo. No fue así. Tan así que se notificó a la señora, en presencia de su abogado, y estuvieron de acuerdo en que se cerrara el acompañamiento que llevábamos nosotros hasta la etapa intermedia de su propio juicio. Y recordar que ya en lo jurisdiccional sí es una responsabilidad el tipo de defensa que lleve cada abogado el agotar cada una de las instancias que correspondan para darle una mejor atención a su propio cliente.
Y en el caso de la Comisión en materia jurisdiccional estamos limitados. No nos metemos nosotros a determinaciones ni probatorias, ni de criterio que tenga el propio Tribunal. Pero por eso es importante revisar las leyes vigentes, y la ley vigente de alienación parental es la que actualmente la Corte tiene en revisión y esperamos que sí tenga una visión de derechos humanos, porque si no sí va a impactar en juicios familiares donde la Comisión no va a poder tener un pronunciamiento porque los jueces van a actuar conforme derecho, pero un derecho que no trae visión de derechos humanos.
P: ¿Insistir a la Suprema Corte que este caso nos sirva de ejemplo como sociedad, como autoridad?
PGG: Más bien que ya nos determine la Controversia que tenemos nosotros justo contra la ley que maneja la alienación parental. No está ayudando a un equilibrio que tenga con el Interés Superior de la Niñez y no está ayudando también a estos ejercicios que se hacen entre padre y madre en donde quedan en medio las niñas o niños, y esa figura, insisto, no existe. Incluso en las determinaciones que se hizo en materia sicológica y se está usando como una figura válida para poder determinar la guarda y custodia, o incluso la patria potestad de niñas y niños.
Sí es importante que la Corte se pronuncie y que no deje un precedente que permita que se abra una situación donde se criminalice ahora al padre o la madre y que se utilicen figuras que ni siquiera tienen un reconocimiento técnico-sicológico que ayude a equilibrar lo que es una relación de familia que es específicamente lo que más se tiene que proteger en una sociedad como la nuestra.
P: Sobre la Constitución de la Ciudad de México, ¿ya recibió alguna respuesta sobre el AmicusCuriae?
PGG: Se presentó el día de ayer. Estamos confiados en que se acuerde para que se incluya en el expedientillo auxiliar, que es el que tendrá que revisar en su momento la Corte cuando vea cada uno de los Amicus que se están presentando. El día de hoy se presentaron tres más en materia temática. El lunes estaremos haciendo una conferencia de prensa para hacer público cuántos Amicus se presentaron, de cuántas organizaciones civiles. Pero lo más importante, y que hemos hecho ya el exhorto respetuoso a la Suprema Corte, que abran las Audiencias Públicas. Necesitamos que la Corte haga un ejercicio como lo ha venido haciendo en otros casos de relevancia, de interés jurídico, de interés público, el que se pueda acudir al pleno de la Corte con micrófono abierto y de manera pública y transparente a argumentar quienes tengamos algo que decir en la defensa de la Constitución.
Estamos haciendo este exhorto respetuoso. Lo reiteramos en nuestra presentación de Amicus y confiamos en que la Corte abra estos escenarios donde podamos acudir tanto órganos autónomos, sociedad civil, las propias autoridades responsables, pero Audiencias Públicas, que sea de cara a la propia nación porque lo que se determine en este caso sí va a ser un precedente en materia de derechos humanos y en materia de autonomía y soberanía de la Ciudad de México.
No es un tema menor y confiamos que en este caso la Corte tenga el criterio que ha seguido en otros casos similares de abrir el debate y que sea público lo que se vaya a argumentar ante la propia Suprema Corte.
P: En cuestión de la Línea 7, Doctora, ¿ya volvieron los vecinos o…?
PGG: Nosotros tenemos la queja abierta, efectivamente, por el tema de lo que nos reportaron los vecinos, estamos revisando en su momento qué pronunciamiento (inaudible) ante las diversas autoridades, ver la diferencia entre lo que tiene que ver con la vialidad y en lo que tiene que ver con las partes donde hay monumentos históricos, y esa parte se está recabando, estamos revisando también qué criterio aplicó el propio Juez de Distrito. También ver en su momento, qué impacto tiene una suspensión de una obra que podría ser de interés público, pero en nuestro caso lo que revisamos siempre es que no haya una afectación a seguridad jurídica, o sea, que se tenga todo cómo corresponde, el impacto al medio ambiente, donde aunque se retiren árboles, haya toda una programación de cómo restaurar y restituir en su momento, y el derecho a la información en todo el trayecto, respecto al impacto que tiene la obra, el beneficio que va a dar a la comunidad y las medidas atenuantes que se tomen mientras se lleve a cabo la misma. Esa parte la estamos documentando y en este momento, pues estaríamos revisando también esta nueva información, para ver si efectivamente, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) u otras instancias se pronunciaron, o en qué términos, y si efectivamente, la vialidad se considera una situación de restricción histórica, o más bien es lo que acompaña la vialidad, que efectivamente tendrá que tener medidas adicionales, para que no se impacte en su imagen y en lo que tiene qué ver en el tránsito de estos vehículos.
P: El documento que ayer anunció Granados que le hizo llegar a un Juez, como Secretaría de Obras, ¿ustedes no tiene esto? Me refiero a las respuestas del INAH y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
PGG: Sí, en este caso, nosotros abrimos la queja y empezamos a solicitar información a la propia autoridad que pudiera ser la responsable, en este caso, las del propio Gobierno de la Ciudad de México. En el momento en el que los vecinos hicieron valer esta situación del amparo donde se les dio la suspensión, estamos ahora recabando esta información, para ver cuál es el pronunciamiento que tiene en su momento el propio Juez de Distrito y, qué es lo que también en su momento responderá el propio Gobierno de la Ciudad de México. Pero en nuestro caso, lo que estamos revisando es seguridad jurídica, impacto al medio ambiente; inseguridad jurídica tiene que ver sí tiene o no, los permisos y licencias que autorizan para que no haya un impacto en materia histórica, y también el tema del derecho a información, tanto para que se sepa qué impacto va a tener la obra, que tenga todos los permisos, que se hagan jornadas informativas y que le den mucha claridad. Las obras, finalmente no son populares, pero si son necesarias y tiene todo agotado como corresponda en los instrumentos administrativos, la Comisión podrá revisar que efectivamente es así, de lo contrario, como lo hemos hecho en otros casos, como en construcciones irregulares o cambios de uso de suelo, que se hacen sin seguridad jurídica, respecto a las cuestiones administrativas, nos hemos pronunciado cuando ha correspondido. En este caso, estamos allegándonos de esta nueva información y, en función de eso, también estaremos informándoselo a los propios quejosos, y recabando nueva información de la autoridad.
P: ¿No hay un término? ¿Aún hay tiempo…?
PGG: Conforme a nuestra Ley, nosotros enviamos los requerimientos, tiene 10 días y, en su momento hasta dos recordatorios, de ahí para nosotros es el período, están en tiempo para darnos la información y sabemos que también hacia el mes de julio les vence para hacer su defensa ante la propia revisión que iban a hacer del Dictamen del Juzgado de Distrito. Entonces, nosotros en este caso, tenemos las solicitudes iniciales y empezamos ya la revisión, y también lo hemos pedido en colaboración ya a instancias federales, como en este caso el INAH, para que también nos aclare si efectivamente tienen todos los permisos y qué se considera, porque creo que ese es el punto toral, qué se considera si la vialidad es o no, alguna parte que tenga una restricción por su manejo histórico, o es una vialidad y más bien son medidas que se tienen que tomar adicionales para no afectar lo que tiene que ver con monumentos históricos, por dónde se transitaría ahora esta Línea de Metrobús.
P: ¿A quién han solicitado, además del INAH, información?
PGG: De entrada, es a la propia Secretaría del Medio Ambiente, la propia Secretaría de Obras, todas las Secretarías de Gobierno, en parte a la Secretaría de Obras, Medio Ambiente y, en este caso, en colaboración al INAH e INBA, dependiendo quiénes son los que tienen que hacer la determinación; eso lo hacemos en medida de colaboración, que sí nos han atendido, tengo que reconocer esa parte, porque nos da claridad, efectivamente, de qué medidas se toman y cómo se llevan a cabo, las determinaciones, esto por la posible violación a la seguridad jurídica de que se estuviera llevando un acto que no sea acorde a lo que tienen autorizado. Pero sí justo lo que nos va a dar claridad a todas y a todos, es que el órgano especializado, en este caso el INAH y el INBA, determine si efectivamente esa vialidad se considera cómo la interpretó el Juez de Distrito para que entonces no pueda prosperar la obra. Si así lo fuera, entonces también ver efectivamente por qué no se tomaron las licencias previamente. Y si fuera al contrario, pues informar también a todos los peticionarios y a la sociedad en general, por qué sí es conveniente, y por qué sí se atienden los requisitos para que se lleve la obra.
P: Es decir, ¿emitiría el Órgano a su cargo alguna Recomendación específica después de este análisis de información?
PGG: Sí, nosotros sí, en un momento dado, al determinar de que se cumplen los requisitos, haríamos pública nuestra valoración, del por qué no nos da para un pronunciamiento, para que haya también claridad. Pero lo que hacemos también antes de cerrar siquiera la queja es mesas de trabajo, donde la propia autoridad informa a las personas que se quejan para que tengan claridad del por qué sí se están cumpliendo con las características y no hay una afectación adicional, y ver también las medidas atenuantes, el derecho a la información y el impacto del medio ambiente, que nosotros les damos seguimiento. Por otro lado, si sí hubiera alguna situación que nos orille a un pronunciamiento, tendríamos que revisar si hubo algún incumplimiento, en cuanto al derecho a la seguridad jurídica, medio ambiente o derecho a la información, donde pudiéramos tener un pronunciamiento, si hubiera algo que se hubiera incumplido. En este momento estamos en la verificación, y nos va a ayudar mucho lo que haga INAH e INBA, respecto al criterio que se haya fijado y la cronología de cómo fueron pidiendo los permisos y las autorizaciones el propio Gobierno, también con las mesas de trabajo que tengan qué hacer con los propios peticionarios, para que tengan claridad todas y todos, antes de cualquier situación de continuar.
P: ¿Usted se pronuncia por una mesa de trabajo, antes de hacer un pronunciamiento, Doctora?
PGG: Generalmente lo hacemos cuando ya tenemos información nueva o relevante, se llama a los peticionarios con la propia autoridad, para que se informe efectivamente por qué se está continuando o cuáles son los criterios por lo que se llevó la obra. O sea, nos ha ayudado en muchos momentos, en obras que se realizan en la Ciudad, el hacer el acercamiento entre vecinas y vecinos y la propia autoridad, que informe cómo se tomó las autorizaciones, qué criterios se están tomando, si hay inquietudes o preguntas que tengan incluso coadyuvancias o defensas que tiene en Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) o de despachos, también, que en la mesa quede documentado que se atendieron todas las inquietudes. Finalmente, esa es la parte que también nos ayuda a nosotros de que haya información que le permita a las personas conocer que efectivamente lo que se está llevando a cabo tiene un impacto o una violación a su derecho; y de ahí el hecho de que también se les acerque la información. Eso lo hacemos de manera constante en muchas quejas que se presentan aquí, donde al momento en el que tienen la información, se puede cerrar ya documentando que se agotó el que la persona ya quedó con claridad por qué se llevaron a cabo las acciones.
P: En este caso y por lo que se ha armado, todo el borlote, ¿podríamos tener acceso los medios?
PGG: Bueno, en este caso más bien nosotros hacemos público en su momento la información que sea relevante a través también de documentación o de boletín para que tengan ustedes la información. Cuando son casos de interés público, porque en este caso la Comisión incluso los abre cuando son los medios quienes nos reportan alguna situación que pudiera ser violatoria de derechos humanos, sí se puede en su momento dar a conocer, porque son documentos públicos, la información que en su momento nos rinda el propio INAH o el INBA. O sea, eso sin problema se puede presentar porque va a ayudar también a una mayor claridad y que ustedes difundan también hacia la sociedad en general si se está cumpliendo o no, más allá de lo que la propia Comisión en su momento determine. Pero el tema de lo que nos informen autoridades públicas por supuesto se los podemos nosotros también dar a conocer de manera sistematizada de qué nos están dando para que haya una claridad de qué se tenía que cubrir, si efectivamente se cubrió y en esos términos tengan ustedes también claridad para informar.
P: Nada más si me recuerda, por favor, ¿esta recabación de información que están haciendo es a raíz de la queja interpuesta por ciudadanos?
PGG: Sí, es con vecinas y vecinos.
P: ¿Qué asociación o bajo qué nombre están?
PGG: Bueno, a nosotros nos llegaron en cuestión de vecinas y vecinos de la zona y sobre todo fueron del lugar, de la zona donde se está llevando a cabo la obra. O sea, en este caso indistintamente también de que existan los peticionarios ya la Comisión lo que hace es revisar de manera integral para que efectivamente haya una claridad de que se hayan cumplido las características que requería la obra. Ver la cronología, que eso nos dará mucha tranquilidad a todos de cómo se fueron haciendo los procesos, pero a veces también, y lo hemos reiterado, ayudan mucho las jornadas informativas porque eso hace que no haya suspicacias o incertidumbres a las vecinas y vecinos sobre por qué se lleva la obra, cómo se determinó, qué criterios se están llevando, qué licencias ya tienen autorizadas, y pues ahora será también el criterio que nos establezca, porque sí se hace muy técnica este parte, tanto el INAH o el INBA de si se puede o no y en qué términos se llevó a cabo. Muchas gracias.
