Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Posicionamiento 34/2017
15 de mayo de 2017
En el marco de la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales de la Ciudad de México que, siguiendo los pasos de otras entidades federativas como Guanajuato, Morelos, Jalisco y el Estado de México, el 12 de mayo del presente año presidió la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, con la participación de la Asamblea Legislativa y de las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, del Trabajo y Fomento al Empleo.
La Ley Nacional de Ejecución Penal en su Artículo 7 establece que los poderes Judicial y Ejecutivo se organizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias para el cumplimiento y aplicación de esta Ley y señala como autoridades corresponsables a las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, Cultura, Salud, Trabajo y Previsión Social, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas y la Ciudad de México, así como aquellas otras instituciones que por su naturaleza o mandato deban intervenir.
Mandata que en las entidades federativas se deberán establecer comisiones intersecretariales, encabezadas por la Secretaría de Gobernación o su equivalente, que se encargarán de diseñar e implementar los programas de reinserción dentro de los centros penitenciarios, así como los servicios post penitenciarios.
En este sentido, en reiteradas ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha planteado al Gobierno de la Ciudad de México la necesidad de la coordinación entre las distintas dependencias responsables de atender, en condiciones de igualdad y sin discriminación, a todas las personas que se encuentran privadas de libertad, teniendo como punto de partida que son sujetas de derechos y que es obligación del Estado garantizar su goce y ejercicio.
La instalación de la Coordinación Interinstitucional permitirá abordar algunos de los temas pendientes en los centros de reclusión de esta Ciudad, como son:
- Reconocer las actividades laborales que realizan las personas privadas de libertad y garantizarles el pago de su salario a tiempo y las prestaciones de ley, así como que éstas beneficien a sus familias.
- Impulsar la capacitación y participación en actividades productivas de las personas privadas de libertad, sin estigmas ni estereotipos de género.
- Garantizar que las personas en reclusión tengan acceso total a los programas sociales y que su condición de privación de libertad no sea un obstáculo.
- Proporcionar a las personas privadas de libertad el acceso a los servicios de salud, aún los de alta especialidad y tercer nivel y poder acceder a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
- Aumentar la matrícula de Educación Superior, ampliar la oferta educativa y proporcionar espacios adecuados y dignos para las y los estudiantes.
- Asegurar que los beneficios de la educación física y la cultura lleguen a todos los centros de reclusión, a través de actividades programadas y dirigidas por especialistas y que no se limiten a la instalación de gimnasios o cine-debate.
Asimismo, la coordinación de las dependencias involucradas permitirá atender de manera integral las problemáticas evidenciadas en las Recomendaciones sobre el Sistema Penitenciario emitidas por este Organismo y que están pendientes de cumplimiento; incluso, de tiempo atrás, existen varios puntos recomendatorios en los que la CDHDF planteó la necesidad de que las diversas instancias que deban intervenir en la atención de la población penitenciaria se coordinen.
Resultan relevantes los servicios post penales que integra la Coordinación pues, como se señaló en la instalación, mensualmente egresan alrededor de mil personas de los centros de reclusión, quienes se reintegran a la sociedad sin empleo, sin recursos económicos y en muchos casos sin red familiar de apoyo, y tienen que deambular de dependencia en dependencia para tramitar sus documentos de identidad que les permitan solicitar el seguro del desempleo, atención médica, educación, etcétera. La CDHDF espera que en virtud de este esfuerzo interinstitucional se elimine la “tramitología” y se garantice a las personas liberadas el derecho a la reinserción social.
En cumplimiento de sus obligaciones, todas las acciones que desarrollen las autoridades corresponsables y todas aquellas que deban tener intervención, deberán tener un enfoque de derechos humanos pues actualmente la visión asistencialista es inaceptable para enfrentar los retos que plantea la reinserción social y es incompatible con las obligaciones constitucionales y convencionales de la autoridad.
No se puede dejar de señalar la necesidad de sumar a la Coordinación Interinstitucional de Reinserción Social a otras autoridades de la Ciudad de México, corresponsables en el esfuerzo de cumplir y aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, como la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Defensoría Pública, para erradicar de raíz problemas que vulneran de manera grave los derechos humanos de las personas en reclusión.
Mucho queda pendiente por hacer para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, sin embargo, esfuerzos como la instalación de la Coordinación Intersecretarial constituyen un paso adelante, una gran oportunidad para enfrentar este gran reto pendiente.
En cumplimiento de su mandato, la CDHDF continuará supervisando las condiciones de las personas que se encuentran en los centros de reclusión de la Ciudad de México y de quienes egresen de ellos, y como se anunció en la última comparecencia ante la Asamblea Legislativa, se prepara una Propuesta General en la materia.
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