Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 70/2017
29 de mayo de 2017
- Exige a las autoridades tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las mujeres, particularmente de defensoras y periodistas
Se estima que entre 2013 y 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001 y 2006 el promedio era de 3.5.[1] De acuerdo con la Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se registraron 85 presuntos feminicidios en 2016 y 32 hasta mayo de 2017 en la Ciudad de México.[2]
La discriminación y la violencia hacia las mujeres en México, lejos de ser un fenómeno aislado y erradicado, ha ido en aumento en los últimos años a pesar de los avances que se han tenido en materia legislativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres, que se manifiesta a través de feminicidios, agresiones sexuales, acoso, hostigamiento y otros tipos y modalidades, se suma a la amenaza recurrente para la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres periodistas y defensoras, por lo que constituye un obstáculo para su desarrollo profesional en condiciones de igualdad.
En el contexto actual de violencia generalizada, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan una grave crisis de seguridad en el ejercicio de su labor. Esta violencia cobra especial énfasis en mujeres periodistas y defensoras al dejarse de garantizar los derechos humanos de las mujeres de forma integral, particularmente el derecho a una vida libre de violencia, a la seguridad, a la integridad personal y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, que forman parte de las obligaciones del Estado mexicano.
En el caso de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, significa una doble carga de violencia, derivada de la construcción social de género que las coloca en una situación de discriminación por el hecho de ser mujeres, a lo que se suma el riesgo en el que hoy se realiza el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos.
Dos ejemplos de lo anterior son el asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal en Chihuhua del periódico La Jornada y el Norte de Juárez, el 23 de marzo de 2017, quien fue atacada cuando se encontraba junto con su hijo afuera de su domicilio en la capital de Chihuahua. Miroslava, de 54 años de edad, se distinguió en el ejercicio periodístico por la profundidad con que abordaba temas de política y seguridad, siendo el tercer asesinato contra periodistas que se suscitó en 2017.
Por otro lado, el 25 de mayo fue asesinada la locutora Judith Paula Santiago Ramírez, quien presuntamente colaboraba en la radio comunitaria Radio Mitla, mientras se encontraba en su otro espacio laboral, ubicado en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, lugar al que, según información de medios locales y nacionales, ingresaron dos hombres que abrieron fuego contra Judith.
Esto se enmarca en un contexto en donde entre 2014 y 2015 el número de agresiones contra mujeres periodistas aumentó en 70%, en comparación con los dos años anteriores.[3]
Respecto a las agresiones contra mujeres defensoras es importante destacar que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó que de 2012 a 2014 ocurrieron 615 agresiones contra defensoras en el país.[4]
En tanto que en la Ciudad de México, la Relatoría por el Derecho a Defender los Derechos Humanos de la CDHDF, del 2012 al 2016, registró 89, observando un incremento en los años 2015 y 2016. Cabe señalar que en 2016, el 25% del total de las agresiones contra personas defensoras fueron hacia mujeres.
Resulta preocupante que en lo que va del año se contabilizan tres asesinatos contra mujeres defensoras en el país, en medio de un número elevado de agresiones perpetradas como consecuencia de la labor de defensa o promoción que llevan a cabo.
En marzo fue asesinada Emma Gabriela Molina, en Mérida, Yucatán, reconocida por la lucha que emprendió para recuperar la custodia de sus hijas, haciendo frente al poder que detentaba su ex marido, un influyente empresario.
En mayo, fue asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Personas Desaparecidas en San Fernando, Tamaulipas, reconocida por su lucha para encontrar a su hija desaparecida en el 2012, además de acompañar a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda. En este mismo mes, fue asesinada Jennifer López, mujer transgénero, quien defendía los derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) en Ometepec, Guerrero.
La CDHDF exige el cumplimiento de la recomendación hecha por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer (Comité CEDAW), que en 2012 recomendó al Estado mexicano adoptar medidas “concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”[5].
[1]INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 2016. Datos nacionales. Consultado en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
[2]Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género, Monitoreo sobre presuntos feminicidios en la Ciudad de México. Consultado el 26 de mayo de 2017.
[3]CIMAC. El poder del cacicazgo. México. 2017. p. 8
[4]Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Diagnóstico nacional de agresiones contra mujeres defensoras en México, 2017. Pág. 31
[5]Recomendaciones al Estado mexicano del 52º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebrado del 9 a 27 de julio de 2012 que en su punto 24 inciso C.
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