Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Posicionamiento 31/2017
12 de mayo de 2017
- Es un atentado contra la comunidad de defensoras y defensores que afecta a la sociedad entera, en franco retroceso en la agenda de derechos humanos.
- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señaló que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien era representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, en Tamaulipas.
De acuerdo al comunicado publicado por la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, el 10 de mayo, aproximadamente a las 22:30 horas, hombres armados se introdujeron al domicilio de la defensora Miriam Rodríguez –que se encuentra ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas- y le dispararon en múltiples ocasiones, a consecuencia de lo cual falleció durante su traslado al hospital.
Miriam, como otras mujeres y madres en este país, se dedicó a la búsqueda de su hija Karen Alejandra (desaparecida en 2014), ante la falta de investigación y resultados de las autoridades para dar con su paradero. Por ello, llevó a cabo sus propias investigaciones, ubicando los restos de su hija e identificando a los responsables. El aprendizaje obtenido en este proceso lo compartió con otras personas que se encontraban en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el Valle de San Fernando y los acompañó en sus búsquedas.
Derivado de todo ello, Miriam Rodríguez se convirtió en una defensora de derechos humanos, trascendiendo su caso particular para acompañar y defender la causa de otras y otros. Por eso, este lamentable ataque no sólo es contra ella, sino contra su labor colectiva y lo que ésta representaba para San Fernando, para Tamaulipas y para el país en general. Por ello, el asesinato de Miriam Rodríguez implica un atentado contra la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos que afecta a la sociedad entera, en franco retroceso en la agenda de protección a los derechos humanos y a las personas que los promueven, que se esfuerzan por hacerlos vigentes y que los defienden, constituyéndose en pilares de un Estado democrático.
En su visita a México en el pasado mes de enero, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, señaló que frente al elevado número de violaciones a derechos humanos hay una tasa ínfima de investigaciones exitosas que provoca una sensación de impunidad generalizada, lo que envía un peligroso mensaje y un entorno propicio para la repetición de crímenes en contra de personas defensoras. Por ello, Michel Forst señaló que “la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México”.
En coincidencia con los señalamientos del Relator, esta Comisión se pronuncia hoy, como hace siete años, por la investigación y sanción a los responsables, la adopción de medidas de no repetición y la generación de las condiciones necesarias para que las y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad, a través de la implementación de las medidas necesarias para asegurar su protección, así como de integrar la perspectiva de género en sus iniciativas para crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos, especialmente para las mujeres defensoras, quienes además se enfrentan a la discriminación y violencia sistemática a las que se enfrentan las mujeres en general por su condición de género.
Ante la gravedad de los hechos, la CDHDF se suma al llamado que hiciera el Relator, así como al que hacen hoy las organizaciones, colectivos, defensoras y defensores que han exigido la investigación exhaustiva del asesinato de Miriam Rodríguez, la atención a las causas que generan y reproducen los crímenes y amenazas contra las personas defensoras, en particular contra las mujeres defensoras, con especial énfasis en la impunidad, para garantizar la justicia, la paz, la libertad y el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
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