Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 10/2017
31 de mayo de 2017
Pregunta (P): Me quedé con la duda sobre este caso que cumple todos los demás. Pero son cuatro casos en cinco expedientes. Detalló un caso. ¿Pero en los otros tres casos qué fue? ¿Suicidio?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PPG): En todos los casos fue tema de suicidio. Bueno, en el primero fue negligencia por el tema de que la persona estaba en un estado de intoxicación. Se lesionó al momento de levantarse para vomitar, pero lo grave son los 20 minutos que tardaron en siquiera acercarse a ver qué estaba pasando, el que no se requiera el apoyo o el auxilio médico y el cómo se llevó a cabo cada una de las etapas en las cuales incluso tenían persona menores de edad mezcladas con adultos, hacinamiento, la falta de atención.
P: ¿Y los otros tres?
PGG: Son temas de suicidio. Dos suicidios y el otro el tema de arresto, también.
P: ¿El otro no está lesionado ni nada?
PGG: No, el cuarto no. El cuarto incluso en la forma como cumplió su sanción administrativa no fue en las mejores condiciones y por eso ahora es una víctima.
P: Oiga, Doctora, ya se han hecho varios exhortos a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina sobre hacer protocolos para que los policías trabajen conforme a derechos humanos. ¿Cuál es el balance que hay en la SSP?
PGG: Mira, uno que ya estamos observando, porque ya se logró derivado de las Recomendaciones en los temas de detenciones arbitrarias, ya se tiene el protocolo de cómo deben acompañarse las manifestaciones. Ésta se hizo con sociedad civil. Lo que estamos ahora observando justo en las manifestaciones es cómo están cumpliendo con el mismo la propia Policía. En este caso de Juzgado Cívico sí hay que decir que hay ahí un pendiente histórico, porque se ha reportado, y tenemos los diagnósticos, de las pésimas condiciones en las que están las instalaciones, el propio personal. O sea, la forma en cómo ellos están llevando a cabo sus funciones no son óptimas, y no se les ha dado suficiencia para habilitar. Lo más grave es ahora este tipo de violaciones donde por las condiciones en las que están se propicia la pérdida de vidas de las personas que están en una detención que tendría ser una mera infracción administrativa.
Entonces sí detectamos ahí que la falta de capacitación, protocolos, el propio espacio físico, propicia que se lleven a cabo estas situaciones. No es pretexto y sí es un tema que hemos reiterado que se tiene que reorganizar presupuestalmente las prioridades para darles la suficiencia de habilitación adecuada a los espacios, de capacitación, pero sobre todo de la creación, porque aquí no existe. No cuentan los Juzgados Cívicos con un protocolo de qué hacer cuando una persona está intoxicada tuviera alguna situación de riesgo que pudiera tanto atentar a su propia vida o ponerla en riesgo como pasó en este caso de los cuatro casos y tres donde sí fallecieron las personas.
P: Doctora, en otro tema, preguntarle sobre el caso de Lesvy, que dice la familia que no le han dado todo el expediente. ¿Ya hay denuncia?
PGG: Nosotros abrimos la queja de oficio. Tenemos en la Primera Visitaduría por el tema de los tuits que emitió el área de Comunicación de la Procuraduría, misma que también se está documentando. Hay que recordar que en ese caso sí es delicado por el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Pudiera estar violando la presunción de inocencia y todo el tema de lo que implica la confidencialidad de la investigación.
Por otro lado, tenemos la queja abierta en la Cuarta Visitaduría para revisar que el caso se lleve a cabo con los protocolos de feminicidio y ya desvirtúe la autoridad qué fue lo que pasó. Desde el momento en que tuvimos conocimiento de los hechos se abrieron las dos quejas. Tenemos contacto directo con la madre de la víctima. Sabemos que efectivamente no le han dado acceso a la totalidad del expediente. Nos informaron que al parecer la Procuraduría General de la República estaba haciendo algún peritaje. Solicitamos le informe por escrito qué tipo de peritaje y qué momento permitirán el acceso. Nosotros hicimos ya solicitudes de información respecto al expediente, mismo que está por vencerse el 5 de junio. Esperamos no tener que enviar un recordatorio. Sí es muy importante para Comisión observar qué está haciendo la Procuraduría en tanto la cadena de custodia, el resguardo que se tenga de las evidencias y el procedimiento que se lleve a cabo, respetando qué coadyuvancia son las que tienen que consultar este expediente y la voluntad que tiene la propia madre de la víctima.
P: Todos los días se viola el derecho. Todos los días se publican notas y si usted abre el periódico hoy, ¿por qué solamente cuando es un caso como éste?
PGG: Ah no, es que aquí saben qué, tenemos nosotros ya documentado y hemos emitido en diversos momentos hacia la Procuraduría la importancia que tiene el que cumpla los protocolos de investigación…
P: Pero no se hace…
PGG: Es que es donde viene, una, el hecho de que o lo actualizan, porque lo que hemos detectado es: o no se generaban y ahora que se generan no tiene la capacitación el personal para implementarlos. Y en la medida en que los violentan lo que no dan es un derecho a la justicia porque no hay una forma de determinar si hubo o no relevancia por el tipo de protocolo que se implementa, llámese de periodistas, de defensores o de feminicidio, que son los casos que hemos nosotros ido documentando.
P: Pero las filtraciones, todos los días hay filtraciones. Diario.
PGG: Ah lo de filtraciones. Miren, aquí sí es delicado en dos sentidos: hemos emitido ya Recomendaciones y se tienen que actualizar los criterios que tiene la propia Procuraduría. No debe de ser un acuerdo interno, sino una cuestión de salvaguarda de lo que implica en protección de datos personales, presunción de inocencia. Sí hemos manejado el tema de cómo es posible que en medios aparezcan fotografías de expedientes cuando ni la propia Comisión puede acceder a los mismos, o las víctimas. Entonces esa parte sí hemos pedido en Recomendaciones. Sí hemos solicitado se inicien las investigaciones. Sabemos que de otros casos donde ha habido filtración ya hay personas con responsabilidad, con inhabilitación, con suspensión. Esa es una parte que inhibe el hecho de que se reproduzcan.
En el caso de los tuits que fueron emitidos directamente por el área de Comunicación, no es sólo que anuncien que renunció la persona responsable, es que efectivamente haya una investigación donde veamos qué impacto va a tener esa difusión de tuits en la responsabilidad que va a tener la propia Procuraduría. Y el hecho de que a la fecha todavía no se deslindan los hechos ni cómo se va a dar la investigación, están violentando la presunción de inocencia al momento de difundir esa parte. Están revictimizando, están estereotipando. O sea, generaron una serie de situaciones directamente porque ésta ya no fue filtración. Ahí fue un comunicado institucional de la propia Procuraduría. Entonces ésta sí nos va a abrir a nosotros un precedente del tipo de pronunciamiento que vamos a establecer porque pudiera estar viciando ya incluso el propio procedimiento.
P: Oiga, al rato hay una marcha de otro caso de una chica, de Belem. El Procurador informó que ella fue ubicada, pero que ella no deseaba ser ubicada. Y hoy hay una marcha. La madre dice que a ella le tienen que informar a fuerza en dónde está. ¿Qué pasa aquí?
PGG: Nosotros ahí tenemos la queja abierta. Estaríamos investigando qué sí hizo la autoridad, qué omisiones puedan tener o no y en este caso también determinar qué edad tiene la persona, efectivamente si tiene ya un tema de guarda-custodia o no si fuera menor de edad. Una cosa también es qué determina la propia madre en este caso, pero la otra es también escuchar a la propia persona interesada para saber nosotros en la investigación que estamos teniendo abierta qué es lo que está pasando y en qué medida es responsabilidad de la autoridad o se convierte en un asunto ya de naturaleza familiar.
P: Pero si ellos la ubicaron. Ya saben en dónde está. Ya hablaron con ella. ¿Ellos no están obligados a informarle a la familia porque es una persona mayor de edad, o sí?
PGG: La iniciamos porque de entrada como se enteró la familia fue por medios, no con un contacto directo.
P: No, pero en la marcha, en concreto en la marcha del día hoy. La marcha es para exigir que la Procuraduría les informe a las personas en dónde está ella, pero ella no desea eso.
PGG: Pero, a ver, aquí lo importante, hablando otra vez de que tenemos el caso abierto, es que en primer lugar las personas reportan como un tema de que no aparece la persona. Entonces en este caso dice la Procuraduría: “Yo la ubiqué”. Muy bien. Y luego decir: “Por qué no me informas dónde está”. “Ella no quiere”. Nosotros tenemos que en su momento observar que efectivamente, y tendríamos que hacer el acercamiento y la entrevista, la persona es la que no quiere ser identificada…
P: ¿Y a quién se le tiene que informar, a la madres o a ustedes, o a quién?
PGG: Nosotros como autoridad que vigilamos los actos que tiene la propia Procuraduría podemos nosotros documentar y revisar, con niveles de confidencialidad y respetando también la voluntad de todas las partes que pudieran estar involucradas, para no generar una afectación mayor. No presumimos nada. También hay que saber primero si es real que la persona no quiere ser identificada; segundo, dónde y por qué razón es que no quisiera ser identificada, porque ahí podría ser un reporte adicional cuando vemos otro tipo de contextos. No prejuzgaría porque está investigación, pero sí la Comisión en este caso puede observar lo que ha hecho o dejado de hacer la Procuraduría; sí acercarnos, porque eso sí lo podemos solicitar con los niveles también de confidencialidad, a la persona involucrada y ver en este caso que haya una claridad para todas las partes. Sin sustituir también lo que en su libertad pudiera tener la persona. Pero que también haya una certeza de que efectivamente esta persona no quiere ser localizada.
P: ¿Y lo van a hacer?
PGG: Ya lo tenemos, sí. Nosotros en la parte de la queja que tenemos abierta tenemos todos estos requerimientos de información hacia la Procuraduría, y en su momento eso nos permitirá determinar si hay alguna omisión o acción que pudiera generar una violación a derechos humanos.
P: Doctora, preguntarle solamente, en los casos de que autoridades implantaban anticonceptivos a chicas de los centros de tutelares.
PGG: Miren, en este caso nosotros tenemos una queja de oficio abierta. ¿Qué nos permite esto? Estamos revisando de manera estructural no sólo el tema de decir cuántas personas que están en las Comunidades de Adolescentes están teniendo esta medida anticonceptiva, sino su derecho a la información, que efectivamente tengan aprobado, porque tiene que haber un consentimiento por escrito en cada uno de los casos. En este momento hemos tenido reuniones de trabajo con las propias autoridades de Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno para verificar caso por caso cómo se está manejando el hecho de que es necesario el tipo del implante, si se le informó adecuadamente a la persona, si en su momento también sepa qué consecuencias tiene el que utilice este método y la otra es que nos muestren, porque sí estamos verificando esa parte, cada uno de los consentimientos escritos. O sea, en la medida en que esté el consentimiento y se garantice el derecho a la información tanto a las familias como a las personas que están internadas no tendríamos nosotros un pronunciamiento.
Lo hicimos de una manera estructural porque nos permite revisar todos los casos. No es que tengamos propiamente un caso de una persona que nos haya reportado algo, sino que derivado de la revisión que venimos haciendo en comunidades de adolescentes nos hemos pronunciado en diversos temas. Y este otro simplemente de observación integral para ver efectivamente se esté garantizando primero el derecho a la información, el por qué se están tomando estas medidas y el derecho también de las familias y las propias personas que están en este condición para ver que efectivamente se esté respetando su decisión.
No tenemos en este momento alguien que nos haya reportado una irregularidad. Lo estamos haciendo nosotros de manera preventiva en coordinación con las propias autoridades de manera integral. De ahí derivarán también ver si ya se hacen medidas de atención inmediata, si hubiera algo que reforzar o simplemente también darle la certeza a ustedes de que está todo en orden.
P: Doctora, en el caso de las Recomendaciones que usted hace hoy, no es la primera vez que se refieren a los Juzgados Cívicos, ¿es una cuestión generalizada? Y el caso también de los jueces, ¿si están capacitados?
PGG: Miren, lo que decíamos justo que ha sido una cuestión estructural, y lo señalamos así en la Recomendación, mientras no le den suficiencia, actualicen los temas de infraestructura, están en condiciones también, la propia autoridad no está en las mejores condiciones de prestar el servicio. Creo que ahí sí es obligado de nosotros con toda claridad decir que si no tiene ni siquiera las condiciones mínimas de cómo operar ellos mismos sí se hace peor todavía que se generen responsabilidades por las propias condiciones de falta de capacitación. En lugar de sillas tienen botes volteados como asiento. El “tronco”, que es un clásico de un Juzgado Cívico, es la sala de espera. O sea, sí son temas que hemos visibilizado y que siguen siendo pendientes de que se les dote de la suficiencia presupuestal, de la infraestructura. Pero por otro lado, desde 2001, el Informe Especial que tenemos, 2013 y 2016, que es más reciente, nos detona que se den nuevos casos. ¿Pero por qué se están dando? Porque no han cambiado las condiciones.
Entonces sí es una alerta de que se genere el protocolo, que ya tenemos documentado que no existe, que no se ponga en riesgo la vida de las personas en esta situación de infracción y que no violenten derechos de niñas, niñas, y en este caso de adolescentes que estuvieron sancionados y que gracias al caso que nos detona, nos dimos cuenta que estaban en la misma galera, hacinados, menores de edad. O sea, hicimos el recuento y palomeamos todas las situaciones que no deben pasar en ese tipo de espacios. De ahí el que reiteremos no sólo el cumplimiento de las Recomendaciones que están pendientes, sino que ya se atiendan estas nuevas modalidades y que se atienda en el sentido de erradicar la práctica, porque si siguen las mismas condiciones lamentablemente pueden pasar hechos similares.
P: ¿La Recomendación considera, para el caso de los adolescentes, una reparación del daño o algo por el estilo?
PGG: En el caso de los menores de edad no quisieron acercarse a la Comisión. Nosotros lo determinamos por la revisión que hicimos de manera integral. Entonces no necesariamente ellos quisieran que se señalaran, ni formar parte de víctimas. Pero nosotros, al momento de tener la situación, sí estamos alertando que no puede pasar que menores de edad estén en estas condiciones y no se esté respetando la Ley de Cultura Cívica.
P: ¿Qué respuesta esperarían ustedes del Consejero Jurídico, Manuel Granados?
PGG: Bueno, lo que esperamos, y más que ha sido instrucción del Jefe de Gobierno, es que acepten la Recomendación. Pero recuerden, y tenemos nuestroÍndice de Cumplimiento de Recomendaciones que es público y que se actualiza permanentemente, que empiecen los niveles de cumplimiento. Lo que nos alerta es que el año pasado emitimos una Recomendación por casos de fallecimientos de años anteriores y a un año casi de distancia se presentan otros tres casos. Entonces, ¿qué no ha cambiado? Por eso en el documento, que está también completo en la página, pueden ver ustedes directamente qué sí se ha venido atendiendo, pero qué otras prácticas continúan y en la medida en que continúen pues se están presentando estos nuevos hechos.
Ahí sí nos alerta el protocolo, la capacitación y qué medidas manejan porque lo hacen de una manera artesanal e improvisada, pero a veces también sin cargárselo a la propia autoridad qué se les está dando, bajo qué condiciones laborales están, bajo qué espacio físico y bajo qué capacitación para que realmente atiendan adecuadamente estos casos.
P: ¿Entonces sí se puede hablar de una situación generalizada de abandono, de falta de cumplimiento en los Juzgados Cívicos?
PGG: Es que a todos los Juzgados Cívicos en esta Ciudad les hace falta una reorganización en cuanto a su propia infraestructura. Se ha reportado, existen los estudios, se ha solicitado. La propia Asamblea en algún momento iba a determinar ya una suficiencia que no llegó. Entonces nos preocupa doble a nosotros porque por un lado el servidor no está en condiciones adecuadas en sus condiciones laborales para prestar el servicio, pero a parte está generándole otra responsabilidad adicional por falta de capacitación, por falta de infraestructura, que hace que las personas pierdan la vida por temas de suicidios o por temas de intoxicación. Y no hay protocolos. O sea, lo más grave es que la mayoría de las infracciones cívicas son personas que se les detiene por estar en estado de ebriedad en el espacio público, y no tienen un protocolo de cómo atender un tema de intoxicación y eso derivó en la muerte de una persona. Eso es gravísimo por el tema mismo de que pierde la vida alguien. Pero lo más grave es que siguen y prevalecen las condiciones de infraestructura, capacitación y condiciones laborales del personal que están en todos los Juzgados Cívicos de la Ciudad.
P: ¿Y el perfil de los jueces es el adecuado para estar en este tipo de…?
PGG: Nosotros de los casos que hemos documentado llama la atención que hubieran detenido a menores de edad sabiendo que la ley se los prohíbe. Entonces también de ahí viene el tema de la capacitación no sólo a las personas que detienen, sino a las personas que en su momento llevan el procedimiento de la infracción. O sea, sí nos alerta en estos casos porque nos está cuadrando en todos los tipos de violaciones que no queremos que pasen en este tipo de lugares. Muchas gracias.
