Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 07/2017
3 de mayo de 2017
Pregunta (P): ¿Hasta este momento, cuántas quejas son las que tienen aquí registradas por casos de abusos contra periodistas?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Propiamente, más bien es en los acompañamientos de cubrir la fuente en las manifestaciones. La propia Comisión emitió una Recomendación donde se da el antecedente de la documentación ciudadana. El hecho de que cualquier periodista, cualquier persona, en el espacio público que use algún sistema de videocámara o el propio celular, no podrá ser impedido por la autoridad para que pueda videograbar y posteriormente usar este elemento para denunciar cualquier abuso de autoridad. Ese es el tipo de casos que hemos estado documentando.
Estamos documentando también el caso Narvarte en cuanto a si se documentó conforme a los protocolos de feminicidio y de libertad de expresión que están vigentes en la Ciudad. De eso también ya próximamente tendremos un pronunciamiento. Y seguimos en esta parte más a nivel país de la alerta que traemos respecto al nivel de impunidad; los homicidios que no cesan; las medidas indirectas de ataques a la libertad de expresión; y un día como hoy de Libertad de Prensa, lo decíamos, no tenemos nada que celebrar. Por el contrario, sigue preocupando que ante la omisión del Estado de atender las medidas internacionales se convierta ahora este escenario en la autocensura como forma de protección del periodista. Y la otra y más importante, las medidas preventivas que efectivamente garanticen el ejercicio y los fortalecimientos también a los propios medios de comunicación respecto a los derechos laborales de las y los periodistas que forman parte de su plantilla.
P: Yo quería preguntarle, ¿cuáles son las principales amenazas a la libertad de expresión? De alguna forma lo dijo, pero que usted me lo diga.
PGG: La más grave en cuanto a amenazas son los ataques directos que van desde los homicidios y desapariciones. Aquí lo que hemos denunciado, y que ya nos alerta, es el nivel de impunidad. En la medida en que no se busquen a los responsables, no se consigne, no se lleven las investigaciones, vemos que hay más de un 90% de casos abiertos que a la fecha no se sabe quiénes fueron los probables responsables, y lo peor es que se siguen dando estas situaciones de ataques directos a las personas que ejercen el periodismo, hombres y mujeres ya sin distinción. Ese digamos que es el más grave.
El otro es el sutil. El que tiene que ver con sus cuestiones de libertad laboral, de los derechos laborales que pueden tener; de las cuestiones que se pueden manejar en una tercera parte del país; de criminalizar el ejercicio de la prensa con los delitos contra el honor; y las demandas. Vemos que no cesan las demandas ahora contra periodistas que documentan casos de interés público. El problema no es que sean llamados a juicio, sino los tiempos que desgastan el ejercicio periodístico. Y la nueva Ley General de Transparencia que ahora también abre nuevas vertientes para documentar casos de periodismo de investigación, pero que también se tienen que dar a conocer las nuevas reglas que están ahora en esta Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales para no poner en situación de vulnerabilidad al periodista que documente algo y que luego pueda comprometer alguna fuente o algún dato que lo llame a juicio.
P: Doctora, ¿con qué mecanismos cuenta la Comisión para defender exactamente a los comunicadores?
PGG: Justo estamos por conmemorar este 30 de mayo el décimo aniversario de las Relatorías que existen aquí en la Comisión y la primera Relatoría que nació en la Comisión fue justo de libertad de expresión. Creo que esa parte también de que en las Comisiones de Derechos Humanos haya Relatorías porque son personas especializadas y capacitadas en la materia puede no sólo generar el tema de la documentación a través de quejas de posibles agresiones, sino informes especiales, informes a los Relatores internacionales, documentación que se puede hacer a nivel país y visibilización de estos temas.
La Comisión desde hace 10 años fue pionera en generar la primera Relatoría en la materia. Y por otro lado, los cursos de capacitación constantes, la documentación, los materiales que se dan de manera permanente por el área de Vinculación con Sociedad civil, y mucho también en coordinación con la propia sociedad civil especializada en materia de libertad de expresión.
P: Doctora, ¿cuántos casos ha tenido la Comisión?
PGG: Bueno, aquí lo que comentaba previamente es justo que no es que haya casos directos. Estamos ahorita documentando el caso Narvarte, por ejemplo, para ver si se está haciendo el Protocolo en cuanto a la verificación que tiene que hacer de la línea de investigación de libertad de expresión y el caso también de los feminicidios. Pero sobre todo el tema de la documentación ciudadana. ¿Qué pasa cuando se está cubriendo una fuente, como en este caso, en el espacio público en manifestaciones y sufren agresiones por estar haciendo esa cobertura? Eso la Comisión ya se ha pronunciado a través de Recomendaciones diciendo que no se puede obstaculizar esta documentación que puede ser videograbada o manejar los aspectos también de los celulares.
Tenemos casos también abiertos, y que desafortunadamente han padecido compañeras y compañeros de medios de comunicación en la Ciudad, cuando han estado haciendo cobertura de momentos u operativos por parte de personal de la Secretaría de Seguridad, que sobre todo o les retira su equipo o no les permite documentar el caso cuando está pasando en el momento del operativo. Eso también lo tenemos actualmente en investigación.
Y los casos que más bien reportamos a través de la Relatoría a nivel nacional. Los más graves desafortunadamente son el tema de los homicidios, desapariciones, los temas de amenazas y la situación ahora también de la revisión que debe haber en los casos de las normas que pueden obligar a un periodista a estar permanentemente demandado.
P: ¿Qué respuesta ha tenido el Gobierno de la Ciudad en relación a sus Recomendaciones, específicamente en el caso de periodistas?
PGG: Bueno, el caso de la Recomendación de documentación ciudadana fue aceptada. Está a nivel de cumplimiento. Pero lo más importante es que desde el 2006 la Ciudad de México despenalizó los delitos contra el honor. Aquí en la Ciudad no existen los delitos de difamación, calumnia e injuria. E incluso creo una Ley Especial de responsabilidad civil para la protección del honor, la vida privada y la imagen. Pero a eso la falta un complemento: que los procedimientos sean más cortos. Y otra y más importante: el Poder Judicial tiene que estar capacitado, porque luego llevan el procedimiento como un daño moral cualquiera bajo otra lógica, sin ver que el que está siendo sujeto del juicio es un periodista que hizo periodismo de investigación o documentó un caso de interés público. Entonces ése sigue siendo un reto.
A nivel país sigue vigente también tanto la responsabilidad civil como el daño moral y lamentablemente vemos casos emblemáticos que se han hecho públicos de periodistas que son llamados a juicio, y el problema no solamente es el juicio en sí, sino el tema de los tiempos que se llevan cuando tramitan estos procedimientos que desgastan necesariamente el ejercicio periodístico.
P: El caso de Filiberto que usted acaba de mencionar…
PGG: Este caso es el último que se presentó el fin de semana. Es un conductor de radio que desafortunadamente fue asesinado. Su programa se llama “Poemas y Cantares”, incluso era un tipo de programa cultural. Es el último fallecimiento que tenemos reportado en cuanto a casos de homicidio. Indistintamente el móvil que pudiera llevar a un homicidio, la autoridad tiene la obligación de documentar primero si no fue por cuestión de su libertad de expresión o por su ejercicio periodístico. Esa es la parte que no se hace necesariamente cuando se documentan los casos de periodistas en cuanto a agresiones que viven. Y los estándares han dicho: Siempre que a un periodista se le agrede se presume que es por su ejercicio periodístico, salvo prueba en contrario.
¿Qué hace la autoridad? Primero busca el escenario de que fue “porque pasaba por ahí, lo confundieron, crimen pasional”, pero no investiga la otra línea. ¿Cómo saben que no fue por su ejercicio periodístico? Se tiene que documentar qué investigó, qué iba a investigar, qué intereses afectaba con sus publicaciones o qué intereses iba a afectar por futuras publicaciones conforme a la evidencia que tengan. Ese es un punto que es importante que la autoridad agote cada vez que documenta un caso, porque más allá de que no sea por su libertad de expresión, también tiene el acceso a la justicia de saber quién cometió el delito. Cuestión que a la fecha, por el nivel de impunidad de más del 90% de casos sin resolver, no tenemos siquiera una certeza de todas las y los periodistas asesinados, cuál fue el móvil o cuáles fueron las razones por las cuales no están con nosotros. Muchas Gracias.
