Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 49/2017
13 de abril de 2017
En 2016, a través de sus cinco Visitadurías Generales, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atendió 7 mil 930 quejas calificadas como violatorias de derechos humanos, de las cuales se derivaron 4 mil 960 medidas precautorias a distintas autoridades y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el Informe Anual 2016, presentado ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), las Visitadurías atendieron temas como seguridad pública y procuración de justicia (Primera Visitaduría); sistema penitenciario y administración de la pena (Segunda); Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESCA- (Tercera); violaciones graves a los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad (Cuarta); y derechos humanos laborales (Quinta).
El personal de la Primera Visitaduría formuló 568 medidas precautorias a diversas autoridades, siendo las más frecuentes a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de la Ciudad de México. Los asuntos más recurrentes refieren la falta de implementación de medidas de protección en favor de las víctimas del delito, omisión del personal del Ministerio Público de informar sobre delitos que se imputan a las personas probables responsables o imputadas, y negativa de dar acceso a la averiguación previa a víctimas o personas ofendidas y a las probables responsables o imputadas.
De las gestiones realizadas en 2016 destaca la obtención de una reparación integral para los familiares (víctimas indirectas) de una mujer que falleció después de haber sido alcanzada por una bala perdida, la cual había sido disparada por un servidor público adscrito a la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
En el caso de la Segunda Visitaduría se solicitaron 3 mil 17 medidas precautorias y apercibimientos por la actuación del personal y custodios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud, la Clínica Condesa, el Tribunal Superior de Justicia, la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica, y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes.
Las medidas precautorias se relacionaron con la salud y protección de la integridad física y psicológica de personas privadas de la libertad; o para promover acciones necesarias con el fin de que tuvieran acceso a defensoras y defensores de oficio, ejercieran su derecho al debido proceso, contaran con lo necesario para llevar una vida digna al interior de los centros de reclusión, tuvieran acceso a visitas familiares y conyugales, y gozaran de una adecuada administración de la justicia y ejecución de las penas.
La Tercera Visitaduría formuló 424 medidas precautorias solicitadas por casos relacionados con la salud, principalmente por el acceso, atención y disponibilidad de medicamentos para personas que requieren el servicio en algún hospital de la red de servicios de salud de la Ciudad de México; así como por el acceso, disposición y cobro de los servicios de agua proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), además de la calidad del servicio que presta el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Cabe destacar dos Recomendaciones emitidas relacionadas con la agenda DESCA: la gestión de residuos sólidos urbanos sobre su recolección, acondicionamiento y disposición, así como las condiciones en que los recolectores de desechos realizan su labor. En segundo término, respecto al ordenamiento y regulación del comercio en el espacio público en busca de conciliar el derecho al trabajo y las afectaciones a vecinos y transeúntes en vía pública.
En tanto, la Cuarta Visitaduría solicitó 295 medidas precautorias. Entre las autoridades a las que se dirigieron se encuentran la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Benito Juárez, diversas instituciones educativas de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF), la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, y la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica.
Deben mencionarse especialmente las acciones de vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la Academia y otras personas u organismos especializados como el caso de “Ednica” y “El Caracol” para trabajar los expedientes de quejas vinculados con el tema de poblaciones callejeras, y para la elaboración y emisión del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, el cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de junio de 2016.
La Quinta Visitaduría solicitó 656 medidas precautorias que atendieron a casos de urgencia relacionados con temáticas como acoso o violencia laboral en el centro del trabajo, condiciones de salud que atentan contra la integridad psicofísica de la persona agraviada, retención del pago u otras prestaciones legales, y amenaza de despido o la presunción de que se obligue a la persona peticionaria a firmar su renuncia.
Tales medidas se dirigieron a diversas autoridades de la administración pública, siendo las más recurrentes a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, a las 16 delegaciones políticas y al Tribunal Superior de Justicia local.
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