Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Posicionamiento 22/2017
15 de abril de 2017
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) La CDHDF condena enérgicamente el asesinato de Maximino Rodríguez Palacios y hace un llamado a las autoridades a no permitir impunidad en el caso enérgicamente el asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios, colaborador del portal de noticias Colectivo Pericú, ocurrido la mañana de ayer cuando se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial en La Paz, Baja California Sur. De acuerdo con información de medios locales, fue atacado a tiros desde una camioneta Pick up de color blanco. El periodista murió dentro de su automóvil a causa de los disparos.
El Colectivo Pericú informó que Rodríguez Palacios, quien cubría la fuente policiaca, fue atacado presuntamente con rifles de alto poder cuando arribaba a la zona de estacionamiento del centro comercial City Club, a bordo de su vehículo, un Honda sedán de color azul, donde solicitaría una silla de ruedas para su esposa que tiene problemas de movilidad y quien por fortuna resultó ilesa.
Se trata ya del cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año. Por ello, la CDHDF hace, nuevamente, un enérgico llamado a las autoridades competentes de los distintos niveles a fortalecer, con urgencia, todas las medidas de prevención y atención para que los casos sean investigados de acuerdo a los estándares internacionales en materia del derecho a la libertad de expresión y a favor de las víctimas, entre las que están las y los integrantes del Colectivo Pericú y la familia del periodista.
Se trata de ataques que repercuten en toda la sociedad y es obligación de las autoridades evitar la repetición de hechos como el que hoy indigna a la sociedad. En virtud de ello, apelamos a recordar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado mexicano es parte, donde se expresa que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, asegurar a las víctimas una reparación adecuada…”.
Cabe destacar que cuando un periodista es silenciado, la principal afectada es la sociedad que dejará de recibir la información que éste le proveía, y le corresponde al Estado salvaguardar la seguridad de los periodistas y crear las condiciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión.
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