Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 05/2017
28 de marzo de 2017
Pregunta (P): ¿Cuántas Recomendaciones se emitieron de estas solicitudes para que se deroguen los artículos de ataques a la paz pública y ultrajes?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Las hemos estado emitiendo desde el año 2014 a la fecha, son cuatro Recomendaciones que fueron aceptadas por la Asamblea Legislativa como autoridad colaboradora en las cuales pedimos dos situaciones: que se derogue el Artículo de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, porque hemos determinado en la revisión de los casos que hemos visto con víctimas que se han utilizado para criminalizar la protesta social y la libertad de expresión, incrementando las sanciones. En ese sentido, vemos que no es necesario que exista la figura, la propia Suprema Corte ya desestimó una de ellas considerándola inconstitucional y no entra ya en un entorno de revisión integral de lo que implica la libertad de expresión, la protesta social y la libertad de manifestación.
P: ¿Estamos hablando del caso de Fernando Sotelo, por ejemplo?
PGG: Estaríamos hablando de todos los temas que hemos visto en más de centenares ya de víctimas que tenemos documentados en los diversos instrumentos, que va desde la propia derecho a la documentación ciudadana, derecho a los propios medios de comunicación, al tomar las medidas de protección cuando cubren las movilizaciones, los temas de que se utilizan para incrementar la sanción y que no tengan derecho a fianza, todos estos aspectos que ya tenemos documentados vemos que en la medida en que se diera la derogación de manera integral la van a tener que, de manera retroactiva, beneficiar a personas que tuvieran ahorita ese incremento, pero aparte, erradicaría la práctica de detenerlos, incrementarles la sanción y que acaben recluidos hasta que no logran los amparos correspondientes.
P: De hecho, la propuesta ya está en Comisiones, este…
PGG: Sabemos que hay dos propuestas, incluso les hemos dado el seguimiento de ahí el exhorto respetuoso que acabamos de hacer en tribuna, de que se le dé seguimiento. En la medida que esos artículos no se deroguen, pueden continuar los casos e incluso la Comisión actualmente tiene otros casos que hemos seguido acumulando y que en su momento nos llevará a los mismos pronunciamientos mientras no cambie el tipo penal.
P: De hecho estos dos artículos son materia también de la Ley de Amnistía que se pretende volver a subir al pleno en, más o menos, las próximas dos semanas, ¿la Comisión de Derechos Humanos ya acompañó ahora sí a este nuevo dictamen?
PGG: Nosotros hemos mandado observaciones a todos los instrumentos que nos hacen llegar, lo que sí vemos como una cuestión estratégica es que un tema de una ley temporal para sólo unos casos a diferencia de una derogación integral que ya erradique todos va a tener un mayor impacto, e incluso la propia derogación ayudaría a cualquier caso donde ya tuvieran ellos acreditado algún tipo de responsabilidad, porque les aplican beneficio. Entonces no vemos una situación que les genere un retraso ya que incluso en esta misma sesión ya de la Legislatura pudiera permitirles hacer todo este análisis tanto atendiendo lo que ya determinó la Suprema Corte como atendiendo las cuatro Recomendaciones que hemos emitido como Comisión y que seguiremos exhortando aprovechando estos foros y estos espacios de Pleno, incluso para que se visibilice la necesidad de esta derogación.
P: Respecto de este documento van a enviar a la Suprema Corte, ¿existen realmente derechos en peligro en la Constitución de la Ciudad de México por las controversias?
PGG: Sí con todo gusto vamos a estar convocando en la Comisión para hacerles una explicación a todas y todos ustedes como medios de comunicación para que puedan conocer los alcances que tienen las impugnaciones tanto de Procuraduría como del caso de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y los casos de las controversias presentadas por Consejería Jurídica de Presidencia y por el propio Senado de la República.
Sí es importante que las personas conozcan qué pasaría si proceden las causales de nulidad que están manejando en este caso, de invalidez, que están manejando en este caso las autoridades que impugnan. Y como Comisión por supuesto vamos directamente a lo que está planteando la Comisión Nacional, donde vemos que sí puede haber una afectación a nuestras facultades en el momento que nos quieren quitar esta posibilidad de acudir a una sala constitucional para que nos puedan dictar medidas de apremio. Esto no implica que revisen la Reco, no implica que le retrasen a la víctima, no le resta capacidades a la Comisión Nacional porque no tiene atribuciones para dictar medidas de apremio sino otra Recomendación e iremos también a la defensa del octavo transitorio, donde todo derecho adquirido ya es un derecho ganado; no concebimos una Constitución que cuando la revisen tire un derecho que de por sí ya estaba vigente en leyes secundarias.
Sí vamos a sensibilizar, a visibilizar, a informar a la sociedad, que sepan y tengan conocimiento de los riesgos que les lleva en su momento el que no se tomen en cuenta todos los argumentos, y de ahí, lo que estamos pidiendo el día de hoy, se ha hecho en otros momentos de manera inédita y la Corte ha tenido esa apertura, queremos audiencias públicas, queremos que se les escuche a todas y todos, no es menor lo que se va a determinar por la Suprema Corte, y es muy importante que todas las autoridades, que todas las personas que tengan un interés de que no se afecten sus derechos puedan ser escuchadas y escuchados ante el pleno de la Suprema Corte en los mecanismos que ellos en su soberanía y en su propia responsabilidad institucional pudieran plantear como lo han hecho ya en otros casos de revisión, como Telecom, incluso en leyes que pudieran afectar en cuestiones federales y que ahora, siendo la Constitución de la Ciudad de México, primera Constitución que está sujeta a esta revisión, un ejercicio así ayudaría muchísimo a fortalecer las definiciones que pudiera tener la propia Corte respetando en todo momento las decisiones que determinen.
P: Doctora, ¿cuáles son específicamente los artículos en los que ustedes, como Comisión de Derechos Humanos entrarían a defensa?
PGG: De entrada toda la Carta de Derechos en los aspectos donde estamos revisando que tienen un estándar internacional, por ahí se ha dicho que es violatoria del Artículo 1ro. y 133. Revisamos cada artículo de la Constitución local y le encontramos un estándar internacional. En la medida que haya un estándar internacional, aunque no esté reconocido en la Constitución federal, está reconocido en el 1ro. y 133 del propio mandato federal, por lo tanto eso hace que prevalezca, otra parte es…
P: ¿Más o menos cuántos artículos?
PGG: Bueno, acuérdense que son 39 planteamientos que se hicieron en cuanto a las cuestiones de la posible invalidez. Nosotros estamos revisando por lo menos 11 en aspectos de derechos humanos y estamos revisando los tres que presentó directamente la Comisión Nacional. En el caso de la Comisión Nacional sí queremos que la Corte nos ponga claridad, tanto a la Comisión Nacional como la de Derechos Humanos respecto a qué atribución o no se le pudiera estar afectando cuando no es una competencia que tiene y más bien nos fortalece, y sería un muy buen ejemplo que la propia Comisión Nacional tuviera estas medidas que le ayuden a tener eficacia en sus Recomendaciones.
P: ¿Vería estas impugnaciones como un ataque del Gobierno federal ante esta precisión que hace sobre que no hay invasión a facultades?
PGG: En este caso acuérdense que hay dos modalidades: una es la Acción de Inconstitucionalidad para revisar no sólo aspectos de competencias sino de aspectos hasta de contenidos y conceptos en materia de derechos humanos y otros tantos, y otra muy diferente la que metió Presidencia o el Senado respecto a sí o no hay una incompatibilidad. Es sano que la Corte revise, no es un tema que afecte a nadie, al contrario, va a ayudar a que la gente en primera se apropie más de este instrumento, conozca qué riesgos hay si en un momento dado pudiera haber un retroceso y sepa que tiene la Comisión de Derechos Humanos ya un planteamiento ante la Corte y una solicitud abierta y expresa a que se abran los foros al pleno para que escuche a cualquier parte interesada, no sólo a través de amicus sino de viva voz a las personas que pueden ir a defender los intereses.
P: De estos 11 artículos que usted menciona, ¿cuál diría que son los claves para defender los derechos humanos, en qué temas?
PGG: Miren, con gusto les vamos a dar toda la información más como infografía sobre el tema técnico que implica, pero el más importante, es el aspecto que dice que no tenemos la soberanía para que hubiera existido una Carta de Derechos. Esa es la primera que tiene, en un momento dado, tener claridad la Corte de todos los argumentos que vamos a acercarle porque en este sentido automáticamente nos podrían decir que simplemente era una Ley Orgánica como una actualización de un estatuto que nunca debieron existir los más de 62 derechos que se tienen acreditados actualmente en la Constitución. Entonces creo que ese va a ser el primer eje, que va a ser muy importante sobre la diferencia entre soberanía y autonomía, y cómo hay otros países como Argentina, Buenos Aires tiene su Constitución con Carta de Derechos y cómo aquí no habría una situación que vulnere ningún otro escenario.
Otro importante es si prevalece una Constitución que contemple más derechos que la propia Constitución federal. Este es depende el planteamiento, no es que contemple más derechos, es que reconoce los estándares internacionales vigentes, que aunque no estuvieron reconocidos en la Constitución federal, por el simple hecho de la Reforma del 2011 ya están vigentes y se han hecho valer ante instancias internacionales. De ahí que será importante ese primer ejercicio que pueda hacer la Suprema Corte, la revisión que, como insisto, no es algo ajeno a cualquier posibilidad, siempre se tiene derecho incluso a no tener razón y a ir a una instancia y decir revísenlo, pónganos orden y confiamos en que la capacidad, la trayectoria y el trabajo que tiene la Suprema Corte ayude a fortalecer a este instrumento y quede con toda claridad qué alcances va a tener y qué sí vamos a ir a defender en todos los niveles para que se abran los espacios a sociedad civil, a los propios Constituyentes y la propia Comisión que se considera como autoridad que puede ser afectada si en un momento dado procedieran las acciones porque vulneran derechos humanos que tenemos que garantizar y vulneran competencias que ya teníamos gracias a esta Constitución local y que podríamos perder si procedieran las acciones que se han presentado.
P: Doctora, en el tema de población callejera, usted decía aquí que no va a apoyar usted una limpieza, digamos, en las calles, sin embargo, la gente se está quejando porque hubo un aumento de la población indigente sin que las autoridades los atiendan, sin que la Comisión de Derechos Humanos los atienda. Estas personas defecan en la calle, tienen relaciones sexuales en la calle, trafican con droga, en fin, una serie de cosas. ¿Qué es lo que usted va a hacer para que las dependencias trabajen y hagan que estas personas se vayan a los albergues?
PGG: Miren, ya existe el protocolo interinstitucional que permite que ya se agrupen tanto delegaciones como diferentes dependencias para que haya realmente una ruta de atención diferenciada, no solamente es una persona adulta mayor que perdió un empleo en la calle, no solamente es una joven o joven adolescente que salió de su casa por violencia intrafamiliar, ahora hay niños y niñas que están naciendo en la calle. Entonces se tiene que ver de una forma diferenciada, si tienen alguna adicción, si se le pude dar un tipo de capacitación, su derecho a identidad, ni siquiera hay un censo homogéneo para ver la claridad de cuál es el fenómeno y de ahí el exhorto que también hicimos aquí a la Asamblea de que hace falta la Ley, la Ley automáticamente permite una exigencia, tiene competencia; les permite articular, ya no como una coordinación, y eso sí podría cambiar el giro. Y la sensibilización que nos toca hacer a las y los vecinos, de que las historias de vida de esas personas que están ahí, no están para afectarlos a ellos, sino más bien se les tiene que entender de manera más integral y con una visión de respeto a su libertad y a su dignidad, para hacer esta reorganización que se pueda dar, aportándoles apoyo diferenciado, de las características que tengan de género y de edad, de condición psicoemocional que incluso pudiera prevalecer en estos aspectos.
P: ¿Cómo visualiza los derechos de los vecinos, en el caso de las poblaciones callejeras?
PGG: En este caso es armonización y la omisión de la autoridad, de no propiciar rápidamente intervención organizada, que no sea solamente una medida de desplazamiento para llevar a otra colonia el mismo fenómeno, que sea una medida de revisión individualizada, integral, de diferentes dependencias, para que se vaya atendiendo. No hay que olvidar que es un fenómeno de 25 años de existencia en la Ciudad, que no había existido ni siquiera un Protocolo y no se había generado un mecanismo de organización. Ya hay un Protocolo…
P: Está aumentando, eh, viene más gente del interior del país…
PGG: Lamentablemente…, esta parte, es decir, no podemos criminalizar en su momento cuestiones de pobreza, no podemos discriminar a las personas. Pero sí sabemos que hay un fenómeno, y ese fenómeno se tiene que atender por la autoridad, respetando la autonomía, la libertad, la dignidad; respetando y escuchando los reclamos que pudieran tener las vecinas y vecinos, pero que no sea el pretexto o el reclamo, para que pudiera ser la forma en que se pudieran generar estas medidas de exclusión, de segregación o de criminalización incluso de las personas…
P: Qué no sean pretexto los derechos humanos, que la gente siga en la calle y que nadie trabaje…
PGG: En ningún escenario. Más bien es conocer las historias de vida de ellos y yo creo que cuando vean los casos de éxito, también ayudará a las personas a entender todo este fenómeno, que no es menor, pero que sí tiene que ser atendido, y nos toca, como Comisión, no ser los populares del cuento, pero sí los incómodos para la autoridad.
P: Mencionaba más de 50 pagos por reparación del daño a víctimas, ¿a cuánto ascenderían éstos?, es decir, ¿cuánto le costó al Gobierno de la Ciudad haber incurrido en violaciones a los derechos humanos?
PGG: Miren, aquí acuérdense que hay un tema ya diferenciado gracias a los lineamientos: los pagos se van haciendo de manera individual y en función de la gravedad, de las condiciones en que se ven cada uno de ellos. Lo que se está logrando por primera vez en la Ciudad son mesas, y esas mesas de trabajo permiten la reunión de varias autoridades que en su momento están en la Recomendación, las propias víctimas, la Comisión observando, y eso permite que haya una claridad, tanto de certeza, de qué pretensión tiene una persona ante una indemnización y qué pago tiene que darle el propio Gobierno. Más que fijar montos, es el hecho de decir que se tengan que hacer ya estos pagos, porque sí había ya unos históricos, que no se justificaba el hecho de que estuvieran esperando sus indemnizaciones. Lo que ahora queremos es reorganizar y que en los presupuestos, cuando digan que no hay posibilidad en temas de infraestructura, que es la que nos cuesta más revisar en puntos recomendatorios que se cumplan, que no sea el pretexto la falta de presupuesto: tienen que reorganizar el presupuesto disponible, priorizarlo y entonces sí: a falta de eso que hagan nuevas solicitudes. Si no, luego la Recomendación se convertía en el pretexto de ‘no puedo cumplir’, o en el mecanismo de ‘quiero más dinero, sino, no hago nada’. Esas dos situaciones las estamos atendiendo en las nuevas Recomendaciones y ahora con las mesas de trabajo y en el Informe, ya que con gusto está en nuestro portal, ustedes pueden ver cuántas víctimas, cuántas personas están en qué condiciones, pero también tenemos el cuidado de no guardar sus datos personales y no revictimizarlas.
P: El nuevo Modelo de Reinserción Social, ¿de qué se trata y cuándo lo presentará?
PGG: En este caso, lo hemos visto y no es menor, todos los antecedentes que tenemos de todos los rezagos que hay en el sistema penitenciario; vemos con alarma ya las propuestas ahora que dicen que por qué se bajan las penas con el nuevo sistema penal, como es ayudando ahora a que haya una situación de que se evadan, supuestamente de la responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos ahora es justo a cómo atender de manera integral la verdadera reinserción. Tenemos una historia de 23 años, las primera Recomendaciones que emitió la Comisión fueron incluso en esa materia, y estamos haciendo un diagnóstico integral de patrones, incluso sabemos ahora que por ejemplo se está revisando la posibilidad de reubicar el reclusorio, en el caso de San Fernando, nos acercamos con la propia Delegación Tlalpan, para decirles que les vamos a dar toda la información que la Comisión tiene sobre cómo tendrían que generar las condiciones, incluso hasta de infraestructura, para que si hacen una remodelación o una reubicación, de una vez ya vengan atendidos los temas que la Comisión ya trae.
¿Qué queremos hacer? Que no quede en el olvido lo que ya está documentado, que tengan insumos y que se haga público y que encarezca costos de que incluso habiendo soluciones no se tomen en cuenta. Ahí es donde vamos a partir y a generar esto, el modelo de propuesta general, o sea, convocando a la propia autoridad, sociedad civil, academia, revisando el histórico de Recomendaciones, revisando el histórico de quejas que tenemos como Comisión y atendiendo a que si en esta ocasión lo logramos, tendría que venir una baja en los índices de reincidencia. De lo contrario, sí se puede desperdiciar un trabajo de más de 24 años que tiene la Institución y que al día de hoy nos obliga a pronunciarnos en esta Tribuna.
P: ¿Cuándo se presentarán?
PGG: Antes de que acabe el año.
P: ¿Cuáles son los principales vicios que se detectan en los sistemas penales, qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México?
PGG: Miren, con gusto lo han visto ustedes no sólo en los temas que se han mediatizado sino aspectos que hemos visto en Recomendaciones, que van desde la propia tortura, la situación laboral de los propios custodios, las cuestiones del hacinamiento, las cuestiones de cómo se están manejando los derechos al interior del lugar, el espacio donde están compurgando sus penas; el derecho a la salud que sigue siendo un gran problema sobre las cuestiones de qué seguro se le puede dar a las personas que no tienen los médicos suficientes como lo ha reportado de manera constante la Secretaría de Salud.
Entonces, como vemos todo un fenómeno ya tan amplio e integral y vemos que incluso hay una Visitaduría en la Comisión que se dedica exclusivamente a ver todos estos temas, sí necesitamos ya sacar una cuestión integral que permita prever, anticipar, pero sobre todo, como lo hicimos en la Propuesta General de Tortura, identificar patrones de comportamiento o de aspectos que si no se hace, como por ejemplo cuando reportamos las condiciones en las que estaban los lugares para adolescentes en conflicto con la ley, pues eran lugares en donde no tenía ni un sanitario adecuado, ni una cama, no había medidas de protección civil, o sea, toda esa parte que ya hemos denunciado, si la autoridad hace un antes y un después sí cambian las condiciones, y sí apostamos a eso, pero que primero la sociedad sepa que hay soluciones, que hay medidas, que hay diagnósticos y que se lo vamos a entregar a la autoridad de manera sistematizada.
P: Doctora, no dijo bien la cifra de a cuánto asciende la reparación del daño, ¿tiene la cifra?
PGG: Esa no la damos como número, te lo podemos dar como ficha, te pasamos el dato. Gracias
