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CDHDF condena enérgicamente ataques contra los periodistas Armando Arrieta Granados y Julio Omar Gómez Sánchez

Posicionamiento 19/2017
31 de marzo de 2017

A menos de una semana de que fuera asesinada Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, se registraron dos intentos de homicidio contra periodistas.

El primero fue contra Armando Arrieta Granados, Jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, en Veracruz. El segundo se produjo contra Julio Omar Gómez Sánchez, en Baja California, quien hasta hace poco cubría para el sitio 911 Noticias la fuente política y los asesinatos perpetrados en Los Cabos.  Ambos  fueron atacados con armas de fuego.

De acuerdo con medios de comunicación, Armando Arrieta se encuentra en estado grave de salud, luego de haber recibido cuatro impactos de bala por parte de hombres armados fuera de su domicilio, en la madrugada del pasado miércoles.

Se trata del segundo ataque en este mes contra periodistas en Veracruz, después del asesinato de Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo del presente año.

Por otra parte, la madrugada del 28 de marzo pasado fue atacado a balazos Julio Omar Gómez Sánchez, quien acababa de abandonar su carrera como periodista en el medio digital 911 Noticias tras haber recibido amenazas en su contra. En el atentado falleció el escolta que tenía asignado por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como parte de las medidas de protección que se le habían brindado por atentados previos.

Medios locales señalaron que en diciembre de 2016 fue incendiada la casa de Julio Omar, y en febrero del presente año le prendieron fuego a su vehículo, razón por la que interpuso las denuncias correspondientes y se convirtió en beneficiario del Mecanismo antes señalado.

Cabe recordar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado mexicano es parte. Dicha declaración expresa que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las y los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores, asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exige a las autoridades correspondientes aplicación de las medidas necesarias para salvaguardar la vida de estos dos periodistas y las de sus familias, así como garantizarles acceso a la justicia mediante investigaciones expeditas e imparciales, sanción a los responsables y medidas para la no repetición de estos agravios.

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