Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 07/2017
08 de enero de 2017
La transformación del sistema penitenciario mexicano para armonizarlo con los cambios constitucionales del 2011 -que basan todo proceso jurídico legal y de reclusión en el pleno respeto de los derechos humanos- enfrenta como principal obstáculo la corrupción de las autoridades y la apatía de la sociedad, consideró la Maestra Montserrat Rizo Rodríguez, Segunda Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Manifestó que personal del área a su cargo percibe diariamente los retos que se enfrentan para dignificar la estancia de las internas e internos en los centros penitenciarios.
Recordó que estas observaciones se basan en las Reglas Mandela que adoptó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1995, para incidir en las condiciones mínimas de dignidad humana, durante el proceso de reinsertar a la sociedad a quienes delinquen.
La Segunda Visitadora General de la CDHDF destacó que esto no se logra por diferentes factores que los impactan, desde cuestiones jurídico-legales hasta el espacio físico, alimentación, traslados, tratamiento médico y la atención individualizada de cada interna o interno.
Recordó que a partir de la Reforma Constitucional de 2011 es obligación de toda autoridad priorizar el pleno respeto y defensa de los derechos humanos de las personas, más aún si enfrentan condiciones distintas, como es la reclusión, pues deben recibir respeto y garantía a su dignidad humana.
La Maestra Rizo Rodríguez llamó a sensibilizar a las autoridades para que asuman que “respecto a internas e internos, hablamos de personas, que aunque privadas de la libertad tienen derechos”.
En este sentido, destacó el Programa Permanente de Verificación de Condiciones de los Centros de Reclusión capitalinos, el cual impulsa la CDHDF con la finalidad de verificar de manera permanente el funcionamiento de dichos centros y atender todo caso, queja o denuncia en donde se presuma que se ha cometido una violación a derechos humanos.
Expuso que lamentablemente “no se ha logrado que cada una de las personas internas cuenten con un programa individualizado de reintegración a la sociedad y, en el caso de personas vulnerables o con alguna forma de discapacidad, no reciben atención integral a sus necesidades y no se cumple -como lo mandatan las Reglas Mandela- con tener cuando menos estándares mínimos en la garantía de derechos humanos”.
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