Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 037/2016
6 de diciembre de 2016
Pregunta (P): Doctora, buenos días, con respecto al evento que se tuvo este día. ¿Desde la perspectiva cómo percibe la Comisión el avance de la implementación del avance de este Nuevo Sistema de Justicia Penal y cómo incide esto en los casos de violaciones a los derechos humanos?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, de entrada hay que recordar, y por eso es muy importante y lo hacemos cada año toda esta concurrencia académica, de autoridades y de la propia Comisión, todo el nuevo Sistema Penal Acusatorio trae nuevos retos. El primero y más importante es que en todo, desde que se inicia la investigación hasta que la persona entra en reinserción, cualquier violación a derechos humanos en los procedimientos pudiera nulificar los propios casos.
Entonces vemos casos recientes, por ejemplo, donde ahora si se filtra información en materia de videos o de situaciones de lo que hemos visto que nosotros denunciábamos como un uso indebido de la difusión o de la filtraciones de información, ahora se nos hace más complejo, porque en el momento en que lo filtran también puede ser utilizado por el hecho de que se rompa la cadena de custodia para que la persona pueda acceder a la libertad aunque sea culpable.
Entonces ya no solamente es el alertamiento hacia la autoridad, de las posibles violaciones que puedan cometer por el hecho de que no lleven a cabo los procedimientos como corresponden, sino ahora las consecuencias de que no lo lleven adecuadamente se convierten en una forma de poder evadir la justicia si no lo hacen de la mejor manera las autoridades.
Entonces sí traemos ya casos que estamos documentando. Uno de ellos lo que nos pasó en el caso Narvarte que se difundió información, pero ese fue antes de que entrara el nuevo Sistema Penal. Entonces ahí lo que estamos viendo es la responsabilidad, las situaciones de que no haya filtración, el que cómo este tipo de filtraciones y la responsabilidad de la confidencialidad de la información se compromete. Pero vemos el caso de Aristegui en el tema de las filtraciones de los videos de lo que se había entregado a la Procuraduría, pero ya está vigente el nuevo Sistema Penal.
Automáticamente ahora no solamente es la responsabilidad por la filtración, sino que los probables responsables cuando los detengan pueden utilizar como una defensa el hecho de que ya se mediatizó la información que era parte para acusarlos. Entonces vean lo complejo que ahora nos lleva los nuevos esquemas que tiene el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
La otra, y es mucho de información a la sociedad; se está generando como una percepción de que ahora es más fácil evadir el que sean recluidos. Eso es una cuestión que hay que tomar con mucho cuidado. No quiere decir que se trate de sacar a las personas que sean responsables, pero el nivel de saturación y la cuestión del acrecentamiento de las penas no permitían medidas alternativas para que pudieran tener su reinserción o purgar su condena, y ahora pareciera que están saliendo más personas que están cometiendo o están reincidiendo en calle en vez de la reinserción.
De ahí la importancia de que el Coloquio del día de hoy, va encaminado a las medidas de reinserción que se requieren para que haya dignidad dentro de la propia reclusión; sobre qué acciones tienen que implementar las autoridades. Muchos de ellos, y ustedes lo han visto de todo lo que este año hemos reportado como institución, temas de suicidios, temas de violencia, temas incluso de condiciones laborales de los propios custodios, temas del perfil de quienes tienen que encabezar este tipo de responsabilidades para evitar que haya ocurrencias o no se acoten los temas sólo a que se acaten los protocolos.
Entonces toda esta cuestión que estamos viendo, de multifactorial, se puede atender justo con cuestiones de capacitación, cuestiones del perfil de psicólogos que pueden atender a jóvenes que son adolescentes en conflicto con la ley; condiciones físicas, por ejemplo, y lo decían en el caso de salud, sí se adaptaron todos los espacios de salud dentro de reclusorios, lo que no tienen es personal calificado. Pero qué es lo primero que nos dicen: “pues no lo podemos acceder porque nos lo gana la iniciativa privada porque no quieren estar en esos espacios prestando su servicio”.
En el caso también de adolescentes en conflicto con la ley lo grave ha sido de que sí reportamos el tema de cómo están sus condiciones físicas, incluso de dignidad básica de los sanitarios, de los espacios donde tienen riesgo por las rejas, temas de protección civil. Lo decía la Secretaria de Gobierno, ya tienen el presupuesto, pero sigue la ruta de cuándo van a hacer las mejoras para que también podamos mostrar un antes y un después.
Mientras no haya medidas transversales e integrales de inserción al trabajo, capacitación, apoyo psicológico, toda esta parte lo que implica y sobre todo en mujeres. Las mujeres tienen más del 70% de abandono cuando están en reclusión. Entonces es muy grave porque entra o trastoca otros aspectos que tienen que ver con su estado de salud emocional y toda esta situación de cómo pueden hacer un porvenir, que es otra base del nuevo Sistema Penal.
Lo que señalaba yo incluso también en la presentación para inaugurar el Coloquio, que hay nuevas aristas. El tema de personas indígenas, próximamente, antes de que acabe este año, vamos a emitir una Recomendación en materia de violaciones de personas indígenas por su debido proceso y todos los temas que implica su acceso a la justicia por no contar con un traductor. Todo lo que hemos posicionado todo el año en materia justo del perfil de quiénes tienen que encabezar y llevar a cabo las acciones; cómo se han ido disminuyendo afortunadamente incidentes en los reclusorios, pero cómo se detonó el tema de los centros de adolescentes en conflicto con la ley.
Entonces sigue siendo multifactorial, sigue siendo necesario. Sí se ve con el nuevo Sistema aspectos que nos dan mayor incidencia tanto a sociedad civil como a Comisiones, pero también viene el reto de las nuevas posibles violaciones que se pueden crear ahora a través de que no haya un resguardo adecuado de la cadena de custodia y sobre todo al momento probatorio. O sea, en el momento en que ahora es acusar en vez de que se defienda la persona, que realmente ese debió haber sido siempre el eje, el cómo acusa tanto la Policía de Investigación, el Ministerio Público y los Peritos, y la profesionalización que tengan, es lo que se va a ver ya en el mediano plazo, porque ahí es donde van a detonar los casos donde pudiera haber una violación al acceso a la justicia de las víctimas de delito por encima de violaciones a derechos humanos que pudieran tener los probables responsables.
P: ¿Pero de manera muy concreta ha impactado de manera de manera positiva o no el nuevo Sistema?
PGG: En principio sí. Lo que hemos visto es ya por ejemplo la reorganización de la disminución de la saturación de los reclusorios porque hay ahora nuevas medidas alternativas. Hay que dejarlo muy claro: no quiere decir que se evadan de una responsabilidad; pero tener a alguien privado de su libertad por un desodorante o una revista que tomó en alguna tienda, pues nos llevaba a un esquema mayor de saturación y no una reinserción. Eso sí se está viendo.
La otra, y también reconocerlo, la revisión integral que se están haciendo de personas privadas de libertad que son indígenas, para ver si efectivamente tuvieron acceso a un debido proceso. Eso también va a ayudar. La disminución de que ya no hay concurrencia de penas también va a disminuir. Lo decían ahora en cifras: el simple hecho de que ya no haya saturación propicia un esquema de mayor control, de mayor revisión, de mejores políticas al interior. Pero viene la otra parte, la que va a ser antes que lleguen incluso al propio sistema penitenciario. Qué va a pasar ahora en los procedimientos, en la cadena de custodia y en la profesionalización que tengan en los equipos para que realmente den certeza a las personas que están buscando acceso a la justicia.
P: Las Comunidades para Adolescentes siguen mal. Se siguen peleando. ¿Qué va a pasar?
PGG: En las Comunidades ya emitimos incluso una Recomendación. Alertamos y estamos dando un seguimiento. Vamos a hacer un diagnóstico integral de cuántas son las medidas. Sí queremos hacerlo antes de que cierre este año y dárselos a conocer a los medios, el balance de los grados de cumplimiento que tienen las Recomendaciones en la propia Ciudad. Porque en estos casos sí tenemos esta situación de qué tanto Recomendaciones históricas no atendidas detonan nuevas violaciones.
Sí queremos visibilizar. Tenemos actualmente en todas las Recomendaciones un Índice de Cumplimiento que está en nuestro portal, donde se ha mostrado cuáles son las situaciones. Pero en materia de reclusión siempre el verdadero tope, y más en materia ahora de adolescentes en conflicto con la ley, ha sido el tema de presupuesto, el tema de perfiles, el tema de condiciones laborales de los custodios, y cada una de ellas en las Visitadurías se está documentando.
Ya se emitió, hay que decir también que se aceptaron las Recomendaciones emitidas en la materia, y ahora verán los grados de cumplimiento. En el cumplimiento es donde tendrá que haber una antes y un después al momento en que ustedes puedan validar que no se presenten nuevos incidentes.
P: Doctora, preguntarle sobre el desalojo que ocurrió el día ayer en al Pedregal de Coyoacán. ¿Qué reporte tenía, Doctora, parece ser que hubo personal de la Comisión ahí en el evento?
PGG: Tuvimos la alerta. Abrimos ya la queja. Se llevó al personal para que estuviera documentando el estado físico de las personas. Pidieron acompañamiento justo para las diversas acciones y en este momento está en la investigación para ver qué acciones tuvieron a cabo qué autoridades, en este caso la propia Secretaría de Seguridad.
También adelantarles ya que está casi listo, llevamos meses trabajando con sociedad civil y la propia Secretaría de Seguridad, la revisión del Protocolo del Uso de la Fuerza de la Autoridad. Ese va a ser un detonante que esperamos cambie muchos esquemas tanto en las movilizaciones, en detenciones arbitrarias, que fue lo que lo detonó. Cómo ahora va a operativizar desde una visión ciudadana el uso de la fuerza la propia policía de la Ciudad; y también en este tema de desalojos, decirlo de manera integral, qué está pasando si hay o no abuso en el uso de la fuerza, qué condiciones hay si hay una resolución judicial.
Nosotros se lo hemos dicho incluso a las personas que nos reportan estos incidentes, estamos limitados a revisar sentencias judiciales donde si es un tema de desalojo pues la propia Comisión no puede entrar salvo que hubiera una violación al debido proceso.
Lo que sí también estamos acompañando es cómo se llevan a cabo los operativos para que no haya violaciones por el abuso en el uso de la fuerza que pudiera darse en estos casos.
En este de ayer sí tenemos ya la queja abierta, la documentación de las personas que al parecer fueron lesionadas y vamos a empezar a deslindar la responsabilidad.
P: Hay casos como el de Chanti Ollí, 12 años tomando un inmueble que no era de ellos. Se les desaloja y ahora están en la calle e inclusive el Gobierno está negociando con ellos. Uno de ellos ya se le inició proceso en su contra, además estos sujetos tienen tomado otro inmueble que está también en Circuito Interior. Inclusive lo aseguran a través de las redes sociales, saben que no es de ellos porque yo platiqué con la dueña. ¿Qué pasa con estos grupos que se dicen culturales?
PGG: Miren, nosotros lo que hacemos siempre muy respetuosos es que cuando alguien tiene un mejor derecho y lo lleva ante las instancias judiciales y ya una autoridad determina y no hubo una violación, nosotros no tenemos un margen de ni revocar, ni modificar, ni generar una situación que entorpezca lo que tendría derecho la tercera persona más lo que tiene que hacer la autoridad para que se puedan llevar a cabo las acciones.
Lo que sí hay que ver de manera integral es que sabiendo que han existido históricamente grupos en la Ciudad, que se organizaron y que tenían espacios donde estaban teniendo este ejercicio de la habitación, pues sí es ya importante que tanto la propia Secretaría de Gobierno, la propia autoridad de la Secretaría de Seguridad, haya una coordinación y hablen también con los actores, porque lejos de confrontar en el espacio público o generar condiciones donde también se afecta a personas que pudieran estar, hasta que se determine la condición jurídica de quién tiene mejor derecho, pues sí hay que verlo de manera integral y social, porque vienen históricos del año 1985 en los terremotos, hasta los que pudieran ser grupos sociales o hasta los que pudieran indebidamente estar ocupando un espacio.
Entonces sí es un tema que no necesariamente tendría que desarticularse. Se tiene que ver de manera integral por parte del Gobierno, convocar y ver qué condiciones se están dando, qué otras posibilidades se están dando también para el acceso a la vivienda en la Ciudad. No hay que olvidar que también se están exacerbando los costos de lo que implica una vivienda en esta Ciudad y está sobre todo afectando a los Millennials, jóvenes que ahora el 70% de su salario se va en pagar una renta.
Entonces cuando lo vemos de manera integral es qué acceso hay para una vivienda digna; qué acceso hay para que cuando alguien tiene un mejor derecho haya condiciones para que recupere su propiedad; pero qué pasa con cuestiones históricas de décadas que no se habían atendido de manera integral. Y Eso sí, hemos pedido que sea Concertación Social de la propia Secretaría de Gobierno quien propicie esquemas de diálogo para que no haya confrontación en el espacio público.
P: Siguen en la calle y los vecinos de la Colonia Cuauhtémoc ya están muy enojados.
PGG: Quedará y justo. Nosotros siempre apostamos a que haya mesas de trabajo, diálogo, acercamiento, formas en que puedan llevar a cabo las mejores atenciones; sabiendo, y sí, hay que decirlo, de que sea una cuestión única, sino que son aspectos que llevan décadas que necesitan una atención integral en la propia Ciudad.
P: Se lo comento porque no hubo problema con el desalojo de los indigentes, pero sí hay problema para quitar a estas personas de las calles. ¿Por qué es diferente?
PGG: No lo es, porque también nosotros ahí alertamos y tenemos la queja abierta. Estamos en contra de cualquier acto que pudiera darse en un esquema de limpieza social. Son grupos vulnerables en el caso de las personas en situación de calle, que estamos viendo ya de manera con un protocolo. Después de 25 años apenas se logró, y es un gran avance, un protocolo interdependencias que concurren tanto delegaciones, la propia Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social. O sea, ya no se puede hacer una acción simplemente de: “Te recorro, o te despojo o te detengo arbitrariamente”.
Sí lo alertamos. Celebramos que en su momento el propio Delegado aceptara de que no fue en los términos que se está llevando, aun así la investigación sigue en trámite. Pero lo ideal ahora es que esto se convierta en política pública a través de una ley y mientras se vaya implementando el protocolo. Eso sí es obligación ya intersecretarial e interdelegacional de atención integral.
O sea, no es de que aquí sí sea fácil y acá no, sino al contrario. Son problemas complejos de una metrópoli que trae de décadas; pero en el caso de población en situación de calle por supuesto que lo denunciamos, tenemos la queja abierta y no lo dejaremos de alertar, que son el grupo por el cual estamos nosotros viendo que no haya una situación ni de limpieza ni de abuso.
Pero en el caso de personas que están ocupando espacios de habitación sí se tiene que hacer de manera integral también porque son décadas que se había permitido, o se había sido omiso o se había propiciado y son múltiples acciones. No podríamos ni siquiera calificar qué lo detonó, pero sí es una realidad que está vigente en el espacio público. Y como Comisión lo que queremos es que no haya confrontación, no haya un abuso de autoridad. La revisión integral, pero también que se garanticen y con toda la claridad los derechos de todas y todos.
P: Doctora, regresando un poco al caso de los Reyes Coyoacán. Más allá del acto jurisdiccional, los vecinos mencionan que este terreno tiene propiedades de mantos acuíferos y por eso es por lo que estaban peleando. ¿La Comisión haría un pronunciamiento más allá del acto jurisdiccional, Doctora?
PGG: Nosotros en estos casos donde sabemos que existe transversalidad, nosotros lo que hacemos no sólo es la revisión sobre la situación de cómo se hace el desalojo, sino el tipo de suelo, si hay cambio de uso de suelo, si se tienen los permisos que se tienen que llevar a cabo. Lo hemos dicho y lo hemos alertado: nos preocupa el tema de cómo se manejan los usos de suelo, cómo los cambian, cómo regularizan la irregularidad, porque ahora el colmo son los fraudes que se llevan a cabo, donde primero hacen la edificación sin la licencia, luego los venden a compradores de buena fe, y cuando ya se determina que era totalmente irregular ya no se puede pedir ni la demolición, porque estaría afectando intereses de personas que compraron de buena fe, y cuando uno busca la empresa ya desapareció.
Entonces sí hay que decirlo con toda claridad que está dando ahora en la cuestiones de DESCA, de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, aspectos que antes por lo menos se impedía mientras no había la regularización. Ahora lo que hacen es regularizar la ilegalidad. Y sí estaríamos alertando en materia ambiental para ver si tienen los permisos conducentes, si se llevaron la información o si tienen esa parte.
Entonces en estos casos con la autoridad nosotros hacemos las solicitudes pertinentes en función de cada tipo de la situación que se nos reporta, y en este caso lo estaríamos revisando. Nos pasó en otro momento cuando se estaba haciendo una obra sobre si el manantial o no se había afectado. Se hicieron tres peritajes independientes. Entonces en este caso si sí se abre otra arista, más allá del uso de la fuerza que pueda haber tenido la autoridad y que también estaremos documentando, sí veremos que están reportando las propias vecinas y vecinos para hacer las solicitudes a las otras dependencias y alertar para que no haya una afectación en este tema delicado en materia de medio ambiente.
Porque lo hemos dicho y lo reiteramos, desde Habitat III,más de 20 años después, el verdadero foco rojo de esta Ciudad va a ser todos los temas de construcciones irregulares, todos los temas de lo que afecta a 12 derechos y de lo que está trastocando ya a toda la Ciudad en menos de un lustro.
Sí nos preocupa, lo hemos alertado. A la fecha de la Recomendación que emitimos justo sobre cambios de uso de suelo u construcciones irregulares, diversas delegaciones siguen sin aceptarla y lo que estamos haciendo ahora es una cuestión más integral para que haya una planeación urbana en materia de derechos humanos conforme a los estándares que ya dictó Quito, y que ya dictó también ahora del C-40 justo en el tema de los alcaldes. Entonces sí estaríamos revisándolo ya de manera multifactorial, no sólo por lo que fue el desalojo, sino por lo que implica ese inmueble y los permisos que pudiera tener.
