Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 041/2016
15 de diciembre de 2016
Pregunta (P): Doctora, ¿cuántos policías se encuentran en esta condición, en esta Recomendación que usted hace?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): En este caso son 31 personas y 27 expedientes que se documentaron, más que nada lo que se está determinando en la propia Recomendación es que no quede sólo en el aspecto de las personas que ya manifestaron su propia violación, sino que para evitar la situación de que se sigan presentando casos se requiere esta actualización en los propios lineamientos y ordenamientos que al interior tiene CAPREPA (Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México) y la propia Secretaría de Seguridad Pública.
P: ¿Qué enfermedades son las que no aceptó la CAPREPA?
PGG: Aquí sobre todo son cuestiones que tienen que ver con la propia prestación del servicio y los riesgos de trabajo que pueden tener. Si se dan cuenta lo que se documenta en esta situación, y sobre en materia de seguridad social, es cuáles son las garantías que tienen tanto para la dictaminarían, el acceso a la salud y todas las condiciones que les tocaría incluso en el caso de alguna discapacidad.
Aquí lo que estamos visibilizando por parte de la corporación ahora de la Policía Auxiliar es en qué condiciones laborales y bajo qué esquemas de seguridad social están prestando sus servicios. Lo que se está identificando es que hay ambigüedad, hay vacíos, hay discrecionalidad y eso pues propicia precisamente estas violaciones.
En la medida en que la propia Secretaría, CAPREPA y Oficialía Mayor, en su calidad de presidencia de la propia conformación del órgano que puede tomar las decisiones para la modificación, se pueden cambiar justo estos patrones que propicien mayor certeza, que garanticen la seguridad social y que justo eviten nuevas violaciones en este caso de la Policía Auxiliar.
P: Ayer comentaba que ya se iba a firmar un convenio con la SSP, ¿cómo va a trabajar ahora con este tema?
PGG: Si se dan cuenta vamos nosotros atendiendo de manera diferenciada en función de las características que tienen las corporaciones. En el caso de la penúltima Recomendación fue hacia Policía de Investigación y qué condiciones estaban teniendo. En el caso de Policía Auxiliar, la Recomendación que mencionamos también que se emitió este año iba más en el sentido de qué garantías les daban en cuanto a seguridad jurídica, y ahora ésta vienen en materia de seguridad social.
En el caso del Convenio con la Secretaría de Seguridad va más bien en las condiciones en las que acompañan los operativos cuando hay situaciones como la que se dio de la visita Papal, o cualquier otra donde les toca estar de manera permanente cubriendo la actuación.
P: CAPREPA es constante que tenga alguna Recomendación. ¿No se han acercado directamente a ello? ¿Qué les señalan?
PGG: Precisamente la documentación que nosotros hacemos de las investigaciones parte de lo que nos informa la propia autoridad. Muchas veces el hecho de que también quede documentado por un órgano autónomo, en este caso la Comisión, y que por primera vez, y si se dan cuenta, estamos iniciando una brecha ya de temas en materia de derechos humanos laborales, tanto a ellos les propicia de que ya no es una cuestión de autodiagnóstico, sino que ya va encaminado en cuestión de violaciones que están documentadas o de patrones u omisiones que si no se atienden seguirán detonando nuevas violaciones.
Hay que reconocer, porque nos acercaron la información las propias autoridades, que haya esta apertura que esperamos, que más bien que derivado de la Recomendación, vengan inmediatamente estos ajustes que tienen que hacer en la normatividad. Tiene que haber un antes y un después. Y también decirlo con esa claridad: 2009 hubo un informe de la propia institución y siete años después vemos que no ha habido cambios a través de esa modalidad. Ahora vía la Recomendación y con la nueva atribución que tienen las Comisiones de Derechos Humanos en materia de derecho humano laboral, seguimos visibilizando condiciones y en este caso en la necesaria dignificación de la Policía en sus diversas corporaciones que tienen tanto en Procuraduría como en la propia Secretaría de Seguridad.
P: ¿Tendrían derecho a formar un Sindicato para defender sus derechos como los que usted menciona?
PGG: En este caso nosotros lo que estamos manejando es la revisión integral en cuanto al estándar internacional de seguridad social; ya el tema de la libertad de asociación que está garantizada en la Constitución, o todos los esquemas que tengan del Artículo 123 Constitucional, también hay que decirlo, está acotado porque incluso en la propia Constitución de la Ciudad de México hay muchísimos aspectos que no se pueden contemplar de manera local porque hay una Ley Federal del Trabajo. Pero la ventaja del Artículo 1º Constitucional es que ahora esa Ley Federal del Trabajo va bajo estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
Si se dan cuenta la emisión de la Recomendación, y todas las que hacemos en la institución, siempre fijamos un estándar de organismos internacionales, eso ayuda a que haya esta necesidad gracias al Artículo 1º Constitucional, que aunque no esté contemplado al interior de la normatividad sí es obligatoria ahora conforme a este deber y obligación que tiene el Estado Mexicano de garantizar los derechos humanos. O sea, es una nueva forma de establecer estos candados, donde aunque no esté previsto, el estándar les da los parámetros para llevarlo a cabo.
P: Usted menciona 27 casos, ¿pero cuántos policías auxiliares podrían estar en esta situación, de los que trabajan no solamente en instituciones de gobierno, sino también en empresas privadas?
PGG: Aquí la ventaja de esta emisión de Recomendación es que no sólo nos pronunciamos por supuesto a favor de las víctimas que tenemos documentadas, sino que hacemos un tipo de punto recomendatorio estructural. Automáticamente más allá de que puedan o no llegar nuevos casos o haya una situación que pudiera ser o no generalizada, lo que ya queremos es erradicar cualquier discrecionalidad o cualquier omisión que propicie que no tengan esta garantía de seguridad social.
Entonces aquí la intención, se tendrá que ver reflejada, en cuanto se acepte y se vea la ruta del cumplimiento de la Recomendación, el simple hecho de cambiar las normas operativas internas y que se garantice el derecho a la seguridad social, sí tiene que haber un antes y un después, o una disminución de cualquier tipo de quejas al respecto. Esa es nuestra mejor valoración. Pero la otra es que si sólo nos quedáramos a que a la persona que denunció y que se acreditó que fue víctima se le apliquen los derechos, pues quedaría todo un margen de aquellos que o no saben cómo ejercerlos o no se están acercando a la institución. Aquí estamos manejándolo de manera estructural y eso implica un cambio de toda la política interna de la Policía Auxiliar.
Muchas gracias.
