Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 036/2016
17 de noviembre de 2016
Pregunta (P): Doctora, sobre todas estas Recomendaciones, sabemos que muchas instituciones pues sí las aceptan pero no se cumplen. Esto, viéndolo ya con perspectiva de la Asamblea Constituyente, ¿se buscará que no únicamente se quede en la Recomendación de la Comisión, que pueda tener algún efecto vinculante para que se cumplan esas Recomendaciones?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Bueno, lo primero, y en el marco de la emisión de esta Recomendación, es destacar que no somos ajenos y que por supuesto estamos atentos a las condiciones que viven las propias autoridades al interior de sus dependencias. Esto es el caso de los policías auxiliares, que es una Recomendación que justo trata de dignificar su trabajo y que por supuesto esta Comisión está atenta a que se lleven en las mejores condiciones.
Por otra parte, en el hecho de las aceptaciones de las Recomendaciones, es algo que hemos ido reportando y que incluso actualmente se está haciendo una auditoría por parte de la propia Asamblea Legislativa que pidió la Comisión de Derechos Humanos para evidenciar justo el grado de cumplimiento de Recomendaciones aceptadas y no cumplidas, porque sí es importante que ante la expectativa que se genera de la aceptación se dé una ruta de atención inmediata sobre todo a las víctimas.
Hemos hecho una documentación que estamos aportando justo hacia el Constituyente, donde lo que se evidencia en muchos casos puede partir tanto de las propias omisiones de la autoridad en casos tan básicos como las indemnizaciones, las cuestiones del reconocimiento en el caso de las disculpas públicas. Hay que también destacar que por parte de esta gestión del Jefe de Gobierno se han estado aceptando todas las Recomendaciones emitidas por la Comisión, pero también hay que destacar, y eso es algo que evidenciamos ya en nuestro portal, que tenemos un índice de cumplimiento de Recomendaciones.
¿En qué implica esta parte? Que ustedes directamente, y cualquier persona interesada en la materia, podrá ver si hay o no voluntad política del cumplimiento de los mismos. Esa es una forma de contrapeso que hemos instaurado a través de la visibilización tanto de qué tipo de Recomendación, cuáles autoridades, cuántos puntos recomendatorios y el porcentaje de avance.
Eso no quita que también estén las históricas, que tenemos incluso hacia 12 años atrás, que no haya una excusa de su cumplimiento y estamos en una ruta sobre todo de verificación en casos muy sensibles de víctimas, donde lo importante para ellos sea o la disculpa y la indemnización. Y la otra que nos preocupa justo ahora con este ejercicio presupuestal limitado, es que no puede haber, y lo señalamos también en esta Recomendación, y estamos pidiendo que las autoridades reorganicen sus presupuestos porque no va a ser justificación la limitación presupuestal para que dejen de atender en materia de derechos humanos. Incluso parte de las propuestas, y lo estaremos haciendo el próximo sábado a la Comisión de Órganos Autónomos, es justo a los estándares y a los principios el seguir fortaleciendo a esta institución en materia de que se pueda dar inicio a juicio político cuando haya una situación de incumplimiento, que no quede sólo en el aviso a la Asamblea. Que por cierto la propia Asamblea a la fecha carece de un procedimiento que haga eficaz el que se le cite a funcionarios que no nos atienden las Recomendaciones. Esa es una atribución que tiene el propio Poder Legislativo y que sería importante reforzar ahora que va a ser Congreso local.
Por otro lado, y se ha hecho el comparativo, vemos que en estados como el de Sonora se propicia la situación de multas cuando se deja de atender al órgano cuando requerimos información.
Mucha de la dificultad que sufre esta Comisión y los desfases en la documentación es porque no se atiende oportunamente con la información que se requiere. Queremos que haya un mecanismo eficaz de contrapeso hacia esas autoridades y que les cueste no atender con oportunidad, porque finalmente desgasta a la posible víctima y en muchos casos el carecer de información ni siquiera se puede deslindar adecuadamente la responsabilidad.
Eso no impide, y lo hemos hecho, dar por cierto las situaciones que en su momento no nos documenten y salir con pronunciamientos claros en esa materia.
P: Doctora, ¿Y cómo podría o cuál sería la ruta para llegar a que ustedes tengan dientes para exigir todo esto, para llegar a multas, para llegar incluso a juicio político? ¿Cuál es la ruta?
PGG: El idóneo es en este contexto de la revisión que se está haciendo sobre cómo van a estar los Órganos Autónomos en la Ciudad en la Constitución local. En ese sentido justo la propuesta es que venga también tanto en la iniciación de leyes, o hay muchas cuestiones que se pueden prever porque ya tenemos más de 23 años de experiencias y vemos patrones de conducta que ya podemos determinar.
El hecho de que se nos permitiera como institución presentar propuestas de ley y no estar a la cuestión de la agenda legislativa puede atender muchos casos de política pública integral con visión de derechos humanos…
P: ¿Pero ustedes van a presentar esa propuesta al Constituyente?
PGG: De entrada ya se presentó hace más de 15 días, que fue la apertura que hubo para tener propuestas ante el Constituyente. En la revisión que hizo la Comisión de la propuesta del Jefe de Gobierno fue darle conforme a los estándares de los Principios de París en la revisión integral.
Sí estamos alerta en el tema de que no se judicialicen las Recomendaciones. Si nos meten a esa situación podría ser una afectación al sistema no jurisdiccional de derechos humanos; que sí se garantice a través del juicio político como un verdadero contrapeso y en el tema de la asignación de multas. Entonces en ese tenor estamos viendo el fortalecimiento, se enviaron las observaciones y por lo que sabemos somos la única institución de Órgano Autónomo que está citando la Comisión de Órganos Autónomos porque presentamos un planteamiento que queremos que sea valorado con plena soberanía que tiene el órgano Constituyente, pero sí bajo los más altos estándares que fortalezcan a esta institución, indistintamente de su temporalidad que trae de 23 años, si no en su permanente consolidación que tiene que prevalecer en la Ciudad de México.
P: Doctora, casos como éste que nos ha relatado, ¿qué reflejan? ¿En qué condiciones hace su trabajo la policía? ¿Cómo afecta este tipo de condiciones su propio ejercicio y principalmente la misión de proteger al ciudadano?
PGG: Miren, esa es la parte que siempre hemos insistido y que hemos equilibrado al momento en que exigimos que cumplan con protocolos adecuados del uso de la fuerza y cuando reportamos incluso detenciones arbitrarias, pero al mismo tiempo también los hechos: las condiciones en las que trabaja la policía en la Ciudad de México no son las mejores. Y efectivamente este tipo de casos evidencian acciones que pudieran corregirse inmediatamente con estas adecuaciones a protocolos de atención, por los servicios secundarios que se prestan, subrogados, porque estos son contratos que se manejan.
Decíamos, y por eso poníamos el ejemplo en la Recomendación, que cómo era posible que le convino más a la persona renunciar e irse al Seguro Popular que tener la propia prestación en el lugar donde laboraba.
Entonces creo que son cuestiones que primero es visibilizar; segundo es mandar el mensaje claro que no hay ningún choque en el tema de que cuando haya autoridades a las que se les violen también sus derechos humanos está Comisión está atenta y por supuesto está proponiendo y denunciando esta situación, pidiendo que haya cambios estructurales. Y por otro lado también, cuando hay afectación o abuso hacia los particulares, por supuesto también lo exigiremos en los mismos términos.
Pero sí, evidentemente, lo que se manifiesta en este tipo de Recomendación, y en otra que se está documentando actualmente en la Quinta Visitaduría en temas más directos de derechos laborales, es justo evidenciar qué acciones están tomando por parte del Gobierno, pero con esta preocupación, que les insisto, que no puede ser pretexto la falta de suficiencia presupuestal. Tienen que reorganizar jerárquicamente los cumplimientos para que no sea el impedimento de que se tomen las medidas necesarias, y que se implemente.
Y como siempre lo hemos dicho: violar derechos humanos cuesta. Mejor que se evite esa violación y les damos las rutas, porque este tipo de Recomendación que es estructural no sólo se va obviamente a la atención de la víctima, sino que ya les decimos la ruta que tienen que valorar para que no se repitan casos similares y no tengamos que hacer posteriores pronunciamientos.
Entonces en ese sentido es como queremos posicionar esta Recomendación.
P: Doctora, en otro tema. Hay una fotografía que se filtró a los medios de Guillermo Padrés en el reclusorio. ¿Hay alguna queja interpuesta por divulgar la foto de un imputado en prisión?
PGG: No, en este caso no tenemos queja presentada al momento. Nosotros nos hemos pronunciado siempre en el derecho a la imagen, por la protección de lo que implica la presunción de inocencia y que se lleven a cabo los procedimientos correspondientes, pero en este contexto no tenemos una queja presentada al día de hoy.
P: ¿La CDHDF ya inició alguna queja de oficio?
PGG: No, no tenemos en este caso. Cuando hay un interés de la persona pudiera hacerse la iniciación, pero de entrada estaríamos revisando conforme a los protocolos que se establecen y siempre buscando las mejores prácticas ahora con el nuevo sistema penal acusatorio.
P: Cuando Elba Esther Gordillo fue detenida también se filtró una foto de la misma naturaleza ahí en el reclusorio e incluso la utilizó ella para acusar violaciones al debido proceso. En ese caso la Comisión inició una queja de oficio de inmediato. ¿No estaría siendo falta que en este caso también se iniciara la queja?
PGG: Lo estaríamos valorando, pero en este caso, les insisto, sí estamos viendo cuáles son las cuestiones que pueden o no haber en afectación a un debido proceso y cómo se deslindan responsabilidades al interior cuando se pudiera estar generando la revisión.
P: Doctora, en este grado de aceptación de las dependencias, ¿se ha detectado alguna o algunas que no cumplan con la aceptación de la Recomendación y el cumplimiento de las Recomendaciones?
PGG: Miren, hay un dato muy importante: desde que nació la propia Comisión a la fecha estamos atendiendo alrededor de 40% de puntos recomendatorios que todavía están pendientes; y decir que llevan 12 años de antigüedad algunos puntos, que por ser estructurales a la fecha siguen vigentes.
Sí estamos haciendo esa desagregación de datos porque es lo que acabamos de entregar también justo el día de ayer a la Comisión de Derechos, en materia de la Carta de Derechos que está revisándose en la Constitución, porque así como están los pendientes de cumplimiento de puntos recomendatorios, también tenemos un mapa interactivo por colonia donde a través de nuestro SIGESI pueden las personas directamente ver cómo se perciben las posibles violaciones de derechos humanos en toda la Ciudad de México.
Entonces esos dos insumos son de los puntos que sí queremos que se atiendan, que puedan ser utilizados como formas de validar cuáles son las prioridades que se tienen que generar en la Carta de Derechos, sin jerarquizar y con el rubro de la no regresividad.
Hay un punto ahí que lo hemos posicionado y lo seguiremos haciendo desde que nació toda esta oportunidad de la Reforma Política y la Constitución.
No concebimos una Constitución que por nacer quite derechos ya adquiridos, y la segunda y eso si lo estaremos posicionando de que puede haber el candado de que simplemente se reconozcan los derechos vigentes en la ciudad.
No empezar a valorar derecho por derecho en visiones que pueden ser regresivas. Y por otro lado el tema de la transversalidad de género, no es un tema de números, es un tema de reconocimiento mínimo que debe haber con un lenguaje incluyente dentro de la propia redacción de la Constitución, pero sobre todo sobre aspectos muy importantes de grupos vulnerables, la cuestión de género, las cuestiones de ser exhaustivos al momento de la revisión de derechos, entonces estos dos insumos, justo es uno de los pendientes en la Ciudad y de que autoridades y bajo que pretextos se dejan de atender las Recomendaciones es el mejor insumo de diagnóstico que pueden tener actualmente en estas Comisiones para que puedan valorar candados, que puedan valorar fortalecimiento institucional, pronunciamientos incluso de derechos que pueden estar más que claros en la propia Constitución para seguir siendo ese referente.
Hay que recordar, esta Constitución se está generando por primera vez después de la Reforma del 2011 al Artículo I de la Constitución, ese es un candado excelente porque nos permite manejar los mejores estándares internacionales que es obligación de la autoridad integrar ahora en este instrumento de la Carta Magna, estaremos muy atentos a eso.
P: ¿Cuáles son las instancias que menos cumplen estas Recomendaciones?
PGG: Tenemos las históricas como la PGJDF, la SSPDF, la Secretaría de Salud, pero sobre todo y hay que decirlo porque es parte de lo que se está evaluando respecto al cumplimiento de Recomendaciones, hay muchos aspectos que trastocan a víctimas, que no tendría absolutamente ningún impedimento de cumplir como son las disculpas; y estoy hablando de disculpas de décadas, ni siquiera estamos hablando ya de gestiones actuales, y que si es necesario como está reivindicación hacia la persona que simplemente lo que quiere que le digan es que “simplemente me equivoqué” y que esto no le volverá a pasar a alguien más.
La otra y que es muy importante y que por eso hay un lineamiento y esperamos que ya también ya se emita la Ley de Víctimas, con lo que ya generó controversia en la Ley que, la Ley General que acaba de ser actualizada y que estamos evaluando, hace la Ley Local y que puede fortalecer los temas de indemnización bajo estándares de Derechos Humanos.
No es que se lucre con esta parte, porque también es muy grave, que se quiera descalificar ahora, que a una persona que se le violó su derecho y se le indemniza, ahora resulta que eso es una calificación negativa.
Si hay que tener mucho cuidado con estos estándares, pero son de los temas más sensibles y otra y más importante los estructurales, llega un punto en que mientras no cambien ciertos patrones las autoridades la Comisión históricamente, seguirá pronunciándose hacia nuevas víctimas.
Lo que ya hacemos nosotros con propuestas generales como la que emitimos en materia de tortura por ejemplo, lo que hace es evitar cuáles son y en qué momento desde la detención hasta la reclusión, las acciones que hace la propia autoridad que ya vemos que es un patrón. Si no rompen ese patrón seguiremos documentando sus casos y de ahí la importancia justo de que se atienda en la experiencia de esta institución este tipo de mecánicas.
P: ¿Hace falta que sean vinculantes?
PGG: Bueno, hay formas de establecer candados, uno muy importante en los contrapesos de poderes es que a la fecha la propia ALDF al no tener un procedimiento claro no ha citado a ninguna autoridad de las que la CDHDF has referido que no acepta la Recomendación.
P: Doctora, ¿cómo se está analizando para recibir a las madres de los migrantes desaparecidos?
PGG: Siempre lo hemos hecho, hacemos el acompañamiento, mandamos medidas precautorias, les facilitamos el acceso a lo que se está llevando, son historias de vida, muy, muy fuertes, se ha dado algunas veces el encuentro afortunado, gracias al debido intercambio de información, siempre se ha pedido, y lo hemos hecho, apenas entregamos el Reconocimiento “Ponciano Arriaga”, a defensoras, madres, que están buscando a sus hijas y que sigue siendo un gran pendiente y también hay que decirlo con claridad: a la fecha y desde febrero está desfasada la emisión de la Ley de Desaparición Forzada, y de los estándares, perdón, llevamos más de 15 años que al Estado mexicano ya se le dijeron cuáles son, una ley que no atienda cuando menos esos 15 puntos que la CDHDF ya mandó cuando menos como propuesta al Congreso General, no va servir, se necesita tener patrones, se necesita tener tecnología, se necesita tener formas adecuadas y que no sean, porque es lo más lamentable, la propia víctima, el propio familiar, quien termina haciendo la labor sustituyendo a la autoridad, es una doble afrenta, más la revictimización que les llevan a cabo cuando quieren descalificar, el que pareciera que buscaran el que sufrieran, esa desaparición.
Sigue ese desfase y no está prioritario en la Ciudad, no está prioritario en el Gobierno Federal, creo que es un punto que hay que seguir destacando, de nada sirve la Reforma Constitucional Federal, si desde febrero y estamos en noviembre, casi entrando a diciembre, no están las dos leyes generales, ni de tortura, ni de desaparición forzada, pero lo más importante y eso es para darle seguimiento: si sacan esas leyes sin atender esos estándares que desde hace 15 años ya se le dieron al Gobierno Mexicano, no van a servir, no le hagamos expectativas a las víctimas y si y como siempre se ha dicho, se tiene que escuchar a las víctimas, porque son las que tienen el principal pulso e indignación de lo que lamentablemente es una realidad que es crisis de derechos humanos en nuestro país por el grado en la materia de desaparición forzada.
P: En el tema de la PGJDF, sigue insistiendo la Procuraduría en divulgar los antecedentes penales de los imputados en las conferencias de prensa, en los boletines que entregan junto con la SSPDF, ¿la CDHDF qué hará al respecto?
PGG: Bueno, aquí lo que hemos hecho, cuando hacemos la documentaciones es el pedir la consulta al InfoDF, que como área especializada en materia de protección de datos personales ha establecido que si fue condenado y efectivamente tiene el antecedente, no hay propiamente una violación, sino que se está dando como una cuestión pública de que precedente tiene la persona en materia delictiva. Entonces, salvo en esos casos, que fuera la difusión de la imagen o situaciones que pudieran afectar su presunción de inocencia, entonces si pudiera haber un pronunciamiento, pero el propio InfoDF dice que cuando son sentencias donde la propia persona ya fue condenada y esos son antecedentes que se tienen sobre la misma, el criterio que ha establecido el propio InfoDF es que no hay una violación que reportar.
P: Doctora, una última pregunta, en el asunto de las armas, ya en el Senado se discute si las armas son válidas o no, todo mundo anda armado, ¿qué tan fácil es conseguirlas…?
PGG: Hay que ser claros, el tema del derecho a portar armas, está en la Constitución. La primera es que está vigente, segunda es que si no aprendemos de experiencias de otros países nos vamos a equivocar doble, a los climas de lo que implica la violencia y demás, portar el arma no es la solución, cuidado con el control de armas, cuidado con el calibre del arma, cuidado con la tensión que se pueda dar, cuidado con las ocurrencias, si hay que mucha precaución sobre revisar que experiencias hay que ver en otros países. El no tener que partir de cero.
Primero, la garantía está en la propia Constitución y puede tenerse, excepto las que están consideradas como de uso exclusivo del Ejército. Entonces no es un debate nuevo, es un debate incluso que en materia del capítulo Constitucional de Derechos Humanos viene ya establecido de siempre. Ahora el cómo se pueden hacer o no modalidades diferenciadas, cuidado, hagamos y yo creo que si será importante generar aquí mismo en la propia Comisión un foro de discusión de especialistas; no partamos como si no hubiera discusión sin precedentes, porque lo primero que detona este tipo de ejercicio es un incremento en la violencia.
Entonces si hay que tener cuidado sobre qué acciones se quieren propiciar, a veces se oyen muy bien en los debates, pero ya en la operatividad nos pueden poner en riesgos innecesarios. Seamos serios, busquemos los datos duros y con todo gusto yo creo que si vamos a estar tanto invitando y fomentando, y en su momento si es que se le ve viabilidad a esa normatividad, como lo hemos hecho en todas las leyes donde haya un interés de derechos humanos, si vamos a mandar datos duros que puedan valorarse antes de generar ocurrencias que nos vayan a meter en cuestiones que no cumplan el objetivo de generar condiciones de paz, de diálogo y de respeto entre personas.
P: ¿Es fácil conseguir un arma en la ciudad de México…?
PGG: Esa si no te la manejo, más bien veríamos como se haría el debate en función de lo que implica un derecho que ya está en la Constitución, que calibre está más establecido porque eso es más bien reglamentario, pero más bien la intencionalidad de lo que implica o no ya decir que la persona porte un arma sustituyendo lo que tiene que hacer la autoridad que es garantizar la seguridad de todas y todos, no es autodefensa, es un hecho de que las personas tengan condiciones de seguridad y tener cuidado incluso. Datos duros, vámonos a experiencias de otros países y veamos con la claridad necesaria y que sí preocuparía, que no les ha solucionado necesariamente esto. Entonces no entremos en seguir rutas que no necesariamente serían las más afortunadas, pero sí seamos muy serios que sobre datos duros, aportemos y veamos las viabilidades de las normatividades.
P: Doctora, ¿le preocupa esta percepción de la ciudadanía de que está incrementándose la violencia, con registros obvios de que aumenta la delincuencia?
PGG: No, bueno, aquí de nueva cuenta son las revisiones que hay que hacer, primero es la percepción, segundo es la confianza que tengan con las autoridades, tercero es como fortalecer mecanismos que efectivamente de protección, el que es la obligación de la autoridad, no pierdan la percepción de que tiene que garantizar la seguridad, pero cuidado, garantizar la seguridad pero sin violar derechos, porque de repente con el pretexto de garantizar seguridad nos quieren limitar, nos quieren revisar, situaciones de controles, entonces si hay que equilibrar no somos ajenos a justos los controles de violencia que se están presentando en diversas partes de la propia Ciudad y del país, pero de nueva cuenta, es responsabilidad de la autoridad garantizar la seguridad ciudadana, es parte de lo que garantiza la confianza hacia las instituciones, pero cuidado, en el caso de la CDHDF es todo impacto de autoridad está supervisado a que no se convierta en una violación a Derechos Humanos de nadie.
