Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 47/2016
16 de noviembre de 2016
Gracias, buenos días a todas y todos.
Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por albergarnos esta tarde a la invitación que hace el licenciado Miguel Errasti Arango, Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias
Efectivamente, son de las acciones que derivadas del Convenio que suscribimos este año, de manera inmediata empezamos a generar de manera muy afortunada.
Asimismo, manifiesto mi agradecimiento al ingeniero Ramón Aguirre, Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM); y a la maestra Brenda Rodríguez, representante de la Asociación Civil Mujer y Medio Ambiente, por haber sido quienes revisaron y comentaron la Propuesta General sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento; así como a la Diputada Wendy González, Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF, por el impulso legislativo que ha dado en el reconocimiento del Derecho al Agua, a su protección y garantía en la Ciudad de México.
Saludo de igual manera a la Diputada Aleida Alavez, y al integrante del Consejo de la Comisión, al Maestro Lawrence Flores Ayvar; y a todas y todos ustedes por el interés que muestran sobre este importante tema.
Durante el segundo semestre de 2015 tuvo lugar un álgido debate en torno al proyecto de la Ley General de Aguas aprobado en la Cámara de Diputados. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ejerció su facultad para formular Propuestas Generales. Su objetivo, fue allegar a las y los legisladores, y a las autoridades competentes, criterios orientadores que les permitieran cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como también, contribuir a una mejor protección del derecho humano al agua y al saneamiento.
Es así que en el contenido de esta obra se da cuenta del trabajo que la CDHDF ha llevado a cabo en materia de la defensa del derecho al agua y para ello, se encuentra organizado de la siguiente manera: en primer lugar, se desarrolla el contenido de este derecho humano, identificando sus principales componentes; en segundo lugar, se expresan las obligaciones a cargo del Estado en la materia y posteriormente se definen los principios transversales que deben orientar las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.
En la parte final de la obra, se destaca la necesidad de la armonización del derecho interno con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, se proponen los elementos esenciales que, a nuestra consideración, debieran incorporarse en una Ley en materia de Agua y Saneamiento.
Es claro que las y los Asambleístas tienen una tarea de gran relevancia en materia de protección y respeto a los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. Por tal motivo, se busca que el presente trabajo constituya una herramienta de apoyo en su importante tarea de conformar un marco jurídico normativo, que tutele los derechos humanos y además sirva para la elaboración e implementación de políticas públicas que propicien la eficacia en la protección de estos derechos.
La labor legislativa es de vital importancia, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo un gran esfuerzo de revisión y armonización del marco jurídico normativo, a la luz de los principios que rigen a los derechos humanos, para que en el caso de que hubiere algunas normas ambiguas, o que contravengan derechos humanos, sean modificadas, o bien derogadas, de tal forma que sea real y efectivo el reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos humanos en esta Ciudad.
Esperamos que esta Propuesta General sea una herramienta importante para las autoridades, un gran apoyo en la comprensión tanto del contenido, sentido y alcance del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, así como para conocer con mayor claridad sus elementos constitutivos y la manera en la que puede ser posible llevar a cabo su respeto, promoción, protección y garantía.
Por otra parte, se destaca que la armonización legislativa de las normas nacionales con las internacionales, en materia de derechos humanos, tiene un impacto en la responsabilidad internacional del Estado, pues es el Estado mismo quien a nivel internacional se encuentra comprometido a dotar de plena eficacia a las normas internacionales en su propio derecho.
Nuestro país, al día de hoy, como parte de la Comunidad Internacional y como miembro de los Sistemas Interamericano y Universal de protección a los derechos humanos, está obligado a cumplir sus compromisos internacionales en el ámbito nacional, a través del ejercicio de las funciones y atribuciones de sus diferentes autoridades (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), y en todos sus niveles de Gobierno, Federal, Local y Municipal, tal y como lo enuncia nuestra Constitución federal, en su Artículo 1º.
Cabe recordar que las y los Legisladores también desempeñan un papel importante en la aprobación y asignación del presupuesto; y en la Propuesta General que hoy se presenta, se busca destacar de forma clara, la necesidad de “velar porque se destinen fondos suficientes para proteger el acceso de quienes ya gozan del servicio, a través de inversiones para el mantenimiento y el funcionamiento de los servicios”; así como a priorizar el gasto para los sectores de la población que más necesidades tienen. Todo esto, con el objeto de poder cumplir con el Mandato Constitucional antes enunciado.
Por ello, nos resulta de suma preocupación el anuncio que recientemente se hizo, respecto al recorte de hasta 70% a los recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pues consideramos que podría ponerse en riesgo la rehabilitación, renovación y reposición de la infraestructura hidráulica o el impulso a obras nuevas. En nuestra opinión, esta decisión estaría comprometiendo la “progresividad” de los derechos humanos, consistente en la prestación gradual de mayores y mejores niveles de servicio.
Nos queda claro que quienes integran el Poder Legislativo, tienen una importante función, consistente en el control y la supervisión del Ejecutivo, mediante la revisión de sus acciones o políticas públicas, por lo que su labor es fundamental para la ubicación y tratamiento del Derecho Humano al Agua y los temas relacionados con él, en la Agenda Gubernamental y en la de sus Partidos, mediante una adecuada discusión sobre el tema.
Es así que la Propuesta General aborda entre sus contenidos un rubro relativo a las condiciones para garantizar a una participación efectiva, representativa y libre de coacción en las cuestiones relacionadas con el agua, así como a disponer de información al respecto.
Todo lo anterior es de especial importancia en el marco de las actividades que pueden tener repercusiones en el disfrute del Derecho Humano al Agua, tales como el desarrollo de obras o las construcciones indebidas o en Zonas Naturales Protegidas. Estos temas, en su momento, fueron abordados por la propia Comisión, en 12 Recomendaciones, por lo que se incluyen y analizan en la Propuesta General.
Por todas las razones antes expuestas, es que considero que las y los Legisladores tienen un importante rol como Guardianes de los Derechos Humanos; su trabajo tiene implicaciones inmediatas y de gran trascendencia entre las personas.
Así pues, en el marco del décimo cuarto aniversario de la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, Instrumento Jurídico Internacional en donde se llevó a cabo el desarrollo normativo más detallado del Derecho Humano al Agua, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Saneamiento, a celebrarse el próximo 19 de noviembre, es que me complace presentar a ustedes la Propuesta General sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
Por último, quiero expresar que dicho insumo también lo estaremos entregando a la Asamblea Constituyente, a fin de impulsar la incorporación de este importante Derecho en la Constitución de la Ciudad de México.
Muchas gracias.
