Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 035/2016
16 de noviembre de 2016
Pregunta (P): Inaudible…
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Miren, el tema de la propuesta General nació cuando había la propuesta en el Congreso Federal de crear la Ley General del Agua, que venía con una tendencia privacionista. Entonces, inmediatamente nos alertó porque como Comisión no podemos generar ningún estándar que tenga que ver con la privatización de este derecho humano.
En el momento en el que se logró frenar, porque sí hicimos tanto, como lo decían, la sociedad civil y la propia Comisión pronunciamientos muy puntuales de que eso era un franco retroceso en la materia, empezamos a generar esta Propuesta General.
Así como tenemos la Propuesta General en Movilizaciones o la Tortura, esta es la tercera Propuesta que hemos emitido para que haya una revisión en cuestión de política pública. Incluso invitamos a la propia autoridad, a sociedad civil y nosotros frente a los estándares; y como podrán observar en el documento, ya no se queda en las reflexiones clásicas de si la privatización o no, sino que se dice expresamente que debe ser un derecho humano garantizado, cuáles son las rutas de lo que implicaría una recuperación o no en ciertos costos, pero que no tienen que ver con el hecho de al ser un derecho humano no pudiera condicionarse el pago a su permanencia o a su vigencia.
Y sí, eso sí hay que reconocerlo, retomar la importancia del uso sustentable del bien, porque efectivamente es una responsabilidad el uso adecuado, el no desperdicio, de quienes tienen acceso a este derecho, porque también trastoca a los que a la fecha siguen sin tenerlo o están en condiciones que no sean las correspondientes.
Mucho también el tema que nos llega a la Comisión sobre quejas son en materia del costo del insumo, sobre todo en temas, incluso diríamos, administrativo, que a veces un mal reporte o alguna situación en la tarifa inmediatamente les cambia a los propios usuarios el monto de lo que tiene que pagar de un bimestre a otro. Entonces, sí esa parte hemos tenido más bien sesiones de trabajo con la propia autoridad e inmediatamente regularizar temas que no tengan que ver con un uso excesivo o un costo que no corresponda a lo que realmente se está recuperando por las personas.
Pero creo que al día de hoy vemos que está en el Constituyente la Propuesta. Sí viene el derecho al agua como un derecho humano. Vemos que afortunadamente no está en las agendas el retomar este tema de la Ley General del Agua con esta visión privatizadora. No desatendemos el hecho de que en cuanto se suba de nueva cuenta el debate estaremos proponiendo desde esta trinchera; y la otra es, y sí hay que decirlo con toda claridad, el 70% de reducción de lo que implica en el presupuesto no es menor. Sí es una cuestión que sí afecta en la progresividad del derecho, porque mucho en materia del agua es que en la manera que les llega la suficiencia pueden hacer la infraestructura.
Esto sí es un retroceso. O sea, sí hay que decirlo con toda claridad. Sí se debe hacer un exhorto muy claro y enérgico hacia el Gobierno federal porque no es menor lo que implica en materia de la Ciudad.
Sí también, porque ya lo hemos señalado en Recomendaciones anteriores, cuidado con el desarrollo urbano desacerbado, con este derecho a la ciudad que también vemos como una garantía en materia de derechos humanos, donde ahora el desarrollo de obra tiene que tomar en cuenta qué proyecciones tiene en el derecho al agua, porque ahora tienen el acceso pero no el suministro.
Entonces sí hay que tener cuidado porque todos esos temas están trastocando a la Ciudad con este crecimiento exacerbado que tiene que estar regulado, que tiene que estar en su momento transparentado de qué implicaciones va a tener tanto en movilidad, calidad de vida, derecho al agua, etcétera, cuando se están construyendo en zonas que eran de una casa, edificios descomunales, y que terminan siendo también una afectación a toda la colonia.
Eso lo hemos pronunciado ya como Comisión, pero sí hay que tener mucho cuidado con esta proyección de sustentabilidad.
P: Presidenta, pero en este tenor del 70% del presupuesto reducido, ¿esto implicaría que algunas Delegaciones, como se ha visto en anteriores momentos, no reciban el agua, y esto va a implicar que se les impida este derecho?
PGG: Bueno, es que es justo lo que les digo: en el momento en que hay un 70% de reducción inmediatamente trastoca a todo el sistema en la Ciudad. Incluso el hecho también de la reducción que se dio al Fondo de Capitalidad y a todo lo que implica ser Ciudad de México como ciudad capital, también hay que decirlo con claridad, por supuesto que va a trastocar todas las suficiencias que se están manejando.
En la propia Comisión estamos previendo que nos vayan a hacer un recorte, y nosotros somos de servicio. Entonces vamos a ir a luchar con todo al hecho de que a sabiendas de que no es una decisión del Gobierno local, sino que ya el recorte federal está manejándose directamente como una afectación a la propia Ciudad, pues a nosotros nos va a implicar ahora defender la operatividad de la propia Comisión; y también exigir que las autoridades no usen de pretexto que ahora a falta de recursos no puedan garantizar o pagar derechos que hayan violado.
Entonces tenemos que exigir ahora que la reorganización que hagan en sus presupuestos contemple la situación de posibles violaciones a derechos, donde tiene que haber indemnización y el tema de la progresividad para que no haya incumplimientos. Sí viene delicado, porque puede ser el mejor pretexto para decir que no estoy en posibilidades de cumplir, y sí es real que tampoco podemos nosotros desconocer que no les están poniendo las mejores condiciones a la autoridad local.
Y sí es de revisarse, con transparencia, cómo se asignaron los recursos, a qué estados se les está dando más o menos en momentos electorales y a qué entidades, como a la Ciudad de México, se le está castigando sin una justificación racional de lo que implica ser la capital del país.
Entonces sí digámoslo con esa claridad porque nos afecta a todas y a todos, y lamentablemente nadie está obligado a lo imposible, pero no puede haber en materia de derechos humanos bloques o diques, literal, que estén obstaculizando ni siquiera el mínimo de infraestructura que va a requerir la Ciudad para el tema del agua.
P: Doctora, ¿hay algún recurso legal, dado que como usted nos aclara, el acceso al agua es un derecho que pueda utilizarse a través de la Suprema Corte o de la propia Constitución?
PGG: Miren, yo creo que lo importante en primer lugar es denunciarlo. O sea, decirlo con toda claridad que nos alerta, que nos preocupa y que está ahí ya vigente el hecho del recorte. La segunda es que el propio Congreso tiene facultades también de generar algunas etiquetas cuando puedan llegar los temas de ampliación.
La otra es que sí ya tiene que haber una cuestión de la Megalópolis, porque nos trastoca a todos las plataformas ya de lo que tiene que haber en materia de medio ambiente y esto incluye también, obviamente, el derecho al agua; y también, pues sí, el litigio estratégico que pudieran hacer personas ciudadanas, organizaciones, como una forma de contrapeso y exigencia, para lograr vía estas resoluciones también que pudiera haber un pronunciamiento por parte de la Corte.
Lo que sí debiera haber ya en temas y derechos estratégicos en materia de derechos humanos, es que no se acepten recortes o situaciones que trastoquen su propia operatividad, y esos son candados por ejemplo ahora que estamos pidiendo al Constituyente, la autonomía presupuestal, por ejemplo, que a entidades que somos de servicio, con toda la fiscalización, con toda la auditoría, que el titular es responsable hasta de juicio político eso no es problema; pero que no obstaculicen con recortes porque automáticamente bloquean el ejercicio de los derechos.
Y la otra es cómo en áreas estratégicas debe haber por lo menos controles mínimos de suficiencia de la operatividad, con transparencia, con rendición de cuentas, ningún ejercicio de gasto público debe estar ajeno a una verificación, pero tampoco a una discrecionalidad de recortes que no hagan operativo el derecho.
P: Doctora, en otro tema, ¿en lo de San Fernando…?
PGG: Ahí está el boletín que sacamos el día de ayer. No se nos avisó como habíamos estado en la coordinación para poder atender la situación. Diez de la noche del día lunes nos dan la alerta los propios familiares, traemos el reporte de cuatro personas lesionadas, dos de la propia autoridad, dos de los integrantes; ya se emitió la Recomendación recientemente, fue aceptada, y nos desconcierta el hecho de que no se estén coordinando y que esto se pueda hacer más grave.
Será responsabilidad exclusiva de la autoridad por omisión de no atender lo que ya la Comisión les está detallando desde hace meses, que ya hay una Recomendación y, lo peor, ya la aceptaron, y si ya la aceptaron no entendemos que se estén dando nuevamente situaciones de violencia que ponen en riesgo a los jóvenes que están en una situación de reinserción, que no olvidemos que es reinserción.
Entonces sí nos pone en alerta, sí lo estamos denunciando, ya tenemos el boletín, y voy a estar en comunicación de nueva cuenta con la Secretaria de Gobierno para alertarle de que en cualquier contexto sí va a ser ya una responsabilidad por omisión si siguen en estas condiciones.
P: Elisa Lavore dice que en octubre no pasó nada y al parecer que también no pasó nada…
PGG: Perdón, ahí sí no va a ser una cuestión de dichos, es una cuestión de documentación, nosotros somos un ente autónomo, documentamos, certificamos, y tenemos los doctores que fueron a hacer la labor y, por supuesto, voy a reportar esto a la propia titular del Sistema Penitenciario, que es la Secretaría de Gobierno, para que tome ya cartas en el asunto, y que se deslinden las responsabilidades porque, insisto, no queremos que esto crezca y seguimos viendo que es una alerta permanente, y esta parte de no coordinarse, de no avisar, de descalificar el trabajo de una institución autónoma, lo único que va a pasar es que a las pruebas las remitimos, y nosotros tenemos documentada la situación y pedimos ya se deslinden las responsabilidades.
Sí es grave, no es una cuestión de quién encabeza o qué persona esté diciendo que es que hay cosas que están pasando, que no se están atendiendo, y no queremos lamentar una situación mayor; lo llevamos alertando en meses y no baja, entonces sí hay que decirlo con esa claridad, es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y de su equipo el que lleven las condiciones que aceptaron en la propia Recomendación.
P: ¿Qué opinión le merece que la Procuraduría General de Justicia esté divulgando los antecedentes penales de los diputados; tiene algún sentido esta acción, o están violando sus derechos humanos de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio? En las conferencias de prensa, en los boletines que difunde la PGJ, se están divulgando los antecedentes de los diputados, ¿esto viola los derechos humanos de ellos, respecto del nuevo sistema penal acusatorio?
PGG: Deja te documento y a qué caso te refieres para poderte dar la información puntual. Mañana los esperamos a las 12 en la Comisión, presentamos Recomendación, te preparo si quieres sobre esa ficha para que la tengas completa. Muchas gracias.
