Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 032/2016
7 de noviembre de 2016
Pregunta (P): Preguntarle sobre resolución de la Suprema Corte, ¿cuál es la postura de la Comisión de Derechos Humanos?
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Nos preocupa en su momento lo que hemos analizado del proyecto que se va discutir. Confiamos en que se vaya a reencausar lo que sería el debate ya al momento en que haya la discusión entre pares. Preocupa en primer término el hecho de que si bien el estándar establece que se puede manejar ahora el tema agraviante para que pueda pedirse el Derecho a Réplica, decir que agraviante ya con una calificación de si este agravio se considera humillante, si se considera vejatorio, si se considera en su momento, aunque sea exacto agraviante, automáticamente entra a una facultad de discrecionalidad de la autoridad.
De nueva cuenta también se puede convertir en una forma de acoso judicial porque están manejando instancias que pudieran ser de gestión administrativa, o como están en este Foro de Defensorías de las Audiencias, que sean otros mecanismos amigables de rápida atención, porque ni está garantizando a quien quisiera hacer valer su derecho, ni está garantizando la libertad de expresión, con todas las limitaciones en una sociedad democrática.
No estamos diciendo que haya derechos absolutos, por supuesto tiene que haber equilibrios. Justo la regulación de réplica ayuda a buscar esos equilibrios, pero sí hay que tener cuidado que esta sobrerregulación judicialice los temas, se convierta en acoso judicial y sobre todo no dé certeza de los alcances que va a tener al momento en que una persona opine o una persona informe.
P: Doctora, se discute ya en la Asamblea capitalina esta Ley de Amnistía, ¿qué tiene que decir la Comisión en torno a esta norma que pudiera liberar a personas que dicen fueron presas injustamente?
PGG: Bueno, lo que tenemos nosotros de seguimiento ante la Asamblea Legislativa es que quedó en suspenso para que se retome el Dictamen en cuanto a la Ley de Amnistía. Lo que sí vemos muy bien, porque afortunadamente ya se presentó, hay seis Recomendaciones que emitió la Comisión donde pedimos que se deroguen los artículos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. ¿Por qué? Porque ambos se han estado utilizando reiteradamente sólo para criminalizar la protesta social. Existen ya vigentes otros artículos que pueden ayudar a armonizar o implementarse en caso de que hubiera alguna situación que afecte a terceros.
Lo que hemos visto en estos dos artículos, que ya se está solicitando por los propios diputados, sabemos que el Diputado Toledo presentó la propuesta ya; que ya se había presentado dos veces antes tanto por el partido MORENA, también por el propio partido del PRD; confiamos en que ante esta situación sea rápida la forma en que pueda aprobarse la derogación.
Porque más allá de una Ley de Amnistía el punto es cómo se utilizan mecanismos vigentes para que criminalizar la protesta e incrementar las sanciones. Es escandaloso lo que hemos observado con el tema del joven que fue inculpado por el tema de la Metrobús y la sanción es de 34 años. Es totalmente desproporcionado lo que implicaría el daño o el riesgo de lo que pudo llevar a cabo.
Hay que tener cuidado que no se utilicen los mecanismos judiciales para incrementar sanciones para generar consecuencias que no vienen previstas en la normatividad. Por eso es importante que se deroguen estos dos artículos. Vemos muy bien que ya se lleve esa situación, porque también en la derogación ayudará en casos de que haya incremento de penas en personas que hayan sido indebidamente imputados por esa responsabilidad.
P: ¿Qué debe de contener este derecho de réplica para garantizar el derecho a la información de los periodistas y que no se judicialice, como usted bien decía, y se espera que hoy determine la Suprema Corte?
PGG: De entrada el derecho de réplica se establece como un mecanismo intermedio antes de incluso judicializar los temas. Se entiende que debe haber una forma idónea para que en un corto plazo se puedan atender situaciones donde pudiera haber una práctica de una información inexacta e imprecisa. Aquí lo grave sería que lleve al punto de que una persona simplemente no le parezca la opinión de otra, y perdón, perdón pero la crítica, la pluralidad, la libertad de expresión justo forma parte de crear contenidos diversos, opiniones diversas.
Por supuesto hay límites en el sentido de no utilizar la injuria, en el sentido de no falsear información, pero ese es el punto: que la réplica procede para información inexacta o falsa, para que se aclaren los datos, no para que se cambien las opiniones. El límite sí en toda opinión es que no haya palabras injuriantes. La injuria no comunica. Pero sí hay que tener cuidado qué mecanismos estamos estableciendo desde esta regulación, porque lo que observamos es una sobrerregulación, una carga de la prueba incluso a la persona que quiere hacer valer su derecho a réplica; o sea, no le equilibra siquiera el qué mecanismos idóneos tendría para hacerla valer; una carga al propio medio, que tendría que estar abriéndose espacios que no necesariamente le permitirían ejercer adecuadamente su función; una situación de ambigüedad, porque cuando haya el conflicto va a ser una autoridad judicial quien va a determinar si una opinión fue agraviante, pero no sólo agraviante, sino agraviante siendo exacta. Y eso es lo grave. Decir que si alguien no miente y si a una persona se le condenó por un delito de corrupción y se le diga corrupto, imagínense que la persona diga: “Me agravió y ahora no puedes decir que soy corrupto”, aunque haya sentencia que lo haya determinado.
O sea, entramos a una serie de ambigüedades que lo más riesgoso es que pueda obstaculizar el ejercicio de los medios de comunicación, de los medios alternativos. Cuidado porque esta es una pluralidad informativa. Y es lo que esperamos en el debate de hoy en la Corte: que se abra una discusión más amplia, que se anticipen escenarios; porque una buena intención no necesariamente puede acabar en una Resolución que garantice la libertad de expresión y garantice el derecho del honor o la imagen de las personas cuando quieren hacerlo valer ante un medio.
Son nuevos retos. Estamos llegando tarde a muchos debates. Hay que ver el derecho comparado. Hay que ver los aspectos que ya existen en otras normatividades y ver que no se judicialice ni se convierta en una forma se censura, porque sería lo más grave para los temas de los medios de comunicación.
P: Doctora, pero también un riesgo de que se blinden algunos políticos del rendimiento de cuentas y transparencia de gestión.
PGG: A no, es que es al contrario. Justo es lo que estamos diciendo: que no haya una situación donde ahora vemos el acoso judicial de figuras públicas, donde cualquier periodista, comunicador o medio hace valer su libertad de expresión para exponerlo con un interés público y se ven ahora perseguidos judicialmente a través de demandas de daño moral. Sí es muy importante también, porque ya existe la figura del daño moral y no está regulada en todo el país, sino que se convierte en acoso judicial de juicios interminables. Sólo está la Ley de Responsabilidad Civil de Defensa, Honor, Vida Privada y Propia Imagen en la Ciudad de México, pero el procedimiento sigue siendo largo.
Lo importante es que por supuesto haya un escrutinio, por supuesto se le pueda en su momento aplicar lo que es la libertad de expresión y la pluralidad a las personas que tienen una función pública, un interés público y una difusión de lo que están haciendo. No es que se convierta en un candado para que no puedan los medios opinar, no pueda haber esta pluralidad.
O sea, sí hay que equilibrar y en esta normatividad que se está debatiendo sí vemos que esa ambigüedad de decir que aunque sea agraviante siendo exacto pudiera en su momento propiciar que una persona tenga que cambiar de opinión, cuando lo que queremos es garantizarles. Y decirlo con toda claridad: una sociedad que no está garantizando ni siquiera la integridad física del comunicador con el número de periodistas muertos o desaparecidos, no puede ahora vía judicial seguir limitando derechos que no le está garantizando al propio comunicador siquiera en un esquema de respeto a su integridad, a su seguridad, cuando está difundiendo información incómoda a intereses públicos.
Entonces sí preocupa que ante una sociedad que requiere un fortalecimiento democrático vayan leyes que manden un mensaje negativo, de mejor te callas porque si no te vas a ver ahora inmerso en procedimientos costosos, desgastantes; aparte de los niveles de riesgo físico que ya tienes porque no se ha garantizado y son un fracaso los mecanismos de resguardo a la integridad de periodistas para que ejerzan la libertad de expresión.
P: Doctora, ¿qué momento vive en este instante la iniciativa de matrimonio igualitario? ¿Cuáles son los riesgos de que esto no pudiera ser una realidad para nuestra ciudadanía?
PGG: Bueno, el tema de matrimonios igualitarios vemos que indistintamente que lo presenta al Presidente de la República su propio partido no la hizo suya como parte de la agenda legislativa. Hay muchos pendientes en materia legislativa. Ya vimos que salió ahora la controvertida Ley de Víctimas. La estamos analizando para ver qué alcances tiene. Sigue sin salir la Ley de Desaparición Forzada y la Ley de Tortura, que están en debates, pero que tenían que salir desde febrero de este año; y vemos estas otras iniciativas como la del matrimonio igualitario que lo único que despiertan son retrocesos, situaciones donde entran nuevos debates que ya creíamos superados y que no corresponden a la realidad de lo que ya marca la Constitución: la no discriminación. Ninguna libertad de culto está por encima del derecho a la dignidad de las personas, de tal suerte que se puede equilibrar que si bien tienen el derecho a su libertad religiosa, también se tiene el derecho a no ser excluido en ninguna normatividad por ningún tipo de preferencia o situación.
En la Ciudad de México esto es un derecho vigente. Estamos muy atentos a los debates en la Constitución local, porque sabemos que ya se están presentando iniciativas regresivas y hay que tener mucho cuidado que ya son derechos vigentes. No entendemos una Constitución en la Ciudad que en vez de reconocer lo que ya se conquistó, empiece a poner principios que sean regresivos o que nieguen derechos ya vigentes.
Y también estamos muy atentos a qué debe ser una Defensoría del Pueblo o una Comisión de Derechos Humanos. No queremos que judicialicen las Recomendaciones. Nos van a llevar a un camino donde la víctima es la que va a perder. No queremos que en su momento haya un desfase en lo implica la propia forma de creación de la Comisión. Las Comisiones no son defensorías de oficio. Eso tiene que manejarse en el Poder Judicial o a través de mecanismos que tenga la defensoría de la propia Consejería Jurídica.
Nos quieren dar atribuciones que de dárnoslas desvirtuarían la naturaleza. En el mundo no existen Comisiones o Defensorías del Pueblo que sean defensorías de oficio para llevar trámites. Nos convierten en juez y parte. Estamos, y ya lo presentamos institucionalmente desde el jueves pasado, la propuesta del análisis que hacemos de esa propuesta del Jefe de Gobierno que si bien tiene avances, también tiene preocupaciones que ya señalamos con base en los Principios de París, que es lo que marca cualquier configuración de organismos de derechos humanos; y en las formas en que, aunque sea una buena intención, de nueva cuenta, hay que anticipar los escenarios donde esas buenas intenciones lejos de fortalecer pueden descomponer o debilitar las figuras del Ombudsman en nuestro país.
No es menor, lo estamos atendiendo. Nos estamos acercando. Estamos viendo en qué momento es oportuno y la apertura que tenga la propia Asamblea Constituyente para hacerle valer estos argumentos, para que en su autonomía los puedan valorar; pero sobre todo entiendan que como Comisión sí estamos muy atentos a que ni en el catálogo de derechos, ni en la propia configuración de la Comisión, haya retrocesos. Ni un paso atrás en la materia y tenemos como candado el propio mandato Constitucional federal.
Muchas gracias.
