Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 031/2016
26 de octubre de 2016
Pregunta (P): ¿Qué opinión tiene respecto de que la Delegación Cuauhtémoc acaba de anunciar hace unos momentos que ya no van a llevar a cabo operativos en contra de las poblaciones callejeras?, sino que van a dejar esta responsabilidad a ustedes y a la Secretaría de Gobierno.
Doctora Perla Gómez Gallardo (PGG): Pues excelente, nada más que revise el Protocolo de Atención Interinstitucional donde son autoridad corresponsable junto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de IASIS y el DIF. ¿Qué es lo que nos preocupa?, que no se lleven a cabo operativos sin que se lleve con este Protocolo. El Protocolo claramente establece cómo se deben de articular las autoridades, cómo la Comisión puede observar y cómo se tiene que hacer de manera diferenciada sin criminalizar y viendo toda la complejidad que implica el uso del espacio público por este tipo de población.
Se hizo la solicitud el día de ayer a la Secretaría de Gobierno, con copia al propio Delegado, para que fuera llamado a una mesa de trabajo, el 20 de octubre justo se instauró, porque este Protocolo es vigente desde el 16 de junio, se instauró la mesa institucional donde no acudió algún representante de la Delegación. El día de ayer la Comisión pidió que la Secretaría de Gobierno, en uso de sus atribuciones, la citara para que se puedan articular, y en el caso de la Comisión no podemos participar y no nos lo solicitó en el operativo anterior la Delegación para operativos que no se lleven a cabo con un Protocolo que evite violaciones a los derechos humanos. Esperaríamos que más bien considere que conozcan, porque se ha hecho la difusión y es público el Protocolo de Atención Interinstitucional, y que más bien lo vean con la mejor ruta para atender este problema que no es menor, porque lleva más de 25 años en la Ciudad.
P: ¿Pero el Protocolo ya funciona con cada una de las 16 delegaciones?, porque se supone que se tenían que crear oficinas específicas para esto.
PGG: En este caso el Protocolo inició ya con la promulgación el 16 de junio; el 20 de octubre se hizo ya la mesa de trabajo con diversas delegaciones, acudieron por lo menos seis titulares en esa reunión de la semana pasada. Lo que estamos esperando es que se sigan coordinando y que cualquier operativo tiene que haber concurrencia de autoridades, IASIS, DIF, la propia Delegación, observadores de la propia Comisión y también Sociedad Civil, y ahí podemos hacer justo esta articulación para que se atienda de la mejor manera.
Nadie está en contra de que la autoridad lleve a cabo acciones que beneficien tanto a la comunidad como a estas personas en situación de vulnerabilidad, pero ya hay ruta, lo único que exhortamos es revisen el protocolo, coordínense como instancias, y entonces la Comisión podrá acompañar. De lo contrario más bien estamos documentando y estamos muy preocupados de que se quiera descalificar el trabajo de organizaciones históricas que son solidarias, legítimas y comprometidas con el tema; por ahí no va la situación, es que se les permita trabajar, es que se permitan coordinar las autoridades y la Comisión observando como nos corresponde en este Protocolo.
P: ¿Entonces no es cierto que les hayan pedido apoyo? Y, por otra parte, la Directora de Jurídico y de Gobierno acaba de asegurar que ustedes tienen la intención de regresar a estas personas en situación de calle a La Ciudadela junto a la Secretaría de Gobierno. ¿Esto es cierto?
PGG: Aquí miren, con toda claridad, nosotros lo que hemos hecho de manera puntual, es que cuando tuvimos la alerta documentamos la queja, tenemos tanto a las personas que sufrieron la afectación como de Sociedad Civil que nos lo reportó, mandamos medidas precautorias que no fueron atendidas, no se nos solicitó porque tenemos un enlace directo con la propia Delegación para llevar a cabo estas acciones. El requerimiento, insisto, es atiendan el Protocolo, revísenlo, propongan si hay algo que incluso se tiene que mejorar, porque esa es la primera ruta, la siguiente es una ley que requiera ya para que vincule a las autoridades, y otra incluso viene en la propuesta de Constitución por grupos vulnerables.
Entonces en este caso no hay una cuestión de que la Comisión pretenda otra cosa más que se respeten los derechos de los grupos vulnerables, no se descalifique el trabajo de instituciones históricas como Édnica y Caracol que han hecho congruentemente un ejercicio en favor de las poblaciones en situación de calle y que se entienda que el fenómeno es complejo, no es de criminalización, no es de descalificación, no nos puede llevar a limpieza social, es un fenómeno histórico de 25 años, hay niñas y niños naciendo en la calle, hay personas que salen de violencia intrafamiliar, hay personas que pierden su trabajo, sí hay personas que pueden tener adicción; es un fenómeno complejo y por eso el Protocolo propicia la coordinación de autoridades.
El exhorto a la Delegación, en uso de sus atribuciones, porque en el Protocolo es autoridad corresponsable, es que se coordine; en la mejor coordinación todo mundo participa y entonces se puede atender de mejor manera y rendir esta transparencia a la sociedad que también está preocupada por el tema.
P: ¿Y sí hay intenciones de devolver la población callejera a La Ciudadela?
PGG: En este caso no es de devolver o regresar o no, en este caso es de documentar, estamos revisando, vamos a emitir una Recomendación de diversos casos que actualmente tenemos en la propia Comisión, pero la intención es ya atender de manera integral, no sólo con el Protocolo sino con la ley y que sí lo sepan, la Comisión va a ser una institución incómoda para cualquier autoridad que quiera violar a un grupo vulnerable porque es un grupo más sensible, es un grupo que no tiene ni derecho a la identidad, ni derecho a la salud, ni derecho a la educación y que tiene una historia de vida que es diferenciada.
Usemos el Protocolo, démosle la oportunidad de ver cómo articular a las autoridades, pero esta Comisión estará observando y, por supuesto, ya solicitamos se deslinden las responsabilidades de las imágenes y videos que estamos documentando de las acciones que llevaron a cabo por parte de la Delegación.
P: En otro tema Doctora, esta Ley de Amnistía que está intentando subir a pleno MORENA; tenemos entendido que el dictamen estuvo revisado por ustedes, hicieron algunas recomendaciones, observaciones y demás, sin embargo, desde la Consejería Jurídica se dice que es anticonstitucional. ¿Qué puede responder?
PGG: Nosotros en cuanto a las solicitudes que nos hace la Asamblea siempre las atendemos de manera institucional; mandamos efectivamente observaciones, sí es importante que quede claro qué rol quieren que se juegue dentro de lo que implica esta ley, pero nos preocupa más, y lo señalaba ahora en la defensa del presupuesto, el hecho de que está pendiente y se ha señalado en más de seis Recomendaciones por parte de la Comisión la derogación de los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública; uno de ellos ya fue incluso declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Ambos delitos están documentados por la Comisión que se utilizan justo para criminalizar la protesta social, no quiere decir que no existan otras figuras para cualquier persona que cometa una infracción.
No estamos propiciando impunidad pero tampoco el que haya desproporcionalidad en la forma en que se castiga a una persona que puede estar en el espacio público ejerciendo su libertad de expresión y manifestación, eso bajo los estándares; y también, muy preocupante, estamos siguiendo el debate de la ley de réplica, eso puede ser censura previa. Cuidado compañeras y compañeros comunicadores, no permitan que un criterio de la Corte, no permitan una ley vigente que permita que incluso ante cualquier oportunidad de figuras públicas se los pueda llamar a juicio por la ley de réplica. Esa Ley de Réplica es inconvencional, vamos a alertar al Relator de Libertad de Expresión de la propia Comisión Interamericana para que se pronuncie, la Comisión también va a señalar directamente, porque ya lo hemos dicho desde que se promulgó administrativamente, y ahora el criterio de la Corte, queriendo quitar que ante acciones inexactas o cuestiones de datos eso no sea ya relevante, cualquier periodista o comunicador en México puede ser sujeto a juicio, eso se llama acoso judicial.
Cuidado, no puede haber un criterio así, es inconvencional, es contrario a la libertad de expresión, igual que los dos delitos que necesitan derogarse en esta Ciudad, para que no se use para criminalizar la protesta social.
P: Regresando rápidamente al tema de Cuauhtémoc, dice se alista una Recomendación con otros casos, ¿cuántos casos similares tienen ustedes documentados?
PGG: Cincuenta y siete casos totalmente diferenciados de diversas autoridades, en diversos momentos. Lo estamos haciendo integral. Esta se suma, esta última acción que llevó a cabo la Delegación se suma a la documentación y revisión que estamos haciendo; pero sobre todo es: ya detengamos las acciones que no estén coordinadas cuando ya existe un protocolo. Nos llevó meses de trabajo que se coordinaran las autoridades. En 25 años no existía un lineamiento así. Es una base, usémosla, valídenla, critíquenla, bienvenida las cosas que puedan operativisarse, pero no se dejen de articular las autoridades. Una Delegación no puede ir sola. El propio Gobierno no puede ir sólo.
La Comisión no va a avalar ni acompañar operativos que no vayan con una visión de derechos humanos integral; y tampoco es confrontar a los vecinos contra personas en situación de calle. Es sensibilizar que son personas con historias de vida compleja y que merecen también un reconocimiento porque son un grupo vulnerable.
Entonces en ese sentido es el exhorto que ya se le hizo al señor Delegado, que pueda revisar el protocolo, que se pueda reunir con las propias autorices centrales y que se haga una corresponsabilidad como está establecido ahí mismo.
P: ¿Cincuenta y siete en qué lapso de tiempo?
PGG: Todas son 2016. No sé si recuerdan que se hizo un pronunciamiento en la Comisión, con gusto se los compartimos, donde veíamos ya con preocupación que se quisiera conflictuar en el espacio público a vecinas y vecinos con personas en situación de calle, que hubiera esta situaciones de limpieza en la calle Artículo 123. Todo esto ya lo integramos. Se está documentando. Hay de todos los casos; desde un derecho a la salud, el tema de criminalización, el tema de derechos a utilizar el espacio público. No es delincuente el que está en el espacio público. Hay historia de vida diferenciada. 25 años en que no se había atendido integralmente. Es la primera vez que un gobierno lo hace. Permitan las delegaciones en coordinación con lo central, porque ahí encarecen justo el costo de cualquier omisión. Esa es la parte que queremos que se valide: que la autoridad coordinada atienda un problema complejo; que las vecinas y los vecinos tenga la sensibilidad. Entendemos que están preocupados, entendemos que el uso de esos espacios genera en un momento dado conflictos. Veámoslo de una visión de derechos humanos armónico, de respeto, de tolerancia, de dignidad. Estas personas no están ahí porque quieran. Hay historias de vida. Démosle la oportunidad d entender esto, de revisarlo de manera diferenciada y cada autoridad, eso sí, que haga lo que le corresponde, porque es responsabilidad por omisión el no atender también esta población; y el llegar a acuerdos con diálogo, respetando sus derechos y hay vías.
No estamos innovando, son cosas de buenas prácticas internacionales que queremos que se apliquen ahora en la Ciudad.
P: Y este señalamiento de que están infiltrados los campamentos de personas indigentes, Doctora, por el crimen, por delincuentes, por narcomenudistas, de trata de personas. ¿Qué le puede responder al Delegado Monreal?
PGG: De nueva cuenta; son cuestiones que si la autoridad se coordina y aplica tanto operativos de revisión, tanto del DIF, del IASIS, de Seguridad, se puede diferenciar cada caso. No generalicemos. Estar en la calle no implica automáticamente ser criminal. Estar en la calle, perdón, a veces utilizan la monaporque no tienen alimento. ¿Narcomenudeo? Cuidado, no criminalicemos a las personas, cada caso es diferente, se documente diferente, que cada autoridad haga lo que le corresponda y que haya un debido proceso, presunción de inocencia y revisión integral del caso. No prejuzguemos, eso sería muy irresponsable, pero tampoco va a ser la justificación para que esa sea la base de una limpieza social.
Sí vamos a estar muy pendientes pero hay una ruta. Lo que sí queremos exhortar es que use la ruta, está vigente. Ya no es de que haya omisión, ya es que hay una forma de atender este fenómeno. Veámoslo, visibilicémoslo, acompañen justo de ver cómo se está haciendo este ejercicio del protocolo, porque ahí va a haber claridad para la sociedad para que no haya este conflicto entre personas.
P: ¿En caso de que no se apeguen a este protocolo cuál va ser la siguiente acción de parte de la Comisión?
PGG: La Comisión de entrada ya está documentando cualquier situación que hubiera de alguna afectación de las personas en situación de calle por la autoridad. Se emitiría en su momento Recomendación de los cincuenta y tantos casos que tenemos, no sólo de este último; y estaríamos también haciendo vista para que se deslinden las responsabilidades. Tal cual y en función de la documentación que tengamos, los testimonios de las personas que padecieron el operativo, pero lo más importante: que no haya otro operativo desarticulado porque de nueva cuenta se pueden generar nuevas afectaciones.
Hay ruta, usémosla todos y la Comisión estará observando el cumplimiento para validar justo este instrumento.
P: Para terminar, Doctora, respecto de la Ley de Amnistía, estos chicos acusados de incendiar el Metrobús, de incendiar un árbol de navidad en Reforma, casos similares por los que está ya incluso sentenciados, ¿es aplicable esta Ley de Amnistía como lo está pidiendo MORENA?
PGG: Bueno, ahí hay que revisar qué se lleva a cabo, porque cuando hicieron con nosotros las consultas se manejaron para detenciones arbitrarias, ver si hay alguna violación o no al debido proceso y se llevaron sus causas. ¿Qué sí nos preocupa? La desproporcionalidad de la pena. No se vale que un joven que incendió un Metrobús tenga 34 años de cárcel. Por supuesto puede tener una responsabilidad. Pero en una sociedad democrática condenar a alguien por un tipo de delito agravándoselo también es inhibitorio de la libertad de expresión y manifestación. No estoy diciendo impunidad, insisto, pero sí debe de haber candados desde la Asamblea de derogar esos artículos que justo se usan para incrementarles las penas.
Distinto es que ante una presunción de inocencia, un debido proceso y todo lo que se canaliza en una sociedad democrática, cada quien responda de alguna afectación a terceros. Pero no criminalicemos el ejercicio del espacio público también porque estos dos delitos sí se han utilizado históricamente para ello. Tenemos plenamente documentado y por eso pedimos su derogación. Ya la ley o no que empiecen con la derogación, porque esa es que la que está vigente y esa es la que se sigue utilizando. De esa ya requerirá la soberanía de la propia Asamblea que se revise, pero también mucho cuidado de qué implicaciones tiene, qué roles juega cada persona y qué facultades tendría cada quien.
Nosotros no nos podemos pronunciar respecto a la Soberanía, si es válido o no, ese ya será un tema que debatirán hacia el interior. Sí mandamos observaciones que esperamos puedan atender, al momento que puedan hacer sus debates pero, insisto, seis Recomendaciones siguen vigentes y esos son los delitos que realmente están utilizándose actualmente, para criminalizar a los jóvenes y para darles sentencias desproporcionadas.
P: ¿Cuántas personas podrían ser beneficiadas, Doctora? ¿Serían más de 500, como dice MORENA?
PGG: Ahí tendrían que verificarse: qué lapso quieren aplicar, qué situaciones; eso la verdad sí ya tendría que verse hasta el día del debate, que ya se lleve aquí mismo en la Asamblea, en los Transitorios y en la aplicabilidad.
P: Hablaba que de 45% de las Recomendaciones no se están acatando, ¿quiénes son las instancias o los órganos que no lo están haciendo? Yo lo desconozco, ¿lo van a publicar?
PGG: Ah, mire, hay una situación en cuanto a materia de Recomendaciones: se pidió por parte de la Asamblea una auditoría, qué bueno, porque vamos a rendir cuentas ante una tercera instancia, no necesariamente de lo que la Comisión nos corresponde, porque a nosotros que nos cumplan o no, no está en nuestra cancha, pero sí rendir cuentas de cómo nos cumplen o no. Históricamente son temas de la Secretaría de Seguridad Pública, son temas de Procuraduría, son temas que en su momento lo que queremos es ver cómo se hace la ruta de atención para las víctimas, porque lo que no se vale es que se diga que por falta de presupuesto es justo por lo cual no se está cumpliendo. Ese ya no es argumento; se puede re direccionar el presupuesto y, perdón: violar derechos humanos cuesta; no quieren pagar, no violen, o sea, eso lo hemos dicho reiteradamente. Lo vamos a visibilizar, ustedes lo pueden consultar en nuestro portal, hay un índice de cumplimiento de Recomendaciones para que ustedes vean directamente quién es quién.
Sí hay Recomendaciones en Seguimiento, 12 años de omisión y es una gran oportunidad en la Constitución para que desde ahí, Juicio Político, se cite, porque no se cita aquí en la Asamblea, hay una omisión de actualización de su Ley, o multas para los que no estén llevando a cabo su cumplimiento en materia de derechos humanos. De lo contrario, lo decía sabiamente el Diputado de la Comisión de Derechos Humanos, pues es llamado a misa; no puede ser de esa manera, ya tiene que haber candados y hay buenas prácticas que nos permitirán hacerlo.
Gracias.
