viernes , 31 marzo 2023

La impunidad y la corrupción impiden el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia

Boletín 211/2016
17 de octubre de 2016

  • Durante el Panel “El reto de los derechos humanos y el combate a la impunidad”, las y los defensores de derechos humanos reflexionaron sobre su papel para revertir la crisis actual en la materia.

En el marco del 11º. Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), que se lleva a cabo en Morelia, Michoacán, las y los defensores de derechos humanos hicieron un llamado urgente para combatir la impunidad y la corrupción que permea a nuestra sociedad y que obstaculiza el avance de los derechos humanos.

Durante el panel “El reto de los derechos humanos y el combate a la impunidad”, la Maestra Rosío Arroyo Casanova, Directora Ejecutiva de Educación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en representación de la Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez Gallardo, aseveró que la prevalencia de la impunidad en México es alarmante, por lo que desde la Comisión capitalina se han hecho constantes pronunciamientos en favor de la justicia efectiva, sobre todo otorgando visibilidad a las víctimas.

Al dejar claro que la impunidad y la corrupción son un asunto de derechos humanos, enfatizó que también son causantes de una multitud de males que aquejan a la sociedad, impidiendo el  ejercicio de los derechos y acceder a una justicia efectiva. “Se podría decir –indicó- que el Estado sería responsable de una violación de derechos humanos por la prevalencia sistemática de la corrupción y la impunidad si se demuestra que sus acciones y omisiones no se ajustan a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

La funcionaria de la CDHDF hizo un llamado a todas y todos los actores involucrados en el combate a la impunidad y la corrupción, para alcanzar la debida justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez de ofrecer la total disposición para colaborar con las instancias y los Organismos Públicos Autónomos con el fin de alcanzar las necesarias condiciones de justicia y respeto de los derechos humanos de nuestro país.

En tanto, el Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PDH-UNAM), Doctor Luis de la Barreda Solórzano, sostuvo que las Comisiones de Derechos Humanos deben ser absolutamente autónomas y no pueden dejarse guiar por sugerencias o consignas de la autoridad, partidos políticos o grupos de presión.

Explicó que es necesario que tengan suficiencia presupuestaria para llevar a cabo sus tareas y contar con un alto nivel de profesionalismo. En este sentido, dijo que es indispensable estudiar los expedientes con esmero, rigor y escrúpulo para que los asuntos investigados sean resueltos en poco tiempo en beneficio de las víctimas o personas peticionarias.

Luis de la Barreda enfatizó que si la autoridad no hace caso, las Comisiones de Derechos Humanos deben de poner todo su prestigio y autoridad moral para presionarla, a fin de que cumpla con las Recomendaciones que se le dirijan.

Subrayó que también deben luchar porque ningún caso de tortura, de detención ilegal, maltrato a personas en situación de reclusión o arbitrariedad de alguna persona servidora pública, quede impune.

Por otra parte, el Director General de Vinculación Institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maestro Marco Alejandro Hernández Legaspi, al hablar sobre el Estado de Derecho expuso que se debe tener como premisa la defensa de la dignidad humana, a través del ejercicio de los derechos.

Aseveró que entre las grandes transformaciones en nuestro país está la creación de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), así como las Reformas Constitucionales en materia penal, de amparo, de reconocimiento de acciones colectivas y también en derechos humanos.

Sostuvo que los OPDH, al cumplir adecuadamente con sus funciones, combaten a la impunidad porque pretenden que las autoridades se rijan y actúen de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales.

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