Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 162/2016
2 de septiembre de 2016
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, alertó sobre la urgencia de establecer un criterio claro de actualización normativa para que en todo el país haya leyes homologadas de Responsabilidad Civil para Defensa del Honor, Vida Privada y Propia Imagen que equilibre y que no privilegien el lucro legal ni plazos judiciales amplios, como forma indirecta de ataque contra la libertad de expresión.
Al participar en el Seminario Sobre Violencia y Paz, “Demandas Contra los Periodistas, el Uso de las Leyes contra la Libertad de Expresión”, organizado en el Colegio de México (COLMEX), la Ombudsperson consideró necesario fortalecer el ejercicio periodístico como fundamento de la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos.
Gómez Gallardo dijo que con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la necesaria revisión de los Códigos de Procedimientos Civiles sobre la simplificación de plazos, porque permiten alargar tiempos de litigios contra periodistas, son sutiles formas que utilizan figuras públicas para inhibir la libertad de expresión con la persecución legal a comunicadores.
Ante los académicos Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, la Doctora Gómez Gallardo, expuso que la situación que vivimos no es alentadora, por ello es fundamental seguir los casos de persecución periodística y no dejar de visibilizarlos, atenderlos, y encarecer el costo sobre los criterios legales que se utilizan para atenderlos y ahora con la base de la Reforma del 2011, se abre un escenario totalmente distinto al que se tenía antes, donde sí se pueden hacer valer los estándares internacionales y donde es una mayor exigencia a la SCJN de que fijen estos criterios en beneficio de la libertad de expresión.
“Sí hay condiciones, y será una cuestión de sistematizar los antecedentes positivos, muchos de estos casos fueron absueltos para las y los periodistas que fueron demandados, pero sigue siendo este otro factor perverso el quitarles el tiempo a quienes se atrevieron a hacer periodismo valiente”, subrayó.
En este Seminario, Édison Lanza, Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que la censura y el ataque a la libertad de expresión a través de judicializar el ejercicio periodístico mediante demandas civiles es alarmante porque a la fecha hay registrados 10 casos de demandas que atacan e inhiben el ejercicio periodístico porque todas involucran trabajos de escrutinio público sobre el manejo de recursos de ambas direcciones, hacia lo público y hacia lo privado.
Comentó que la fórmula es clara, grupos de poder político y económico se han encontrado en vericuetos legales con demandas civiles contra ellos y no contra los medios, la forma de amedrentar a los comunicadores que se atreven a difundir, opinar y dar a conocer hechos, acciones o actividades, que les generan condiciones benéficas en materia económica y política, pero que rayan en la ilegalidad por la forma en que las operan y que al darse a conocer trastocan sus beneficios, ejercicio de gobierno o probidad en la gestión pública.
Por ello llamó a establecer salvaguardas en el ejercicio de la comunicación porque más vale rayar en el exceso de la libertad de expresión que caer en cualquier forma de censura, porque entonces no puede hablarse de democracia plena.
La CIDH exige el mayor espacio de apertura a la libertad de expresión para que funcione plenamente la democracia y la pluralidad, por lo que todo aquel funcionario o empleado público debe ser sujeto del escrutinio responsable sobre el desarrollo de sus funciones y sus relaciones con y entre particulares, sentenció.
El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH), Jan Jarab, exhortó a México a revisar las condiciones legales y formales del ejercicio periodístico. Debe desaparecer el delito de injuria, calumnia, difamación, entre otras figuras anacrónicas que están vigentes en legislaciones estatales.
La periodista Carmen Aristegui llamó a visibilizar total y plenamente la judicialización de la tarea periodística con una alerta y alarma a la sociedad, porque se está gestando un elemento contrario a la consolidación de la democracia y prácticamente genera la mayor presión de grupos de poder tanto político como económico para gestar la censura sutil pero efectiva.
Habló sobre el caso particular del reportaje “La Casa Blanca” que a su juicio y después de todas las apreciaciones jurídicas y morales al respecto, generó un flagrante caso de censura sobre la libertad de expresión.
Destacó que ella y su equipo de periodistas no aceptan cortapisas, condiciones humillantes e indignas para el ejercicio periodístico, porque lo han basado sobre la lógica de la rigurosidad investigativa y en caso contrario no hubieran presentado los elementos a la opinión pública, lo que les valió un despido, litigio y luego un aparato jurídico-legal sobre el desarrollo de su trabajo que se soporta con el peso del poder tanto público como privado.
Ana Cristina Ruelas, Directora Regional para América Latina y México de Artículo 19, informó que el uso de las leyes para restringir la libertad de expresión ha sido recurrente. Hay 10 casos en los últimos dos años que políticos, funcionarios y empresarios tratan de acallar voces que denuncian o exponen irregularidades en la vida pública.
A su vez Perseo Quiroz, representante de Amnistía Internacional en México, comentó que es preciso revisar la legislación en la materia porque no solo la demanda penal puede tener efecto en el trabajo periodístico, sino que las demandas civiles pueden impactar de igual forma el ejercicio de la comunicación.
En tanto, Jorge Fernando Negrete, de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI), propuso repensar el ejercicio y marco del derecho a la información y libertad de expresión buscando consensos sociales y visibilizar el daño que se hace a la democracia con la censura y persecución a comunicadores.
A su vez Mariclaire Acosta, representante de Freedom House, enfatizó que, de acuerdo con los informes mundiales que elabora su organización, en el caso de México se ha detectado un sistemático ataque a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos a través de campañas de desprestigio.
Daniela Pastrana, Directora Ejecutiva de Periodistas a Pie, urgió a la sociedad a que se empodere para que se logre mayor incidencia en la defensa de la libertad de expresión, porque ahora se busca reducir y acallar las voces críticas que señalan corrupción e impunidad. Hay leyes de avanzada, indicó, pero no se cumplen y ni se hacen cumplir, lo que impide avanzar como país hacia la democracia deliberativa y participativa.
Finalmente Pilar Tavera, Directora de Propuesta Cívica urgió a establecer una red de protección a los periodistas de forma real, concreta y de apoyo jurídico porque el Estado no protege a los periodistas, soslaya cuando son atacados o agredidos, además de que su misma actividad la usa para atacarlos legalmente. Nunca, dijo, una investigación periodística documentada, puede sustituir a una investigación judicial, porque los alcances son distintos y eso es parte de lo que no quiere entender la autoridad en el país.
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