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Estado Mexicano tiene la obligación de adoptar medidas para garantizar el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Boletín 169/2016
14 de septiembre de 2016

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es imprescindible que en la Ciudad de México se reflexione en torno a los Derechos a la alimentación, a la educación, a un medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda digna y a los Derechos laborales, con la finalidad de hacerlos exigibles y justiciables para todas las personas, con base en los principios de no discriminación y de protección igualitaria.

Así lo señaló la Directora Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la CDHDF, Rosío Arroyo Casanova, al inaugurar el Foro Justiciabilidad y Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Ante representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), academia, servidoras y servidores públicos y población en general interesada en el tema, advirtió que entre las tareas de este Organismo está la de fomentar espacios de participación social que permitan poner a los DESCA en la agenda local y nacional.

“La Recomendación 7/2016 es única en su tipo, al tratar sobre omisiones en la recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como en la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan estas actividades”, subrayó.

Y explicó que de acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), es obligación del Estado mexicano adoptar todas las medidas legislativas, judiciales, educativas, de política pública y de toda índole, así como destinar la mayor cantidad de recursos disponibles para lograr el respeto, protección y ejercicio de estos derechos.

El PIDESC, agregó, entró en vigor en México en 1981, involucrando a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es aplicable a los ámbitos local, estatal y federal, con el objetivo de impulsar procesos de reflexión para entender, conocer, promover y difundir los DESCA.

Al desarrollar el tema “Delimitación conceptual de los DESCA”, la Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, A.C., Melissa Vértiz Hernández, dijo que en la capital del país se violenta continuamente el Derecho a la Ciudad, pues se privilegia el interés económico por encima de las personas.

Y es que, explicó, el derecho al agua, a la vivienda, a la educación y a la salud no son servicios, aunque ninguno sea totalmente gratuito e incluso estén condicionados al derecho a tener un empleo formal que brinde la seguridad social.

Adelantó que varias OSC preparan ya un informe sombra para presentarlo de manera paralela al del Estado mexicano ante el Comité PIDESC de Naciones Unidas, en 2017. En dicho informe sombra destacarán la imposibilidad de hablar de una democracia verdadera ante la persistencia de condiciones de marginación, pobreza y desigualdad en el país.

Durante la mesa “Concepto, características, situación y protección en México del derecho a la salud”, la Subdirectora de Programas Prioritarios y Evaluación de Riesgos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), Doctora Perla Ríos, subrayó que la salud debe ser vista como un “pre-requisito para la buena gobernanza, la estabilidad social y el desarrollo sostenible”.

Al respecto, señaló, es necesaria la aplicación de un programa sectorial de salud, cuya estrategia transversal sea la perspectiva de género para alcanzar la meta de un México incluyente en la materia.

Como muestra de los avances en el país presentó un análisis comparativo sobre acceso y servicios de salud en México, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) −2002 a 2013−, el cual señala importantes mejoras de los indicadores en mortalidad infantil y materna, así como del uso de anticonceptivos, lo que podría ser una respuesta a la implementación del Seguro Popular a nivel nacional.

Al abordar el tema  “El carácter programático de los derechos sociales”, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TEDF), Armando Hernández Cruz, hizo un exhorto a las y los asistentes al Foro para conocer que existen más derechos de los que nombra la Constitución, en aras de hacerlos no sólo exigibles, sino justiciables.

La Reforma Constitucional de 2011, indicó, volvió justiciable la serie de derechos colectivos que integran los DESCA, lo cual debe ser visto como una oportunidad para exigir su garantía ante el Estado.

“El Estado debe normativizar los derechos (creación de leyes específicas), generar planes, programas y políticas públicas en la materia, crear instancias que garanticen el desarrollo de los derechos, destinar el presupuesto para su cumplimiento y realizar acciones concretas para satisfacer progresiva y gradualmente los derechos humanos”, concluyó.

A su vez, la Coordinadora del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), AC, Paola Contreras Peña, exhortó al Estado mexicano a ratificar el PIDESC, mecanismo para recibir quejas ciudadanas a violaciones de los DESCA.

“Una forma de dar mayor fortaleza a la justiciabilidad nacional de los DESCA es también pugnar porque el país forme parte de este protocolo facultativo”, subrayó.

Al hablar sobre el tema “Retos y avances de la justiciabilidad de los DESCA en México”, señaló como avances significativos las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y de amparo de 2011. Identificó como principales retos el conocer los contenidos de los derechos para hacerlos exigibles y capacitar a las y los jueces para resolver conflictos relativos a los DESCA.

El Foro Justiciabilidad y Exigibilidad de los DESCA estuvo dirigido a personas servidoras públicas  de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Desarrollo Social y de Salud capitalinas, así como del Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro), principalmente, que ya han participado previamente con la CDHDF en procesos educativos y de sensibilización en derechos humanos.

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