Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 183/2016
27 de septiembre de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y reconoce los avances logrados en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México, en particular el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en un entorno libre de violencia y de discriminación.
En ese propósito, exhorta también a las autoridades y a la sociedad en general, a seguir trabajando en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sustentados en el marco jurídico internacional de derechos humanos, lo mismo que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad local.
Cabe recordar que, en la Ciudad de México, a partir del 26 de abril de 2007, se lograron avances fundamentales, mediante reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho que tienen las mujeres para interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Dichas reformas colocan a la Ciudad de México a la vanguardia a nivel nacional y regional en Latinoamérica, donde las mujeres continúan enfrentando obstáculos para el ejercicio de sus derechos reproductivos y a ser criminalizadas por la práctica del aborto.
De acuerdo con cifras del Instituto de Mujeres del Distrito Federal (INMUJERESDF), en la Ciudad de México, de abril de 2007 al 24 de agosto pasado, 117 mil 392 mujeres han sido atendidas en los servicios de ILE y en la defensa y promoción de sus derechos reproductivos.
El 28 de septiembre fue establecido como Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, durante el V Encuentro Feminista, realizado en San Bernardo, Argentina, en 1990, donde el tema central fue el derecho de interrupción seguro y como parte de un movimiento por la salud se lanzó la campaña 28 de septiembre: Aborto legal para no morir.
En 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, y en laPlataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó la penalización del aborto como una restricción de los derechos humanos de las mujeres y se buscó centrar como tema de análisis los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
Ya en 2013, en el marco del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, se hizo hincapié en “eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, […] para prevenir y evitar el aborto inseguro”, específicamente en América Latina.
Pese a estos mandatos, el acceso a los servicios de salud es deficiente e insuficiente y las mujeres que deciden abortar, siguen muriendo diariamente en condiciones de insalubridad. Sólo en algunos países se reconoce este derecho en situaciones específicas, como en caso de violación, cuando representa un riesgo para la salud o la vida de la mujer, y por malformaciones congénitas.
La negación de los derechos de las mujeres en países como Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Surinam y Nicaragua, llega al punto de penalizar el aborto, aún en los casos de violación, contribuyendo al incremento de embarazos no deseados y a la mortandad durante la práctica de abortos clandestinos.
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