Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 178/2016
25 de septiembre de 2016
• Exhorta a la sociedad a continuar con su permanente solidaridad con las víctimas y sus familiares, en un caso en el que siguen en espera del acceso a la verdad y la justicia.
A dos años de ocurridos los hechos que derivaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta y manifiesta su profunda preocupación ante la falta de resultados concretos de la investigación oficial.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la República (PGR), presentado el 7 de noviembre de 2014, los normalistas fueron asesinados por el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, en el basurero de Cocula; posteriormente sus restos fueron quemados y depositados en bolsas para ser arrojados al río San Juan, según la declaración de los detenidos que confesaron haber cometido el crimen.
Ante la gravedad del asunto, en noviembre de 2014 se firmó un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos. A la par, se delinearon las actividades principales a desarrollar por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellas la elaboración de planes para la búsqueda con vida de las personas desaparecidas, el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y el análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De manera constante, el GIEI daba reportes de avances en las instalaciones de la CDHDF, y el 6 de septiembre de 2015 y el 24 de abril de 2016 fueron presentados en la Ciudad de México el Primero y Segundo Informes, respectivamente, del GIEI. Ambos mostraron pruebas científicas que contradicen la versión presentada como verdad histórica por la PGR, sustentan su propia hipótesis y aportan nueva evidencia, ofreciendo nuevas líneas de investigación y expresando Recomendaciones.
Por otro lado, el pasado 29 de julio, la CIDH aprobó el Mecanismo Especial de Seguimiento a las Medidas Cautelares, que dará continuidad a las recomendaciones del GIEI (integrado por dos asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva para recopilar información y documentación del caso). En coordinación con el Estado, realizarán visitas a México con la frecuencia y por el tiempo que consideren necesario.
Para la CDHDF, el impacto negativo en la estructura del sistema político, económico y social del país se acentúa en la medida en que no hay resultados concretos y confiables de la investigación, no se sabe el paradero o destino de los estudiantes y los autores materiales e intelectuales no reciben la sanción correspondiente.
Se agrava además la situación de riesgo para madres y padres de los estudiantes, así como para quienes acompañan su lucha: defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, organizaciones y colectivos, a través de campañas de descalificación, desprestigio y amenazas.
En tal contexto, la democracia se debilita ante este precedente de impunidad, desconfianza en las instituciones e ingobernabilidad, que abonan a la grave crisis en materia de derechos humanos en el país, como ya se ha señalado en distintas ocasiones por la CIDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por tanto, a dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la CDHDF manifiesta su profunda preocupación por la falta de acceso a la verdad y la justicia que prevalece en el caso, misma que va en detrimento de los derechos humanos de las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto.
La CDHDF acompaña desde hace dos años, cada veintiséis de mes las movilizaciones y acciones de exigencia e indignación por estos lamentables hechos. Lo continuará haciendo también en las manifestaciones que se llevarán a cabo mañana 26 de septiembre.
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