Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 153/2016
27 de agosto de 2016
• La Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez, se reunirá con autoridades responsables de la regulación de esta actividad para explicarles los alcances de la Recomendación 10/2016.
• La Recomendación insta a las delegaciones a no criminalizar al comercio informal, sino a regularlo y ordenarlo para brindar certeza jurídicas a quienes lo ejercen.
• Para su elaboración, la CDHDF retomó la Recomendación de ONU-Hábitat en el sentido de que mejorar las condiciones de mercados informales incrementa la actividad económica de los barrios.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez, solicitó a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México convoque espacios de encuentro entre delegaciones políticas, vecinas y vecinos, así como los sectores del comercio en la Ciudad de México, para propiciar una solución con visión de derechos humanos al fenómeno del comercio informal, como es el espíritu de la Recomendación 10/2016 que emitió el pasado 19 de agosto.
Con esta finalidad, la Ombudsperson sostendrá encuentros con las autoridades de las ocho Delegaciones Políticas consideradas en la citada Recomendación (Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco), para explicarles los alcances de dicho instrumento, previo a que le den su respuesta oficial.
El pasado 19 de agosto, la CDHDF emitió la Recomendación 10/2016 dirigida a las demarcaciones antes mencionadas por 20 casos vinculados a 28 expedientes de queja, los cuales se registraron en esta Comisión del año 2008 a 2016. Dicho instrumento destaca la responsabilidad que han tenido esas ocho delegaciones por la omisión de ejercer sus obligaciones para brindar certeza jurídica a las personas que ejercen el comercio informal en el espacio público y de garantizar un nivel de vida adecuado de personas vecinas y transeúntes.
Las quejas relacionadas con los hechos fueron formuladas por personas que tienen sus domicilios o transitan por las inmediaciones de alguna vía pública utilizada y ocupada para llevar a cabo actividades de oferta y demanda de diversos productos, así como por algunas que son integrantes de organizaciones de comercio informal.
Durante la investigación y documentación de los hechos, este Organismo requirió información a diversas autoridades -entre ellas a los órganos políticos administrativos a quienes se dirigió la Recomendación- quienes aportaron datos de cada uno de los casos y acudieron a los lugares en acompañamiento de personal de esta Comisión.
Toda la evidencia recabada fue valorada junto con la aportada por las propias personas peticionarias y agraviadas, y se encuentra en los anexos que forman parte del documento.
Es importante precisar que la CDHDF reconoce en la Recomendación 10/2016 que el comercio informal en el espacio público es un fenómeno complejo en el que convergen factores como el desempleo, la falta de oportunidades educativas, la marginación, el alto costo del crédito para instalar un negocio propio, entre muchas otras causas que explican su origen y desbordamiento.
Por ello, se destaca la necesidad de no criminalizar la actividad comercial informal, sino de regularla y ordenarla, con la finalidad de permitir que quienes se dedican a ejercerla tengan certeza respecto de sus derechos y obligaciones. Asimismo, la CDHDF enfatiza en la Recomendación 10/2016 qué autoridades son las responsables de generar acciones para mitigar los impactos generados a las personas que habitan y transitan en las zonas donde se desarrollan actividades comerciales de esa naturaleza.
Para la elaboración de la Recomendación 10/2016, la Comisión retomó lo dicho por la oficina ONU-Hábitat, en el año 2014, la cual expuso en su Informe sobre “Planeamiento Urbano para Autoridades Locales” que mejorar las condiciones de los mercados informales puede incrementar la actividad económica de los barrios.
El Informe agrega que ello será posible si se mejoran las condiciones materiales e inmateriales en que se lleva a cabo el comercio en el espacio público y se promueve que los oferentes sean capaces de desarrollar sus negocios, lo que redundará en un incremento del valor económico, social y cultural del área. La mejora de estos núcleos de actividad es un catalizador del crecimiento y un paso firme hacia la consolidación del Derecho a la Ciudad.
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