Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Discurso 30/2016
15 de julio de 2016
Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Agradecemos que hayan acudido a esta convocatoria para hacer del conocimiento de la sociedad, la emisión de la Recomendación 7/2016.
Se encuentran conmigo la Tercera Visitadora General, maestra Yolanda Ramírez Hernández; el Quinto Visitador General, maestro Horacio Toledo Martínez, así como la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, licenciada María José López Lugo.
A continuación, me permito dar lectura al contenido de la Recomendación 7/2016 por omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como en la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan esas actividades; la cual fue notificada el día de ayer a 18 autoridades: las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y Servicios; así como a las 16 Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, en su calidad de autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado y al trabajo digno; y a dos autoridades en calidad de colaboradoras, que son las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo, así como a la de Finanzas.
Las violaciones a derechos humanos acreditadas por este Organismo en la Recomendación 7/2016, corresponden a 10 expedientes de queja; seis de ellos investigados y documentados por la Tercera Visitaduría General, y cuatro por la Quinta Visitaduría General.
Este documento recomendatorio tiene como origen el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, sitio en el que eran depositados los residuos generados por las y los habitantes de la Ciudad de México, y de los municipios conurbados del Estado de México. Lo anterior, también provocó un cambio trascendente en la forma y el modo en el que se manejaban hasta entonces los residuos sólidos de la Ciudad de México. Producto de esos cambios, fue la implementación de la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, que comenzó a efectuarse desde las fuentes de generación en empresas, escuelas, mercados, centros de abasto, unidades habitacionales y hogares; la coordinación institucional para atender el tema; el perfeccionamiento de la normatividad en la materia, así como la preselección de materiales susceptibles de ser comercializados en lugares estratégicos, como las llamadas plantas de selección.
No obstante, la clausura del Bordo, también promovió el traslado de las actividades de preselección al espacio público, actividad que, anteriormente, ocurría casi exclusivamente dentro del tiradero y a la vista de unas cuantas personas, lo que ha hecho evidente el trabajo informal que se desarrolla en torno a los residuos y a la prestación del servicio público de limpia.
Es importante precisar que, en ejercicio de las atribuciones y facultades de este Organismo, durante la investigación y documentación de los expedientes de queja vinculados el presente instrumento recomendatorio, se solicitó información a las diversas autoridades, entre ellas, a los 16 órganos Político Administrativos de la Ciudad de México. Sin embargo, las Delegaciones Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan no atendieron los requerimientos que se les formularon, por lo que de conformidad con el artículo 38 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, este Organismo tuvo por ciertos los hechos y hace un exhorto para que se atiendan en tiempo y forma las solicitudes que formule este Organismo Público Autónomo, para atender con oportunidad las quejas.
De la evidencia recabada durante la investigación que realizó esta Comisión, se acreditó que la separación de residuos sólidos urbanos en la vía pública, genera impactos a las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, se identificó que, pese al arduo trabajo de sensibilización que realizaron autoridades de esta Ciudad,-previa a la clausura del Bordo, en años recientes ha habido retrocesos, ya que existen acumulaciones de residuos en sitios no aptos para su adecuado depósito; bolsas o montones de basura de diversos tamaños sobre camellones, áreas verdes, avenidas, bajo puentes, a lado de mobiliario urbano colocado en parques, o frente a letreros oficiales que expresamente prohíben el tiro de residuos.
Asimismo, se documentó que la separación de residuos sin adecuada infraestructura para su acopio, traslado y disposición final, así como el escaso mantenimiento de la misma, ha provocado el incremento de malos olores, lo que afecta la calidad del aire. Por otra parte, la logística del acopio en barrios y colonias, la descarga en las estaciones de transferencia y el traslado a los múltiples sitios de disposición final ubicados en el Estado de México y Morelos, impactó en las dinámicas preestablecidas por los prestadores del servicio de limpia y en el tiempo que debe invertirse para resolver cada una de las etapas del manejo.
Este Organismo Público Autónomo considera que, como parte de la atención a los Derechos a un Medio Ambiente Sano y a un Nivel de Vida Adecuado, es de suma importancia reflexionar y hacer cálculos precisos sobre el gasto energético que implica el traslado de residuos urbanos de un sitio a otro, básicamente porque los presupuestos que se ejercen en el servicio de limpia tienen relación directa con la compra de diésel como parte importante de la cadena del manejo integral de los residuos: recoger, trasladar y disponer para ser transformada, tratada o desechada definitivamente.
Se debe considerar que estos gastos de energía contaminan el agua, el aire y el suelo, y ponen en entredicho la eficacia y eficiencia de una política de manejo integral de residuos sólidos que pretenda garantizar el Derecho de las personas a tener un Medio Ambiente Sano.
Igualmente, es necesario fortalecer la infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México, manteniéndola en condiciones óptimas y con ello minimizar los impactos negativos que producen, como son los olores desagradables, la escorrentía de líquidos abrasivos, ácidos o grasos que dañan la infraestructura hidráulica y vial, la emisión de polvos con sustancias tóxicas o bacterias que pueden afectar la salud. Las personas, en general, manifiestan rechazo a cohabitar con las instalaciones que forman parte de algún tramo del manejo de residuos, indispensables para proveer el servicio de limpia por ser sitios con inadecuado aseo donde proliferan plagas, se despiden malos olores, y en algunos casos, existe un incremento en el tránsito, etcétera.
Estructurar una política pública integral con enfoque de derechos humanos, en la cual el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano sea el tema central, debería considerar que la cadena de residuos, desde su generación hasta la disposición final, tiene una estrecha vinculación con un territorio (calle, colonia, barrio, pueblo o ciudad) y su entorno natural con procesos ecológicos que proveen bienes y servicios para las personas.
Este Organismo se ha pronunciado por el Derecho a un Medio Ambiente Sano en los Informes especiales sobre la violación al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado por el deterioro y desaparición del suelo de conservación del Distrito Federal (2005), y el derecho humano a un medio ambiente sano en materia de calidad del aire en el Distrito Federal (2008); así como en las Recomendaciones 5/2010, 19/2012, 1/2013 y 13/2013, las cuales están enfocadas a preservar, proteger y mejorar el medio ambiente en la Ciudad de México.
Ésta última, particularizó el tema de manejo de residuos en la Delegación La Magdalena Contreras, misma que ha mejorado su servicio de limpia en algunos aspectos, motivo por el cual este instrumento recomendatorio contiene sólo ciertos puntos dirigidos para dicho órgano político-administrativo, en comparación con las otras demarcaciones territoriales.
En las Recomendaciones mencionadas, este Organismo Público Autónomo ha sostenido que, sin la conservación adecuada del medio ambiente se trastocan condiciones básicas para la sobrevivencia, el desarrollo pleno, la vida digna y la convivencia pacífica de las sociedades, ya que con el deterioro ambiental se afectan otros derechos de igual importancia: el Derecho al Agua, a la Salud, el Nivel de Vida Adecuado, entre otros.
Además, se advirtieron las condiciones en las que las personas realizan trabajo formal o informal en el sistema de recolección de residuos, de allí que se determinara vincular a esta documentación, peticiones realizadas por personas trabajadoras. Se identificó población de hombres y mujeres que se adhieren al trabajo de la recolección y de la selección de residuos sólidos sin que sus derechos laborales sean garantizados, realizando un servicio para las personas que habitamos y transitamos en esta Ciudad. Se necesita visibilizar el estado de sub-empleo, vulnerabilidad y marginación al que pertenecen las personas que barren la calle, retiran los residuos, realizan la preselección en el vehículo que recolecta los residuos de la colonia o la pepena en las plantas de reciclaje.
Para esta Comisión, no pasa desapercibido que las personas trabajadoras voluntarias y quienes realizan la actividad de selección de manera informal, es decir, los pepenadores, se hacen visibles en la ley sólo para establecer su concepto. Sin embargo, de manera aparentemente contradictoria, en el Programa Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Federal, instrumento rector de la política pública en la materia, se reconoce la importancia de generar acuerdos con los gremios.
Por otra parte, las personas recolectoras con carritos y carretillas deben entregar parte de sus propinas para que los operadores de los camiones de recolección estén dispuestos a llevarse sus cargas; al mismo tiempo, si realizan una preselección de materiales, deben entregarlos para que sean comercializados en las redes establecidas por los operarios o agentes encargados de esto.
En el mismo sentido, la preselección que se efectúa en las unidades, camiones delegacionales del servicio de limpia, se comercializa mediante los canales informales de compra y venta de materiales, cuyo acopio y traslado se realiza con recursos públicos y no está contabilizado.
Es evidente que, en la economía informal, el vacío de derechos es especialmente grave, según se deduce de los informes globales elaborados en virtud del seguimiento de la Declaración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Las y los trabajadores en la economía informal no suelen disfrutar de la libertad de asociación o del derecho a sindicarse y a negociar colectivamente.
Aunque las personas trabajadoras voluntarias no tienen reconocidos los derechos antes mencionados, son señaladas por la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, como ayudantes que garantizan que el servicio público de limpia sea ofrecido. Por tanto, preocupa a esta Comisión que el Estado mexicano no haya ratificado los Convenios de la OIT No. 81, sobre la Inspección del Trabajo; No. 98, sobre el Derecho de Sindicación y de negociación colectiva; No. 18, sobre las Enfermedades Profesionales; y No. 148, sobre el Medio Ambiente de Trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones); así como la omisión del Convenio No. 155, sobre Seguridad y Salud de los trabajadores.
La ganancia de las personas trabajadoras voluntarias está sujeta a las gratificaciones y a la cantidad de materiales que acopian para su venta, así como al precio de venta que establezca. Estas particularidades, propician que se dé prioridad a la recolección en sitios “rentables” y a brindar el servicio a las personas que mejor pagan.
Para esta Comisión, es indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México establezca medidas afirmativas que tiendan al reconocimiento social de las personas que, de manera voluntaria, realizan las funciones del Estado respecto del servicio público de limpia, y que esas acciones estén encaminadas a reducir sus condiciones de vulnerabilidad, a través de la generación de mecanismos legales, financieros, de seguridad social, subsidios, becas o ayudas financieras, apoyo económico, capacitación para el trabajo o de otra índole, para regular paulatinamente su participación en el manejo integral de los residuos sólidos, desarrollando un marco normativo facilitador, que reconozca formalmente a las personas voluntarias.
Estas medidas también deben garantizar una actuación activa y decidida por parte de las autoridades delegacionales, quienes deberán diseñar e implementar programas de recolección selectiva, de acopio y separación, que involucren al conjunto de la población y a los actores específicos del reciclaje; erradicar los tiraderos clandestinos y que se mejoren sus condiciones de trabajo y de calidad de vida, integrándolos a un sistema formal de recolección y reciclaje que cree y fortalezca las aéreas de gestión integral de residuos urbanos.
El trabajo que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México en materia de residuos sólidos desde hace una década ha sido notable; sin embargo, aún no ha dado los resultados esperados, es decir, no se ha disminuido la generación de desechos, ni tampoco ha logrado impedir la disposición inadecuada que garantice la protección al medio ambiente.
Al respecto, la SEMARNAT en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos observó que, debido a que se ha dejado de lado las acciones de prevención de generación y tratamiento, se hacen necesarias políticas, tanto para minimizar la generación de residuos, como para reciclar y reutilizarlos.
No pasa desapercibido para esta Comisión que, al día de hoy, se tiene un incumplimiento respecto a la emisión del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito Federal, cuya última publicación fue el 13 de septiembre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Si bien el 21 de junio de 2016 fue publicado en dicho órgano informativo el Aviso por el cual se da a conocer el periodo de consulta pública sobre el Proyecto del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020, cuya convocatoria fue cerrada el 7 de julio del presente año, el Programa lleva un desfase de revisión, actualización y publicación de un año No obstante, la consulta puede representar un avance en el procedimiento de emisión para su posterior implementación.
Con relación a los contenidos desarrollados en la propuesta de actualización del Programa de Gestión, es indispensable recuperar que se centra en algunas de las preocupaciones que se abordan en esta Recomendación, como son el reforzamiento y promoción de una cultura ciudadana que contribuya a la reducción y re-uso de los materiales que consume; la responsabilidad compartida del sector servicio, comercio y establecimientos mercantiles para que presenten sus planes de manejo e involucren la minimización de sus residuos; la coordinación interinstitucional, y un fortalecimiento de su esquema de vigilancia y supervisión; o el mejoramiento de la infraestructura de acopio, selección y transferencia.
Sin embargo, el Proyecto del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Ciudad de México 2016-2020 adolece del reconocimiento explícito de los trabajadores voluntarios y pepenadores que, como ya se ha mencionado, son fundamentales en la provisión del servicio público de limpia de la Ciudad de México. Dicha omisión dificultará la iniciativa de permitir que, paulatinamente, estos trabajadores informales puedan ir profesionalizando su actividad, al grado de facilitar su inserción al mercado laboral y su promoción con miras a la consolidación de cooperativas de corte social.
De hecho, el documento enfatiza la búsqueda de esquemas de participación pública-privada y, en su caso, social; debiendo ser este el objetivo primordial de la introducción de una nueva perspectiva y reconocimiento hacia los sectores que tradicionalmente han sido menos favorecidos.
Adicionalmente, esta Comisión ha podido constatar que la normatividad en materia de medio ambiente y manejo de residuos se aplica parcialmente, y que los problemas sustanciales siguen aún sin resolverse, además de que ha habido un relajamiento en la aplicación del programa.
Las distintas políticas públicas en la materia son indicadores del esfuerzo gubernamental por prever los efectos adversos asociados al cierre del Bordo. Cada una de ellas conforma un compendio de medidas racionales para transitar hacia un esquema de manejo de residuos sólidos urbanos que dependa cada vez menos de un sitio de disposición final, y que permita trascender hacia una cultura de menor generación y mayor reutilización. Sin embargo, en la actualidad esto aún no sucede y los elementos analizados a lo largo de este documento son una aproximación de los avances y retrocesos que las acciones han sufrido en años recientes.
En este escenario, a este Organismo Público Autónomo le preocupa la temporalidad de los acuerdos que permiten que los residuos recolectados en la Ciudad de México terminen en sitios que, tarde o temprano, se saturarán y volverán a ser inservibles, dejando a su paso costos ambientales, económicos y sociales, sin que el Estado atienda de fondo la complejidad de la problemática; ya que la solución de la generación de residuos sólidos en esta ciudad no sólo debe estar sostenida en la intención de crear un centro integral de procesamiento o tratamiento que permitirá la aplicación de diversas tecnologías, como lo proyectan las autoridades actuales.
Por el contrario, el Estado debe centrar sus esfuerzos en una política pública integral que alcance la disminución real de la producción de residuos per cápita, que fortalezca el compromiso de generar mejores estrategias para incidir en las actitudes de consumo, separación y reciclaje de las familias, así como de las personas en general; que mejore las condiciones de seguridad e higiene de las personas con las que se tiene una relación laboral, y que establezca mecanismos eficientes para la prestación del servicio.
Los esfuerzos del Estado deben ir acompañados de obligaciones claras al sector privado, mediante estrategias de disminución de empaques, fomento y uso de materiales de fácil degradación, prohibición y eliminación de empaques altamente contaminantes o de baja eficiencia energética, así como de la generación de incentivos fiscales, promoción de modelos de organización de carácter solidario, entre otros.
El documento busca promover mejores resultados, a través de un total de 224 puntos recomendatorios, generados desde el análisis de las obligaciones que tienen cada una de las autoridades que participan en el Sistema de Recolección de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y con perspectiva de derechos humanos.
Por ello, comprende, entre otros, los siguientes rubros: Acciones para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, entre ellas, identificar a los entes obligados a tener un plan de manejo de residuos, como es el caso de esta Comisión, para cual este Organismo Público Autónomo ha iniciado los trabajos para su elaboración y su posterior registro ante la Secretaría del Medio Ambiente.
Segundo: Acciones de censo y erradicación de tiraderos clandestinos; tercero: Acciones para mitigar los impactos de las personas que habitan en las inmediaciones de las Plantas de Tratamiento y Estaciones de Transferencia; cuarto: Acciones para la dignificación de espacios laborales de trabajo y la atención de la seguridad e higiene en el mismo.
Cinco. Insisto en este punto: la organización presupuestal de las autoridades para su planeación, comenzando su proyección para el 2017, de tal forma que se dé prioridad a la atención de los programas, proyectos, acciones y convenios que aseguren el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos para materializar la progresividad de éstos, de conformidad con la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Insisto en esto, por lo siguiente: muchas de las Recomendaciones que emitimos, la excusa que dicen las autoridades para no cumplir, es no disponer de presupuesto suficiente. Esta Comisión está pidiendo que, de ahora en adelante, cada vez que organicen su presupuesto, con lo disponible prioricen el cumplimiento de derechos humanos; no puede ser ya una excusa para dejar de atender las Recomendaciones. Y será también obligación de la Secretaría de Finanzas revisar, en las áreas de la administración central, que cuando envíen sus presupuestos prioricen los cumplimientos en materia de derechos humanos.
Y sexto: la implementación de acciones afirmativas por parte de las autoridades delegacionales en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para capacitar a las personas que se encuentran en condiciones de informalidad laboral, a fin de que se auto-empleen o integren cooperativas.
Por último, agradezco a las y los Visitadores Adjuntos de la Tercera y Quinta Visitadurías Generales de esta Comisión, quienes fueron las y los encargados de investigar y documentar los expedientes de queja relacionados con el presente documento Recomendatorio; y al personal de las Direcciones Ejecutiva de Vinculación Estratégica y Ejecutiva de Seguimiento, por sus aportaciones para enriquecer el presente documento.
Esta Comisión espera que las autoridades a las que se dirige la presente Recomendación, la acepten y, de ser éste el caso, la cumplan en atención a sus obligaciones de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, como las documentadas en este instrumento. Muchas gracias.
