Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 020/2016
7 de julio de 2016
Pregunta (P): En cuanto a todos estos bloqueos que se están dando últimamente aquí en la Ciudad de México, por una parte, pues tenemos este eterno debate entre los derechos de libre manifestación, pero por otra parte el derecho de movilidad, pero en este caso elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que son los que tienen que regular esto, únicamente se mantienen pues a la expectativa, no intervienen; ¿cuál es la postura de la Comisión en este sentido?
Y la otra, en los últimos días se han tenido agresiones con este tema de violencia de género, se han tenido agresiones a compañeras reporteras por parte de la Policía Preventiva, ¿la Comisión ya tiene conocimiento de esto? y ¿cuál es la postura?
Perla Gómez Gallardo (PGG): Empezaría con lo que nos preocupa más. Efectivamente, condenamos la agresión que se pueda estar haciendo a compañeras y compañeros que, en el ejercicio de su libertad de expresión, estén documentando en el espacio público las acciones de la autoridad, tenemos queja de oficio, estamos ya en contacto con la víctima y estamos ya, como una de las primeras medidas, exigiendo que la Secretaría de Seguridad inicie las investigaciones, deslinde las responsabilidades y castigue a los culpables.
No puede haber en esta Ciudad más que la manifestación clara de que se permita el ejercicio de la libertad de expresión, la documentación ciudadana y que se agrava cuando el que es violentado o violentada es alguien que está ejerciendo su labor de cubrir la fuente y de cubrir justo en esta rendición que hacen de la información en general.
Esta Comisión ha emitido, desde el 2014, más de cinco Recomendaciones en materia de los derechos que se tienen de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión; en todo momento de acompañamiento de las movilizaciones hemos mandado medidas precautorias para que se garantice el ejercicio de las personas que están haciendo su labor periodística. En este caso nos preocupa que se esté llevando a cabo esta situación.
Por supuesto condenamos toda agresión a cualquier persona que esté haciendo un uso de su ejercicio de su labor periodística, tenemos la queja de oficio y estaremos documentando y pronunciándonos al respecto.
No queremos volver a abrir más quejas en temas de detenciones arbitrarias, o en temas donde haya un uso excesivo de la fuerza. Estamos revisando, con parte de la Secretaría de Seguridad y retomando con Sociedad Civil el Protocolo para Uso de la Fuerza en temas de movilizaciones.
El día de hoy estamos muy atentos porque la Corte tiene listada la resolución justo de la Acción que promovió la Comisión y la Comisión Nacional respecto a la Ley de Movilidad. Estamos partiendo de que haya un pronunciamiento de cómo armonizar y equilibrar la libertad de expresión, la libertad de manifestación con el ejercicio de la libertad también de la movilidad. No queremos aspectos regresivos.
En una sociedad democrática, la base es la libertad de expresión, la libertad de manifestación e incluso el derecho a la protesta social. Desde un esquema de derechos humanos, vamos a estar muy atentos a la resolución de la Corte y esperamos no haya retrocesos, no hay pretexto para empezar a tener retrocesos en materia de derechos adquiridos.
Esta Ciudad ha sido histórica en su conquista de legítimos derechos a través de esta manifestación. Es obligación de la autoridad, y estaremos haciendo este ejercicio ahora con Gobierno local, de que propicie condiciones que no afecten a terceros, para que se garantice tanto la libertad de manifestación, y que haya un acercamiento también hacia aquellos empresarios que están teniendo afectaciones para que haya programas y campañas que no generen una situación de confrontación entre particulares. Es responsabilidad de la autoridad. Lo hemos dicho e insistimos: diálogo con Gobierno federal para que se atiendan los problemas que están afectando la cotidianeidad en esta Ciudad. Diálogo, y en el mejor de los casos, mediación, para que existan condiciones y se atiendan los reclamos que se quieran manifestar en este ejercicio por las personas. No puede ser pretexto para empezar a criminalizar la protesta social o a obstaculizar el ejercicio que se ha conquistado en esta Ciudad.
P: Sobre este tema, ¿hay quejas?
PGG: Nosotros hemos enviado las medidas precautorias, en todo momento hemos acompañado incluso en las últimas manifestaciones de fin de semana antepasado, tanto la marcha LGBTTTI, la que se hizo con el movimiento de MORENA, como con los padres de los 43, que no hemos dejado de acompañar en cada uno de los meses que hacen alguna manifestación simbólica, han estado en acompañamiento las y los Visitadores, documentando los casos, y en su momento, ver si hay medidas preventivas; pero lo que nos preocupa es que no queremos tener un esquema donde abramos más quejas sobre temas que ya se venían atendiendo en la Ciudad.
Es un problema que está trastocando la cotidianidad de la Ciudad pero que sólo encuentra solución con autoridades federales. Nosotros estaremos supervisando la actuación de la autoridad local, donde haya concertación, donde haya logística, donde haya información para las personas, para que tengan la menor afectación y campañas, incluso, de atenuación, con la exigencia del Gobierno federal de lo que está impactando, el fenómeno hacia la propia Ciudad que, insisto, no implica que se empiece a restringir este legítimo derecho a la manifestación.
P: Doctora, en el tema de los verificentros, ¿hay denuncias?
PGG: No, no hemos recibido. En este caso tenemos la queja abierta de oficio desde el momento en que empezó el plan de doble No Circula, de ahí hemos solicitado información a diversas instancias de la megalópolis. Hemos enviado información como insumos, pero hay una cuestión muy clara: si es una falta de coordinación entre autoridades, mientras no hay esa coordinación y generen las condiciones para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones, no pueden cargársela a las personas. Sería una violación a un derecho humano de seguridad jurídica. Primero, coordínense, que haya un interés público, que haya transparencia, que haya información de cuáles son los objetivos que se persiguen, en este derecho a un medio ambiente adecuado pero no se puede, bajo una situación donde no hay condiciones para el cumplimiento de una norma que aún no está clara, cargar responsabilidad a las personas que habitan o transiten en la Ciudad. Por eso estamos pidiendo, se revise, incluso, la prórroga, porque se está generando, por esta falta de coordinación, y estamos dando vista a la Comisión Nacional porque, acciones de autoridades federales están trastocando la cotidianidad también del ejercicio que puedan tener personas que habitan y residen en nuestra Ciudad.
Por parte de la Comisión estaremos muy atentos porque no se puede sancionar a alguien, si es la propia autoridad la que, siendo por omisión, no les garantiza la forma del cumplimiento de la Norma. Norma que, a la fecha, no está clara.
P: ¿De cuándo es el recurso de inconstitucionalidad?
PGG: Ya se interpuso desde el momento en que se inició la vigencia de la norma de Movilidad, de ese momento teníamos 30 días para haber hecho la presentación, lo hicimos con oportunidad, fue admitida, se integró en una sola ponencia, tanto lo de la Comisión Nacional como la del Distrito Federal.
Nosotros vamos por dos situaciones: el tema del aviso previo para el cierre de las vialidades y el tema de una probable discriminación por requisitos adicionales que ponían a personas con discapacidad para no acceder a ciertas licencias. Esos son los que nosotros estamos posicionando. La Comisión Nacional también entró al tema de la libertad de expresión, y nosotros pedimos de manera muy enfática, en nuestro recurso, que la Corte se pronuncie por una armonización de derechos que no viole, justo sus ejercicios ni los obstaculice. Es un falso problema decir que un derecho pasa por encima de otro. No se jerarquizan pero, en una sociedad democrática, por supuesto la libertad de manifestación, libertad de expresión y protesta social son la base de la pluralidad. No empecemos con retrocesos. Por eso estamos muy atentos el día de hoy al pronunciamiento que pueda tener la Suprema Corte de Justicia en la materia.
P: ¿Se ha hecho un llamado a los manifestantes?
PGG: Nosotros siempre manejamos un esquema donde, si una persona está postulando una exigencia en la calle, es porque hace falta, tres pasos atrás, que se atiendan sus reclamos, que se generen las mesas de diálogo, que se vean contextos en los cuales se puedan manejar el que no tengan que salir a hacer un reclamo en el espacio público.
Lo importante aquí, desde la visión de derechos humanos, es lo que deje de hacer la autoridad para evitar, justo, que haya una afectación mayor a otras personas. De ahí la importancia de que, el Gobierno local ahora, vea medidas de atenuación a personas empresarias que están sufriendo en este momento pero también, lo hemos hecho de manera reiterada, instancias federales que tiene que estar atendiendo este fenómeno, condenando cualquier acto de violencia, provenga de quien provenga. Lo hemos dicho insistentemente, la violencia no es forma de comunicación ni de exigencia bajo ningún contexto. Pero distinto es, so pretexto de la molestia ante una manifestación, de empezar a regular o tener retrocesos que inhiban un ejercicio legítimo que se ha conquistado en esta ciudad.
Esta Ciudad es referente de la libertad de expresión, movilización y manifestación. No vamos a dar un paso a atrás como Comisión en seguir garantizando este ejercicio. No puede haber ese pretexto y más bien tiene que haber una responsabilidad de los que tienen que propiciar diálogo, mediación y atención, que justo evite que las personas tengan que salir a las calles. Muchas gracias.
