Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 118/2016
7 de julio de 2016
- Exhorta a las autoridades de procuración, administración e impartición de justicia, a actuar con perspectiva de género
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 6/2016 a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, todas de la Ciudad de México, por la violación a los derechos a una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal, en los casos de Clara Tapia Herrera y de Yakiri Rubio, víctimas de violencia de género.
En la Sala de Consejo de la CDHDF, acompañada por la Primera Visitadora, Ibeth Huerta Dávila; el Cuarto Visitador, Antonio Rueda Cabrera; la Directora Ejecutiva de Vinculación Estratégica, Ivette Rosales Morales; y la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, María José López Lugo, la Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez Gallardo, explicó que el instrumento recomendatorio documentó la omisión de investigar y atender de manera oportuna, diligente, integral y con perspectiva de género, la violencia contra las mujeres.
Detalló que se recomendó en calidad de autoridad responsable a la Procuraduría capitalina para que a través de la elaboración de un diagnóstico, se identifiquen necesidades para proceder a la modificación de las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial para que se integre la perspectiva de género; indemnizar de manera integral a las víctimas; proporcionarles tratamiento, así como acompañamiento psicológico; gestionar el acceso a programas sociales para las agraviadas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en favor de las víctimas.
Asimismo, la Presidenta de la CDHDF agregó que al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en su calidad de autoridad colaboradora, se les requirió garantizar que los procesos y procedimientos en materia penal sean juzgados con perspectiva de género.
La Recomendación 6/2016, además de Clara Tapia y de Yakiri Rubio, incluye a 10 víctimas directas y 3 indirectas en ambos casos.
Sobre el tema de violencia de género, mencionó que desde 2008 la Comisión se ha pronunciado en 13 ocasiones, ejemplo de ello son las Recomendaciones 11/2008, emitida en el caso New´s Divine, y 3/2015, relacionada con violencia obstétrica.
En cuanto a quejas relacionadas con violencia familiar, señaló que al 31 de mayo del presente año, la CDHDF ha tramitado 184 expedientes en los que se encuentran como probables personas agraviadas 235 mujeres y 127 hombres; de los cuales, 102 son niñas, niños y adolescentes.
Por lo que respecta a la violencia sexual, se tramitan 135 expedientes, en los que se encuentran como probables personas agraviadas 179 mujeres, 46 hombres; además, en 11 expedientes se refieren a colectivos, es decir, albergues y otros espacios donde convergen personas en condición de vulnerabilidad. “En la suma de estas cifras habría que agregar que 51 de las probables personas agraviadas son menores de edad”, subrayó la Doctora Perla Gómez Gallardo.
Asimismo, expresó la necesidad de que las autoridades de procuración, administración e impartición de justicia, actúen con perspectiva de género para garantizar todos los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente el de una vida libre de violencia.
Aseveró que en la Recomendación 6/2016, la CDHDF documentó que la autoridad responsable cambió la calidad jurídica de las víctimas a la de probables responsables de un delito, usando discrecionalmente el poder punitivo del Estado como una herramienta de perpetuación de la violencia institucional contra las mujeres, niñas y sus familiares.
Este Organismo, añadió, también acreditó violaciones a los derechos a un debido proceso y al acceso a la justicia por el incumplimiento de la autoridad de realizar investigaciones diligentes con perspectiva de género.
Ante ello, la Ombudsperson capitalina exhortó a la Procuraduría local a combatir la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y contribuir en la generación de un sistema de administración y procuración de justicia que incluya la perspectiva de género en su actuar.
Por lo anterior, las autoridades recomendadas “deben adoptar, sin dilación, medidas apropiadas para modificar aquellos instrumentos y prácticas jurídicas que toleran y reproducen la violencia contra las mujeres, con el objeto de garantizarles sus derechos humanos y, por ende, una vida libre de violencia”, concluyó.
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