Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 107/2016
26 de junio de 2016
En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, este 26 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta a todas las autoridades a considerar la implementación de políticas públicas que reduzcan los daños y riesgos por el uso de drogas, así como a proporcionar una atención adecuada a las personas con uso problemático de drogas, garantizando la disponibilidad y acceso a los servicios.
De la misma manera, es necesario orientar las acciones de las autoridades judiciales hacia la persecución de los delitos graves contra la salud; y a proteger a las personas usuarias contra el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias. En este contexto, este Organismo Público Autónomo refrenda su llamado a no criminalizar el uso de drogas porque esta actitud no contribuye a desterrar los estereotipos que fomentan la discriminación y las violaciones a los derechos humanos de las y los usuarios.
En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 42/112 por la que decidió conmemorar el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, con el propósito de estimular la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de las políticas sobre el tema.
La Convención Internacional del Opio, firmada en La Haya, fue el primer esfuerzo internacional para el control de drogas. Posteriormente, nace el sistema internacional de fiscalización de drogas, con la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, su protocolo de modificación de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, cuyo propósito principal es limitar el uso de estupefacientes a fines médicos y científicos, así como encomendar a los Estados la adopción de disposiciones penales para perseguir y castigar toda actividad relacionada con sustancias psicoactivas.
En materia de política de drogas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) publicó su Informe Especial. Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013, con el que busca visibilizar a las personas usuarias como sujetos de derechos, a partir de la concepción de que el consumo es un acto privado amparado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de que su penalización es una injerencia para decidir sobre el propio proyecto de vida.
Desde otra perspectiva, esta Comisión se ha pronunciado en torno al clima de violencia e inseguridad que ha generado la lucha contra el narcotráfico, generada por acciones contrarias a los derechos humanos. Particularmente, en relación con la práctica del arraigo y otros regímenes de excepción aplicables en el marco del combate a la delincuencia organizada.
A través de sus Recomendaciones, esta institución ha expresado su rechazo categórico a la figura jurídica del arraigo, puesto que viola diversos derechos, tanto en su implementación como en la forma en que se lleva a cabo, además de que las personas privadas de la libertad a través del arraigo viven en condiciones de sufrimiento y angustia, y con su práctica se elimina cualquier posibilidad de restituirles el tiempo de vida perdido; lo que es especialmente grave cuando no se acredita su participación en un hecho delictivo, vulnerando con ello también el principio de presunción de inocencia.
Desde esta visión, en los últimos meses la CDHDF participó en las Audiencias Públicas para las alternativas de regulación de la marihuana, convocadas por el Congreso de la Unión y el Segundo foro “Debate nacional sobre el uso de la marihuana” realizado en Ciudad Juárez por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud.
Asimismo, hemos dado seguimiento a las Iniciativas de Reforma a la Ley General de Salud que proponen regular el uso medicinal de la cannabis, por lo que hacemos un llamado al Congreso de la Unión a emitir, de manera pronta, la aprobación de dicha Reforma, toda vez que las Comisiones Unidas de Salud, Gobernación, Derechos Humanos, Estudios Legislativos Segunda, y Seguridad Pública del Senado, lamentablemente decidieron trasladar la discusión del dictamen de la materia para el próximo periodo ordinario de sesiones que dará inicio hasta septiembre, afectando con ello el derecho a la salud de las personas que esperan esta necesaria regulación.
