Boletín 050/2016
5 de abril de 2016
Al continuar los trabajos del Primer Congreso Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, diversos especialistas consideraron que los derechos humanos pueden impulsar políticas públicas, al dimensionar la realidad y precisar las obligaciones del Estado en esta materia.
Durante su participación en el encuentro convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Dr. Simone Cecchini, se pronunció en favor de que los derechos humanos se constituyan en el marco ético para la formulación de políticas públicas, a fin de no dar espacio a la discrecionalidad y hacerlos efectivos.
Al dictar la conferencia magistral “Los indicadores como instrumento esencial para monitoreo de los derechos económicos y sociales”, hizo hincapié en aumentar la participación ciudadana y de grupos sociales en la producción de estadísticas e indicadores, pues los derechos y el desarrollo tienen un fin común: promover el bienestar de las personas.
En tanto, el Dr. Richard Carver, de la Universidad de Oxford, dictó la conferencia “Los indicadores basados en evidencia para la prevención de la tortura”, en la cual expuso una investigación sobre la eficacia de las medidas de prevención de este flagelo en 16 países (entre ellos Argentina, Turquía y Reino Unido), y la virtud de sus mediciones para conocer la incidencia de este delito.
Consideró que para fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura, es necesario unificar las mediciones, clasificaciones y definiciones sobre este delito a nivel internacional; renovar las variables para no tener mediciones imprecisas, y poner en práctica todas las herramientas que desarrollan los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos.
Hasta el momento, precisó Richard Carver, “no podemos decir que la tortura se ha erradicado, pero sí puedo afirmar que hay una tendencia a la baja, lo que es muy alentador para continuar trabajando en herramientas que coadyuven a utilizar los mejores métodos para su erradicación”.
Al respecto, la Dra. Lisa Handley, investigadora independiente quien contribuyó con dicho estudio de Carver, añadió que al hacer un análisis de las variables con las que están trabajando, detectaron que los puntos más vulnerables son las prácticas de detención, el derecho a contar con un abogado y la notificación a la familia en los casos de detención, por lo que instó a trabajar en mecanismos que erradiquen violaciones a derechos humanos en estas tres situaciones.
Durante la ponencia “Indicadores, derechos sociales y exigibilidad”, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, de la Universidad Andina Simón Bolívar, resaltó la importancia de los indicadores de carácter social, y no capital, para los profesionales del Derecho, como una herramienta útil en litigio de derechos humanos, y a quienes instó a sumarse a estas técnicas de investigación al señalar que los indicadores pueden ayudar no sólo a atender los casos consumados sino también a prevenir las violaciones.
Lo anterior, puntualizó, porque los indicadores “dimensionan la realidad, precisan las obligaciones del Estado, ya que atrás de cada número hay un ser humano que sufre, que está padeciendo y, por lo tanto, hay un ser humano al que se le están violando sus derechos y que requiere una mejor condición de vida”.
En su oportunidad, el Dr. Pablo Enrique Yanes Rizo, Coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, dije que, en el contexto de importantes transformaciones jurídicas en México, −como la Reforma Constitucional de 2011 y en vísperas de la elección de una Asamblea Constituyente en la Ciudad de México−, los indicadores de derechos humanos deben asumirse como insumos para elaborar mejores políticas públicas, es decir, una herramienta para cambiar la realidad, cuyo desafío será el avance en políticas que sean realmente universales, interdependientes, indivisibles y progresivas.
En su ponencia “Indicadores, herramienta de monitoreo de avances en materia de derechos humanos”, insistió en la utilidad de los indicadores, tanto para construir escenarios, como para generar señales de alerta y mejorar el diseño e implementación de políticas y programas. No son un fin en sí, sino el medio para alcanzar las mejores prácticas de los gobiernos, concluyó.
La investigadora de la Universidad de Pablo de Olavide, Dra. Mónica Domínguez Serrano, expuso una serie de pasos a seguir para la construcción de indicadores sintéticos, donde menciona la importancia de la decisión del fenómeno a analizar, la selección y análisis de la variable, la ponderación, así como la descomposición la representación y la discusión.
También mencionó cinco tipos de metodologías que se pueden utilizar para indicadores en materia de género: simple, participativa, de distancias, multicriterio y multivariantes. Al respecto enfatizó la importancia de establecer redes multidisciplinarias desde la participación donde los indicadores en derechos humanos funjan como herramientas para lograr un cambio estructural de la sociedad.
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