Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 68/2016
26 de abril de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce la apertura, sensibilidad y disposición al diálogo de las y los legisladores integrantes del Senado de la República durante la discusión y aprobación del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Esta Comisión ha participado, en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la academia, haciendo aportaciones para impulsar el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sentenciadas y en prisión preventiva, así como de grupos de población en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas y niños con sus madres, personas jóvenes, indígenas, con discapacidad psicosocial, entre otras), que deben ser reconocidos de acuerdo a la protección más amplia a favor de esas personas.
Ante la inminente votación durante los próximos días en el Pleno del Senado, del Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la CDHDF considera que las aportaciones que se han realizado pueden abonar a la aprobación de una Ley fortalecida que de forma integral incluya observancia, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, conforme a la experiencia y compromiso de las voces que se han manifestado en torno a ella y que pueda incluir los más altos estándares de protección que en la materia existen.
Con la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal se enriquecerá el cuerpo normativo surgido a partir de las Reformas Constitucionales de 2008 y 2011, lo que constituirá un avance en su operatividad.
Este Organismo Público Autónomo seguirá atento y vigilante de que la legislación a aprobarse garantice la inclusión de todas las personas privadas de la libertad como destinatarias de la ley, sin importar su situación jurídica, sean personas procesadas o sentenciadas y a su vez, sea garante del acceso efectivo a todos los derechos y servicios que contemple esa ley a los grupos en situación de vulnerabilidad y que los mismos estén regidos conforme al reconocimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales a favor de las personas privadas de la libertad, entre otros aspectos, que permitan conformar un sistema garantista basado en una plena y efectiva reinserción social.
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