Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 066/2016
25 de abril de 2016
- A través de mesas de trabajo, se propusieron reformas legales, cambios a conceptos y acciones específicas
Con el fin de analizar la implementación de las Recomendaciones internacionales del Consejo de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos de Naciones Unidas, en la planificación de las políticas, programas y acciones públicas, se realizó una mesa de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En los trabajos también participó personal del Instituto para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (Indepedi) y de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social (Documenta, A.C.).
A través de tres grupos que integraron a servidores públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJySL) y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, entre otros, así como de las instancias convocantes, se analizaron seis de las Recomendaciones que los organismos de Naciones Unidas dirigieron al Estado mexicano durante 2013 y 2014, en materia de procuración y administración de justicia.
Lo anterior, con el fin de observar y hacer cumplir lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, así como en otros instrumentos internacionales.
Las Recomendaciones, que constituyen una guía fundamental para organizar y programar el trabajo del Estado y de la Sociedad Civil, son las siguientes: Tomar medidas para adoptar leyes y política por las que se reemplace el régimen de sustitución en la adopción de decisiones por el apoyo en la toma de decisiones; que respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad; y eliminar las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que sean respetuosas de los Artículos 14 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad que vivan en pobreza o institucionalizadas; impulsar mecanismos de capacitación en operadores judiciales y penitenciarios en concordancia con el paradigma legal de la Convención; y adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los grupos más discriminados de personas con discapacidad puedan también acceder a la justicia.
También se incluye adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el debido proceso legal de las personas con discapacidad en el marco de un procedimiento penal, ya sea en calidad de inculpadas, víctimas o testigos; y desarrollar criterios específicos para brindarles ajustes razonables en dichos procedimientos.
En la inauguración de los trabajos, dieron la bienvenida a las y los participantes la Coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil y Políticas Públicas de la CDHDF, Clara Isabel González Barba; el Director Jurídico del Indepedi, Edgar Téllez Padrón; y la Directora de Documenta, María Sirvent Bravo Ahuja.
