Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 037/2016
11 de marzo de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 2/2016 a la Procuraduría capitalina, como autoridad responsable, por diversos casos de dilación en el acceso a la justicia.
Durante la presentación del documento, la Presidenta de este Organismo, Doctora Perla Gómez Gallardo, enfatizó que es preocupante esta situación porque la CDHDF ha posicionado el tema desde 1993, a través de 27 Recomendaciones.
En tales documentos, añadió, se ponen de manifiesto las violaciones recurrentes a los derechos humanos por irregularidades en la averiguación previa, dilación u omisión para integrar y determinar las indagatorias, así como la negativa de acceso a la justicia en agravio de las víctimas de delitos.
Respecto a la Recomendación 2/2016, explicó que las investigaciones incluyeron 19 expedientes de queja registrados en la CDHDF entre 2009 y 2014. Indicó que están relacionados con el inicio e integración de averiguaciones previas en las que la falta de diligencia y la dilación se tradujo en un impedimento para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de delito y en una revictimización de las mismas.
La Ombudsperson capitalina señaló que los derechos humanos violentados por parte de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fueron:
1) Derecho al debido proceso por falta de determinación adecuada en un plazo razonable
2) Derecho al acceso a la justicia
3) Derecho a un trato digno y la integridad psicoemocional.
La CDHDF, dijo, identificó que en todos los casos, los denunciantes tuvieron participación activa durante el trámite de sus respectivos expedientes, ya sea aportando pruebas para acreditar la probable responsabilidad o dándole seguimiento a las indagatorias.
La Doctora Gómez Gallardo advirtió que los agentes del Ministerio Público de la PGJDF y sus respectivos Oficiales Secretarios, incurrieron en omisiones para tomar medidas para la ubicación, localización y citación a declarar de los probables responsables.
Estas omisiones, apuntó, derivaron también en falta de realización de diligencias tendientes a recabar elementos de prueba, no se solicitaron dictámenes de criminalística, se ejercitó la acción penal indebidamente, se incumplieron disposiciones legales, se incurrieron en errores técnicos, en fallas para dar un seguimiento puntual y oportuno a las indagatorias, entre otras.
Para esta Comisión, remarcó, dichas omisiones contribuyeron a la prolongación o demora injustificada en la investigación de las averiguaciones previas, en una temporalidad que va de los dos y hasta más de 13 años.
En cuanto a la afectación a las víctimas, la Presidenta de la CDHDF observó que las indagatorias no condujeron a la determinación de sanciones y a la reparación del daño, pues, este Organismo confirmó que de las indagatorias: en 6 prescribió la pretensión punitiva; 8 están concluidas por diversas causas; y, 7 aún se encuentran en investigación.
Por estos motivos, la CDHDF dirigió a la PGJDF la Recomendación 2/2016 que consta de siete puntos, entre los que destacan: determinar las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurrieron en dilación, indemnización y tratamiento psicológico a las víctimas y llevar a cabo un acto general de reconocimiento de responsabilidad.
También se le solicita a la Procuraduría capitalina la revisión y modificación de los acuerdos A/010/2009 y A/016/2009 del Procurador, a fin de reforzar las garantías de cumplimiento de los plazos establecidos en los mismos para la realización de diligencias necesarias y sustantivas en plazos razonables.
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