Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 039/2016
21 de marzo de 2016
En diciembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de resaltar la autonomía e independencia de las personas con dicha discapacidad intelectual.
Para conmemorar este día, cada año se designa un tema relacionado con el Síndrome de Down, que en esta ocasión es “Mis amigas y amigos, mi comunidad. Los beneficios de los entornos inclusivos para las niñas y niños del presente y de las personas adultas del mañana”.
El concepto de discapacidad ha atravesado por varios enfoques: exclusión, segregación, integración e inclusión. La inclusión es planteada desde el modelo social de la discapacidad y obliga a que en los distintos entornos: laboral, educativo y social se realicen todos los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan gozar de todos los derechos humanos.
La educación inclusiva es a la que todos los sistemas educativos deben aspirar. No basta con que una escuela acepte en su matrícula a una niña o niño con discapacidad, sino que debe realizar las adecuaciones al inmueble, modificar su método de enseñanza-aprendizaje, los materiales de estudio, sistemas de evaluación y estilo docente, entre otros, para adaptarse a las peculiaridades de cada niña o niño.
En México, las y los niños con discapacidades cognitivas y de comunicación son quienes menos acceden a la educación. El 60.5% de la población con discapacidad intelectual entre 6 a 14 años no sabe leer y escribir, según datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010, cifra relacionada con las barreras impuestas por la sociedad, por la falta de sistemas de apoyos y por la falta de ajustes razonables. El porcentaje se acentúa más en el caso de las mujeres, quienes presentan un analfabetismo más alto que los hombres (28.5% frente a 20.8%, respectivamente).
En 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad llamó al Estado mexicano a reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares.
Además, adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad, prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, sordociegos y de comunidades indígenas; también a implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la lengua de señas.
El 8 de junio de 2015, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, urge al Estado para que a la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos de niñas y niños con discapacidad, asuma plenamente su responsabilidad de garantizar todos los derechos de niñas y niños con discapacidad.
En particular, le pide al Estado mexicano que intensifique sus esfuerzos para establecer un sistema de educación inclusivo para los niños y las niñas en todos los niveles, según lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proporcionando escuelas accesibles y materiales educativos, personal capacitado y transporte, así como establecer un sistema de recopilación de datos desagregados sobre la niñas y niños con discapacidad, que incluya, entre otros, información sobre aquellos que viven en instituciones, que son víctimas de violencia y aquellos matriculados en la educación o en las escuelas.
Pese a que el Gobierno de la Ciudad de México ha tenido avances en la garantía y protección del derecho a una educación inclusiva para las personas con discapacidad como legislar en la materia, aún faltan mecanismos que garanticen su ejercicio y goce.
Por tal motivo, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), urge al Estado mexicano a avanzar en la creación de políticas públicas en materia de educación inclusiva pensadas con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, enfocadas a garantizar no sólo el derecho de las personas con discapacidad a la educación, sino también a que puedan gozar de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones.
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