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Limitado, avance de cumplimiento de la Recomendación 1/2015, emitida por el caso «Omisión de garantizar acceso a la justicia a Jesús Romero Colín»

Boletín 025/2016
15 de febrero de 2016

A casi diez meses de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2015, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del joven Jesús Romero Colín, este Organismo Autónomo expresa su preocupación por el limitado avance en su cumplimiento.

Esta Comisión acreditó que la PGJDF violó a la víctima su derecho de acceso a la justicia, así como sus derechos en calidad de víctima del delito, derivado de la deficiente integración de una indagatoria que data del año 2007, relacionada con los delitos de violación y corrupción de menores en contra de una persona que desempeñaba funciones como sacerdote de la Iglesia católica y que cometió dichos delitos en contra de la víctima cuando era menor de edad.

Como parte del expediente de esta Comisión, se integró la carta que de puño y letra le dirigió el Papa Francisco a la víctima, pidiéndole perdón por los agravios sufridos.

A través de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento (DES), esta Comisión ha realizado diversas acciones para impulsar el cumplimiento de la Recomendación, a efecto de que a Jesús Romero Colín se le garantice el acceso a la justicia, y la reparación del daño.

La PGJDF se entrevistará en breve con la víctima para tratar el tema de la estrategia integral de investigación para el perfeccionamiento legal de la averiguación previa, señalada como prioritaria en el instrumento recomendatorio y que hasta la fecha no se ha logrado concretar con la autoridad responsable.

En relación con la rehabilitación psicológica a la víctima, se recomendó a la PGJDF que garantizara que Jesús Romero recibiera el tratamiento psicológico a su entera satisfacción y en las condiciones en que éste específicamente expuso, para lo cual se emitió un dictamen en el que se determinó la temporalidad y costo aproximado del mismo; sin embargo, la autoridad no ha definido su aceptación para el cumplimiento de ese punto recomendatorio.

Respecto de las investigaciones administrativas y penales de servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos acreditadas en la Recomendación, se abrió un expediente administrativo en la Contraloría Interna de la PGJDF, así como una averiguación previa, contra 15 servidores públicos involucrados; sin embargo, ninguna de las investigaciones ha sido concluida.

Esta institución expresa su preocupación debido a que, a 10 meses de haberse emitido la Recomendación, la víctima aún no recibe la rehabilitación que requiere, ni la procuración de justicia a que tiene derecho, aunque han transcurrido ya más de 8 años desde que se cometieron los delitos en su contra.

La CDHDF continuará con el seguimiento de esta Recomendación, reiterando que en cualquier caso, si las violaciones se continúan aún después de haberse emitido la Recomendación, esta Comisión tiene la facultad de integrar nuevas quejas para actualizar los hechos y la responsabilidad de las y los servidores públicos.

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